"La persecución política contra militantes y dirigentes de la experiencia kirchnerista (sic) persiste en la Argentina a pesar del triunfo popular en las últimas elecciones", define una solicitada firmada por dirigentes de la región, miembros del Frente de Todos y funcionarios del Gobierno nacional, para pedir la libertad del ex vicepresidente Amado Boudou.
"Estamos en presencia de una guerra que se despliega a través de medidas judiciales, fabricación de noticias que manipulan la opinión pública y el intento de crear un clima de odio e intolerancia en la población. Es una guerra que, según se va esclareciendo, floreció durante el gobierno de Mauricio Macri bajo la supervisión de varios de sus funcionarios principales, incluido el propio presidente", agrega el documento.
El texto omite considerar que Boudou comenzó a ser enjuiciado cuando (y no obstante) todavía integraba el elenco gubernamental, y lejos de considerarlo un político preso, en la medida en que fue condenado por los tribunales (y con la intervención de más de una docena de magistrados diferentes), lo catalogan como un preso político. Una categoría que le hace arrugar el ceño a Alberto Fernández cada vez que se la mencionan, y lo obligan a ensayar una desganada y siempre patinosa desmentida de que en su propio gobierno existan personas en esa condición.
Conspiración antidemocrática
La solicitada no toma en cuenta ninguna de ambas cuestiones, y reclama "la libertad de Amado Boudou y de todos los presos y presas políticas" para que "en Argentina rija en plenitud la justicia y se respeten los derechos humanos".
También señala que "lo que ahora está ocurriendo con Amado Boudou, es la forma final lograda por una agresiva y virulenta coalición formada por todo tipo de especialistas en la descalificación y destrucción de las experiencias democráticas y populares de Gobierno".
Oponiendo claramente la siempre dinámica voluntad de las urnas al funcionamiento permanente de los órganos del Estado, los firmantes definen a lo sucedido como un episodio de la "guerra judicial" que, según entienden, "hoy es el arma principal de desestabilización de la democracia. La persona de Boudou fue elegida para descargar un castigo ejemplar contra quienes se atreven a enfrentar los injustos privilegios de los que disfruta una facción local históricamente privilegiada, en sociedad con grandes corporaciones locales y extranjeras", arengan.
Entre más de 5 mil firmas, la solicitada lleva la de distintos dirigentes de la región y políticos locales, como Lula da Silva, Evo Morales, Hebe de Bonafini, Jorge Ferraresi, Eduardo Valdés, Luana Volnovich y Eugenio Zaffaroni, gremialistas como Pablo Moyano, Roberto Baradel y Hugo Yasky, ex funcionarios (también procesados) como Ricardo Jaime y Julio De Vido, los periodistas Víctor Hugo Morales, Roberto Navarro y Daniel Tognetti, el humorista Enrique "Dady" Brieva, el escritor Marcelo Figueras, y los artistas Cecilia Roth, Gerardo Romano, Darío Grandinetti, Victoria Onetto, Arturo Bonín, Ana María Picchio, Leonardo Greco, Jean Pierre Noher y Luisa Kuliok.
"La solicitada es para presionar al Presidente que rechaza indultarlo pero dice que no tiene problema en que lo amnistíe el Congreso. En @DiputadosAR no tienen mayoría así que en las elecciones de este año se juega la suerte del plan de impunidad", evaluó el diputado radical Gustavo Menna en una publicación de Twitter y con notable poder de síntesis.
En clave de polarización y grieta, el legislador terminó de asignarle carácter político-electoral a lo que no debería ser otra cosa que una causa judicial, independiente de tales avatares, y argumentó por la negativa: "aquellos que estén de acuerdo con la amnistía a favor de Boudou, el control político del Poder Judicial y el Ministerio Público y la ampliación de la Corte, van a tener a disposición las listas del FdT para votar en las legislativas".
Rossi: "No se puede negar la realidad"
El ministro de Defensa, Agustín Rossi, sostuvo que "no reconocer la importancia" que Cristina Kirchner tiene "en el marco de la coalición" oficialista "es negar la realidad".
"Todas las opiniones de la vicepresidenta son opiniones ponderadas y merece el reconocimiento de quien las emite. Siempre que dice algo, hay especulaciones en uno u otro sentido. No reconocer la importancia que tiene en el marco de la coalición y no reconocer que tiene el derecho legitimo a emitir sus opiniones sobre el escenario político es negar la realidad",
Rossi agregó que "es absolutamente natural que una figura política de la entidad y el liderazgo de Cristina emita las opiniones que quiera emitir en el momento en el que lo considere prudente".
Consultado sobre las diferencias al interior de la coalición oficialista, el funcionario minimizó la trascendencia y dijo que son "habituales" en el marco de las alianzas políticas.
"Somos una coalición al igual que Cambiemos. Cuando hay diferencias entre los dirigentes de Cambiemos también se notan y se tienen en cuenta. Siempre supimos que éramos una coalición integrada por distintos sectores políticos. La unidad en la diversidad con diferencias de matices en el marco de coaliciones son habituales", argumentó.
Rossi negó que hay una sola expresión política en el Gobierno y puso como ejemplo al titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y a una cantidad de gobernadores que no se definen como kirchneristas.
"Cuando construimos el Frente de Todos sabíamos que los kirchneristas íbamos a ser un aporte y que íbamos a convivir con otros sectores que podían tener la misma matriz partidaria pero que en los últimos tiempos hemos tenido caminos distintos. Hasta el 2017 estábamos diferenciados", recordó.