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Domingo 17.01.2021 - Última actualización - 14:49
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Tensiones políticas latentes

A 6 años de la muerte de Nisman

La pregunta fundamental sobre quién disparó la bala letal enfrenta intereses de poder. Es que el fiscal acusó a Cristina por encubrir a los responsables del atentado a la Amia.

 Crédito: Archivo
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Tensiones políticas latentes A 6 años de la muerte de Nisman La pregunta fundamental sobre quién disparó la bala letal enfrenta intereses de poder. Es que el fiscal acusó a Cristina por encubrir a los responsables del atentado a la Amia. La pregunta fundamental sobre quién disparó la bala letal enfrenta intereses de poder. Es que el fiscal acusó a Cristina por encubrir a los responsables del atentado a la Amia.

Al cumplirse este lunes los seis años del fallecimiento del fiscal Alberto Nisman en Puerto Madero, un hecho que generó conmoción en el sistema político y judicial argentino, la muerte del trabajador judicial sigue envuelta bajo un halo de misterio, con distintas hipótesis sobre quién disparó la bala que acabó con su vida.

 

Tras la irregular irrupción en el departamento de Sergio Berni, el cuerpo sin vida fue finalmente hallado por su madre Garfunkel, en la noche del 18 de enero de 2015 en el baño del departamento de Puerto Madero donde vivía el fiscal, unas horas después de que se produjera su fallecimiento.

 

La muerte se produjo el día anterior a la presentación que tenía prevista ante el Congreso nacional para fundamentar su denuncia contra la ex presidenta Cristina Kirchner, contra su canciller Héctor Timerman y otros funcionarios del kirchnerismo por haber promovido una trama de supuesto encubrimiento a los acusados iraníes de perpetrar el atentando a la sede de la AMIA en 1994, mediante la firma de un tratado de Entendimiento con la República Islámica de Irán.

 

 

 

La denuncia de Nisman se basaba en un supuesto pacto secreto con Irán que habría incluido, además de un intercambio comercial de granos argentinos por petróleo, el pedido del Gobierno argentino a Interpol para que cesara las alertas rojas contra los acusados iraníes, y así garantizar su impunidad.

 

El sábado 17 de enero, el día anterior a su muerte, Nisman recibió 40 llamadas telefónicas de las entonces diputadas nacionales del PRO Patricia Bullrich y Laura Alonso, que son las que habían cursado la invitación al fiscal al Congreso para que profundizara el contenido de su denuncia.

 

Esa misma tarde, según constató la investigación, Nisman recibió de manos de su colaborador informático, Diego Lagomarsino, con quien compartía una cuenta bancaria en Estados Unidos, la pistola con la que se efectuó el disparo mortal en la cabeza. El técnico explicaría luego que Nisman no confiaba en su custodia de seguridad, y que por eso le había pedido el arma.

 

A partir del momento del hallazgo del cadáver, que generó movimientos sísmicos en la opinión pública, se abrieron varias hipótesis, que se resumieron básicamente en la teoría del suicidio (ya sea voluntario o inducido) y la del asesinato político, sostenido entre otros por la ex mujer Sandra Arroyo Salgado.

 

Inicialmente el hecho fue investigado como "muerte dudosa", aunque la fiscal Viviana Fein informó que el disparo había sido efectuado "a una distancia no mayor a un centímetro", lo cual la acercaba a la pista del suicidio. Una pericia de la Policía Federal que concluyó en la hipótesis del suicidio, fue desacreditada por otra de Gendarmería que concluyó en asesinato. El 27 de diciembre del año pasado, tras el cambio de Gobierno, la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, anunció su intención de revisar el peritaje realizado por la Gendarmería Nacional que concluyó que Nisman fue asesinado.

 

Los cruces telefónicos posteriores al fallecimiento llevaron a la justicia a convocar a 80 espías para que declaren en la causa. En la lista de esas llamadas están además Oscar Parrilli, titular entonces de la AFI; el actual viceministro de Justicia Juan Martín Mena, el ex jefe del Ejército César Milani y quien fuera titular de la Policía Bonaerense, Hugo Matzkin.

 

Embargos y presunto lavado

 

De acuerdo a los últimos avances de la causa, el 14 de enero, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi ordenó el embargo de los bienes de la familia del fallecido fiscal de la causa AMIA Alberto Nisman y de su asesor informático Diego Lagomarsino, a casi seis años de su muerte a causa de un disparo en la cabeza.

 

La medida fue dictada por el magistrado en diciembre pasado, luego de que la Cámara Federal le ordenara acelerar el curso de la investigación sobre la causa de lavado de dinero que se abrió poco después de que Nisman fuera hallado muerto en su departamento de Puerto Madero, el 18 de enero de 2015.

 

Un mes después de la muerte del fiscal, se conoció que tenía una cuenta bancaria no declarada en los Estados Unidos con 600 mil dólares y su ex pareja, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, le acercó a la Justicia la información que dio lugar al inicio de la causa por lavado de dinero.

 

En ese contexto, Martínez de Giorgi ordenó el embargo de la totalidad de los bienes muebles e inmuebles de la madre de Nisman, Sara Garfunkel; la hermana, Sandra Ruth Nisman; y de Lagomarsino, el único procesado como partícipe necesario del presunto homicidio del fiscal, por haber sido quien le entregó el arma de la que salió el disparo mortal.

 

 

 

El magistrado pidió, además, al Cuerpo de Peritos del Poder Judicial un estudio de la situación patrimonial y la evolución económica de los involucrados en la causa por lavado y el entrecruzamiento de los llamados para determinar si hubo comunicaciones entre todos ellos.

 

La causa por presunto lavado estuvo en un inicio a cargo del juez Rodolfo Canicoba Corral y del fiscal Juan Pedro Zoni, quienes averiguaron que la cuenta en cuestión se encontraba en el banco Merrill Lynch y que fue abierta en 2002 por Sara Garfunkel y Sandra Nisman como titulares.

 

En junio de 2014 se sumó Lagomarsino como titular, mientras que Nisman figuraba como apoderado: la cuenta tenía movimientos por más de 600 mil dólares y estaba asociada a la dirección Franklin Roosevelt al 2700, donde se encuentra el domicilio de la madre del fiscal quien, al igual que su hija y el técnico informático, nunca consignaron en sus declaraciones juradas su existencia.

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El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.
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