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Sábado 26.09.2020 - Última actualización - 4:29
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Está condenado a ocho años de cárcel

Rafael Correa rechazó el pedido de captura hecho en su contra por la justicia de Ecuador

Las autoridades judiciales ecuatorianas reclamaron la inmediata localización y detención del ex presidente, que reside en Bélgica, para que cumpla condena por corrupción en su país. Él  asegura que el caso de sobornos que le imputan es "un monumental fraude procesal". 

Rafael Correa presidió Ecuador entre los años 2007 y 2017. En 2018 fue condenado por Rafael Correa presidió Ecuador entre los años 2007 y 2017. En 2018 fue condenado por "cohecho pasivo".
Crédito: Archivo

Rafael Correa presidió Ecuador entre los años 2007 y 2017. En 2018 fue condenado por "cohecho pasivo". Crédito: Archivo



Está condenado a ocho años de cárcel Rafael Correa rechazó el pedido de captura hecho en su contra por la justicia de Ecuador Las autoridades judiciales ecuatorianas reclamaron la inmediata localización y detención del ex presidente, que reside en Bélgica, para que cumpla condena por corrupción en su país. Él  asegura que el caso de sobornos que le imputan es "un monumental fraude procesal". 

El ex presidente ecuatoriano Rafael Correa rechazó desde Bruselas, Bélgica, el pedido de captura en su contra emitido por la justicia de su país para que cumpla condena por corrupción y aseguró que el proceso por sobornos es un "monumental fraude procesal". La justicia de Ecuador había solicitado el miércoles la "inmediata localización y captura" de Correa, quien reside en la capital belga, tras haber confirmado una condena a ocho años de cárcel, decisión que implica la inhabilitación del ex mandatario para desempeñar cargos de elección popular.

 

Procesado en ausencia en el llamado "Caso Sobornos", Correa y varios de sus colaboradores fueron acusados de recibir coimas a cambio de contratos con diversas empresas. En una extensa nota, Correa, que gobernó Ecuador desde 2007 a 2017, aseguró "nunca en mi vida he recibido ni permitido un soborno". "Este caso es un monumental fraude procesal que no se podrá sostener en el tiempo", agregó, según lo informó la agencia de noticias AFP, que tuvo acceso a ese texto.

 

En su descargo, el expresidente señaló que ha sido "involucrado por las cosas más inverosímiles en más de treinta investigaciones penales y otras tantas auditorías de contralor", además de asegurar que "en todo el proceso por los sobornos las posibilidades de un juicio justo siempre fueron nulas". Eso ocurre, apuntó, "por oponerse frontalmente al desgobierno de Lenín Moreno", quien fue su vicepresidente y aliado entre 2007 y 2013.  

 

"Proceso de venganza"

 

Por su parte, el abogado de Correa, Christophe Marchand, señaló en otra nota que "no hay una justicia independiente e imparcial para el señor Correa en Ecuador". De acuerdo con Marchand, el actual gobierno de Ecuador "no ha retrocedido ante nada" para evitar que el ex presidente retorne a la política en el país. "Ningún caso de extradición es posible en tales condiciones", aseguró el abogado. A pesar de estas acusaciones judiciales, ratificadas por un tribunal de segunda instancia, Correa registró esta semana vía internet su inscripción como candidato a vicepresidente de la república en las elecciones previstas para febrero próximo, en una fórmula con el economista Andrés Arauz, 

 

No obstante ello, la agrupación también lanzó al periodista Carlos Rabascall como eventual substituto del ex presidente, previendo que esta inscripción será anulada. Correa sostiene que es inocente y que fue vinculado al caso por 6.000 dólares que ingresaron a su cuenta bancaria, que alega eran un préstamo de un fondo de su partido. 

La justicia también dispuso al Ministerio de Finanzas la suspensión del sueldo vitalicio de unos 4.200 dólares mensuales que recibía Correa como ex presidente. El abogado de Correa en Ecuador, Fausto Jarrín, dijo que el ex mandatario se enfrenta a "un proceso de venganza a través de la función judicial". "La sola mención de la posibilidad de que él sea candidato genera este tipo de reacciones en toda la institucionalidad del Estado", definió Jarrín.

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