La semana pasada, a la Legislatura ingresaron dieciocho observaciones legales del Tribunal de Cuentas sobre resoluciones ministeriales y decretos del Poder Ejecutivo que -como es habitual- pasaron a la Comisión Bicameral de Control y Revisora de Cuentas.
Entretelones de la política provincial
Tiempos
Filtrado. Mientras se cumple el primer semestre de la nueva gestión provicial, a la Legislatura ingresaron dieciocho observaciones legales del Tribunal de Cuentas sobre resoluciones ministeriales y decretos del Poder Ejecutivo de la gestión anterior...
En la larga lista de expedientes llegados del Tribunal, hay objeciones a imputaciones presupuestarias, conformaciones de tribunales examinadores docentes, aportes no reintegrables, y autorizaciones para el pago de contratos de alquileres prorrogados -por distintas razones-, que hablan de otras tantas gestiones en el ministerio de Educación, la Dirección Provincial de Vialidad, de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo, del Ministerio de Gobierno y del Iapos, entre otros organismos, con un solo denominador en común: todo corresponde a la gestión anterior.
Vale la pena repasar las fechas, como para comprender los tiempos del Estado: en su mayoría son decisorios de octubre y noviembre de 2019, aunque hay algunos de diciembre (incluso del día 10, cuando terminaba el gobierno del Frente Progresista).
Las gestiones del Ejecutivo estuvieron en poder del Tribunal en diciembre de 2019 y sus salas resolvieron sobre ellas, entre fines de febrero y mediados de mayo. Ingresaron -finalmente- al Poder Legislativo en la sesión del 18 de junio pasado del Senado santafesino.
Es cierto que, entre medio, hubo un mes en blanco (en enero el Estado estuvo a puertas cerradas), pero también que pasaron otros cinco para que se mueva la mayoría de esos expedientes.
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