Para el Mosconi, el sector energético va a la quiebra

Un documento con 60 propuestas, elaborado por el Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”, describe en su introducción un crudo panorama sobre el sector, del que dice sin medias tintas que “se encamina globalmente a su propia quiebra”. Y advierte: “Solo un acuerdo amplio y sensato podría salvar al sector energético de ese indeseable final”.

El trabajo pertenece a esa asociación civil, que nació en 1983, y preside Jorge Lapeña, el ex secretario de Energía de la Nación y Subsecretario de Planificación Energética durante el gobierno de Raúl Alfonsín y ex presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica entre 2000 y 2002.

Entre otros corredactores de los apartados del documento se encuentra la ex secretaria de la Energía de Santa Fe, Verónica Geese, durante el gobierno anterior.

Se trata de una síntesis programática que enumera medidas políticas que, en opinión de los autores, es necesario implementar para realizar una reforma integral legal, organizativa, de propiedad, económica, impositiva y estratégica que permita superar la situación actual del sector energético argentino sumido en una profunda crisis estructural de larga data que supera los 4 lustros.

En la introducción se advierte que la propuesta del Mosconi “parte de una base, una afirmación simple: la energía en argentina se encuentra en un estado de crisis estructural profundo cuyas características permiten afirmar que la economía energética está destruida, que las leyes de fondo son obsoletas y no se cumplen, que la organización institucional prevista en la normativa vigente es violada en forma sistémica, que las tarifas y los precios se fijan en forma caprichosa y al margen de la ley”, dice.

Direcciones generales

El trabajo “está inspirado en un concepto rector como es la transición del sector energético”. Se lo define por oposición, al advertir que se buscan condiciones para “una transición ordenada y programada y no una transición caótica (como la de 2001 y 2002) que, en general, van acompañadas con finales no deseados.

Proponemos en definitiva una transición múltiple desde una situación actual insatisfactoria hasta una situación futura deseable”, indica.

Las direcciones generales de esa transición se resumen en la construcción de “una matriz sustentable”, a partir de la productividad, pero “con precios y tarifas para nuestros consumidores”.

Se procura “una transición de las decisiones irracionales hacia la racionalidad”, y finalmente, “una transición moral que nos lleve a un Estado eficaz y eficiente en la toma de decisiones”.

Transiciones

“Argentina -sigue el texto de divulgación que sintetiza una publicación técnica anterior- tiene que ser miembro activo en el esfuerzo mundial colectivo para mitigar y controlar el cambio climático. Esto implica una transición de una matriz de consumo

energética primordialmente carbonosa y fuerte productora de gases de efecto invernadero a una matriz neutra en emisiones en 2050: será no exenta de grandes dificultades políticas y económicas. Esta es la Transición Energética”.

Hoy el país “posee un sector productor de energía de muy baja productividad y de altos costos” y “nuestra gente (consumidores, industria, transporte, agro, exportadores) necesitan precios bajos para ser más competitivos y mejorar sus economías familiares.

Dice que abundan las decisiones tomadas “rápido y mal” como la “centrales nucleares sin estudios, gasoductos licitados sin factibilidad o centrales de carbón sin carbón. Los resultados son muy perjudiciales siempre para el fisco y el consumidor: esta es la transición hacia la racionalidad energética y un mejor Estado”.

“Dejamos para el final la transición indispensable que nos transforme en un país serio y creíble: desde un país al margen de la ley a uno con un Estado eficiente y con una alta moral pública. Quizás este sea el objetivo más importante y a la vez más difícil de alcanzar en los próximos 30 años”, sostiene con más criterio político que técnico el instituto.

Algunas medidas

El documento del Instituto Mosconi contiene propuestas que conforman una política integral para una transición del sector (ver central) que le permita recuperar la razonabilidad y sustentabilidad.

Se exponen solo algunas, de las 60 propuestas para hidrocarburos, sistema eléctrico, precios, tarifas y competencia, regulatorio del gas natural, promoción de biocombustibles y de las energías renovables.

La propuesta advierte que hay concesiones prontas a finalizar, lo que constituye una oportunidad para cambiar objetivos y otras que deberán ser objeto de una renegociación. Por ejemplo, “el contrato de abastecimiento con Bolivia: La agenda de corto plazo marca el vencimiento el próximo 31 de diciembre de 2020 de la adenda 4 firmada en febrero 2019. Debe encararse de manera profesional y anticipada un proceso de renegociación de precios y cantidades”. La cuestión es clave porque (por ejemplo) el desarrollo de gasoducto Gnea tropezó con ese contrato y finalmente no se lo alimenta hoy con gas el país hermano.

El texto pone en la agenda pública asuntos que no se discuten y propone la “Reversión al concedente” (el Estado) de las concesiones de las grandes centrales hidroeléctricas, que “comienzan a vencer a partir del 2023”. “Serán revertidas a las jurisdicciones correspondientes, en función del régimen jurídico

según el cual fueron concesionadas. La Secretaria de Energía “debe comenzar los estudios para auditar el estado actual de los activos, las inversiones realizadas por el concesionario, el plan de inversiones y la gestión de los recursos humanos”.

Plantea eliminar a partir de 2021, “todo tipo de subsidios a la oferta para la producción de gas natural e hidrocarburos líquidos” y sostiene que se debe atar “la producción nacional de hidrocarburos exclusivamente a la demanda interna y los saldos comercializables en el mercado mundial de hidrocarburos de producción nacional”.

Sostiene que para no seguir perjudicando la competitividad de la economía nacional “las refinerías deben fijar sus márgenes de refinación conforme a valores similares vigentes en el mundo” y el Estado suministrar “precios de referencia” para cada uno de los segmentos de producción en esa cadena de valor.

Plantea la discusión de un nueva ley de biocombustibles, a 15 años, para otorgar previsibilidad al sector que mantenga la eximición de impuestos específicos sobre los combustibles líquidos. Y subir el corte obligatorio del diesel con un 15% de biodiesel y de las naftas con igual porcentaje de bioetanol, para llegar al 20% y 27%, respectivamente, para lograr la convergencia con Brasil.