Riesgos de trabajo vuelve a la agenda del Senado

El bloque de la mayoría justicialista puso en la agenda del Senado santafesino el proyecto de ley que adhiere a Santa Fe a la Ley Nacional 27.348 sobre Riesgos de Trabajo, de Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART), aprobada hace ya más de tres años, en febrero de 2017.

Se trata de una reforma que logró el gobierno de Mauricio Macri y que, en Santa Fe, el sector empresario reclama desde hace años sin que la Legislatura haya logrado los consensos necesarios para que el tema avance.

El jueves 14 los senadores sesionaron en el recinto de Diputados, debidamente distanciados entre sus 50 bancas y allí el oficialismo y la oposición acordaron tratar de manera preferencial, dentro de dos sesiones, presumiblemente en junio, el mensaje enviado por la Casa Gris.

La preferencia fue propuesta por Armando Traferri (PJ-San Lorenzo), presidente del Bloque “Juan Domingo Perón”.

El 4 de julio del año pasado, en un trámite que sorprendió porque se llevó a cabo sobre tablas y con la Cámara reunida en Comisión, por unanimidad el Senado santafesino le dio media sanción a una norma de adhesión que, sin embargo, perdió estado parlamentario recientemente el 30 de abril porque Diputados no lo trató durante la segunda mitad de 2019 y el Poder Ejecutivo provincial que asumió el 11 de diciembre prefirió no incluirla en el temario de las sesiones extraordinarias.

Aquella media sanción del Senado fue impulsada por el entonces senador por Rosario, Miguel Cappiello, socialista, cuando ya era un hecho que aquel oficialismo transitaba los últimos meses de gobierno del Frente Progresista, Cívico y Social.

Estaba claro que -de prosperar en Diputados- a la norma la terminaría aplicando el actual gobierno peronista. Sin embargo, el justicialismo en la Casa Gris prefirió dejar que el paso del tiempo se encargue de mandar al archivo ese texto y -en su lugar- elaborar el suyo, para lo que contó con una audiencia pública, realizada en el recinto del Senado, el 12 de marzo pasado que contó con la presencia del gobernador Omar Perotti, la vicegobernadora Alejandra Rodenas y dos funcionarios nacionales que vinieron (con los mismos argumentos que antes empleaban los hombres del gabinete del macrismo) a impulsar la adhesión de Santa Fe.

A una semana de que se inicie la cuarentena, las autoridades provinciales prometieron un amplio debate para elaborar un nuevo mensaje durante la mañana y por la tarde se envió a la Legislatura el texto en cuestión.

En aquella jornada hubo un duro contrapunto entre diputados que se oponen a la reforma y los ministro de Trabajo de la Nación, Claudio Moroni y su par santafesino, Roberto Sukerman. La delegación nacional contó con la participación activa del gerente general de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo de la Nación, Marcelo Domínguez, entre otros funcionarios.

En aquella reunión mostraron una posición completamente contraria a la sanción de esa norma en Santa Fe los diputados Matilde Bruera (PJ) y el bloque del Frente Social y Popular.

Críticas desde la UIA

Uno de los vicepresidentes de la Unión Industrial Argentina (UIA) Daniel Funes de Rioja, cuestionó la decisión del Gobierno de suspender los despidos en cuarentena, y a cambio propuso activar un “seguro de desempleo”.

“Prohibir suspensiones y despidos no es el camino. La Argentina tiene que tener un seguro de desempleo. ¿Qué puede hacer un empresario pyme que tiene empleados y está cerrado y si abre no tiene clientes y tiene que afrontar los sueldos y no puede despedir ni suspender?”, se quejó.

A través de un decreto de necesidad y urgencia, el Gobierno prorrogó por 60 días la prohibición de efectuar despidos y aplicar suspensiones, las que sólo se podrán efectivizar si se hacen de mutuo acuerdo entre las partes.

En declaraciones radiales, el dirigente hizo referencia también al acuerdo al que llegaron empresarios y sindicalistas para evitar despidos, en el marco de la cuarentena. “El acuerdo con la CGT no es un acuerdo salarial. Es por la suspensión (de trabajadores) y las suspensiones no tienen contraprestación. El salario es la contraprestación por el trabajo”, puntualizó.

Por otra parte, Funes de Rioja defendió la adhesión de grandes empresas -como Techint- al Programa ATP: “en los países centrales la ayuda la reciben desde los directivos de Lufhtansa hasta la última persona. No sé si Techint recibió dinero para el pago de sueldos”, evaluó.

En ese sentido, expresó: “hay que distinguir la ayuda de salarios de los paquetes de rescate. Los países con espalda más grande están poniendo importantes sumas para reactivar la economía, mejorando la situación de grandes empresas”.