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Sábado 17.04.2021 - Última actualización - 12:29
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El caso del fiscal de Venado Tuerto que cayó preso

Aquella sesión que, aún sin consenso, dio en el blanco

En la misma sesión conjunta que se votó por unanimidad la remoción de Gustavo Ponce Asahad como fiscal, otro integrante del MPA fue suspendido por seis meses sin tantas repercusiones. Sobre Mauro Blanco había posiciones muy encontradas en la Legislatura, pero se llegó a la unanimidad. El tiempo les da la razón a los que prefirieron no forzar una votación dividida.

Mauro Blanco, el fiscal detenido.    Crédito: GentilezaMauro Blanco, el fiscal detenido.
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Mauro Blanco, el fiscal detenido. Crédito: Gentileza

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El caso del fiscal de Venado Tuerto que cayó preso Aquella sesión que, aún sin consenso, dio en el blanco En la misma sesión conjunta que se votó por unanimidad la remoción de Gustavo Ponce Asahad como fiscal, otro integrante del MPA fue suspendido por seis meses sin tantas repercusiones. Sobre Mauro Blanco había posiciones muy encontradas en la Legislatura, pero se llegó a la unanimidad. El tiempo les da la razón a los que prefirieron no forzar una votación dividida. En la misma sesión conjunta que se votó por unanimidad la remoción de Gustavo Ponce Asahad como fiscal, otro integrante del MPA fue suspendido por seis meses sin tantas repercusiones. Sobre Mauro Blanco había posiciones muy encontradas en la Legislatura, pero se llegó a la unanimidad. El tiempo les da la razón a los que prefirieron no forzar una votación dividida.

La Casa Gris presionaba y en la Legislatura lo mismo hacían algunos de los legisladores más encumbrados del radicalismo, pero en un sentido casi completamente opuesto. El Ejecutivo reclamaba la remoción del fiscal Mauro Blanco, de Venado Tuerto, y en cambio para varios senadores y diputados radicales era suficiente con alguna sanción disciplinaria que no le quite el cargo.

 

Había un tercer grupo que -con una u otra opinión- buscó alcanzar la unanimidad, para que no haya un resultado en el trámite legislativo que indigne a la sociedad.

 

Discusión y cena

 

Del tema habían hablado en una cena el gobernador Omar Perotti con los senadores del justicialismo. El titular del Poder Ejecutivo le había dado su posición a los por entonces doce integrantes de un único bloque en el peronismo del Senado: votar por la destitución y diferenciarse del Frente Progresista. De ser necesario, votar en minoría y perder para mostrar que el PJ sí quería "ir hasta el hueso". La discusión antes de la cena fue dura y de ella ahora se han acordado varios de sus comensales.

 

Para la segunda mitad del año pasado, en la Legislatura las posiciones estaban divididas y existía el riesgo concreto de que nada se aprobara por los votos requeridos para que ese Poder tome una determinación sobre el fiscal Blanco, acusado entre otros delitos de colaborar con un narcotraficante del sur, del que era su cliente, además de una fuente de información como argumentaba en su defensa.

 

Ahora la justicia provincial ha ordenado su detención y le ha imputado siete causas, entre las que además de esos vínculos con un proveedor de drogas se ha sumado la de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

 

El caso del fiscal Mauro Blanco pudo haber quedado en nada en la sesión conjunta del 22 de octubre de 2020, pero no fue así porque antes hubo en la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa la voluntad política de acordar, además de intentar imponer las posiciones de cada fracción.

 

De la bicameral salió finalmente un dictamen muy discutido pero capaz de ser votado por todos, y así fue.

 

El procedimiento por el que los legisladores pueden destituir, inhabilitar o suspender por un plazo a fiscales y defensores está determinado por la ley 13.695 y mancharlo con un mal empate hubiera significado una derrota para todos. (La Corte tiene en sus manos un fallo de segunda instancia, del fuero laboral, que declaró inconstitucional esa norma que cuestionan los fiscales y los magistrados de Rosario).

 

Según el poroteo en las vísperas de aquella sesión conjunta si de un lado el Ejecutivo y del otro el senador Lisandro Enrico (UCR-General López) seguían tirando, la cuerda se podía romper.

 

Finalmente, los justicialistas aceptaron distender y lo mismo los radicales del NEO encabezados por el diputado Maximiliano Pullaro. Optaron por suspenderlo por medio año, sacarle el sueldo (algo que siempre cae bien en el público) y ver qué haría la justicia. A los senadores del PJ del grupo del NES los convenció Joaquín Gramajo, el miembro acusador, que confiaba en que el caso iba a avanzar en la Justicia y que, más tarde o más temprano, habría otra situación para el remoción que se buscaba en el justicialismo.

 

Exigencias

 

La ley vigente es sumamente exigente para que los legisladores puedan poner a un miembro del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal o del Ministerio Público de la Acusación en apuros o afuera.

 

Sólo pueden hacerlo mediante una mayoría especial y en una Sesión Conjunta (no en una Asamblea Legislativa).

 

En otras palabras, no se trata de la suma de los votos de los 50 diputados y los 19 senadores sino de una votación en un mismo día -con un debate en común- pero con quórum y dos tercios por cada uno de esos cuerpos. Y si en una Cámara no se dan los números necesarios todo se derrumba.

 

Si los senadores radicales por una parte votaban según sus convicciones o compromisos con uno de sus integrantes y si los justicialistas lo hacían de acuerdo con sus opiniones y también en el sentido pedido por la Casa Gris, se iba a un papelón. Habrían perdido los que querían ponerle una simple amonestación sin expulsarlo y los que buscaban echarlo del MPA.

 

Opción

 

Se optó por una suspensión sin goce de sueldo por seis meses y el compromiso de que se avanzará luego de acuerdo con lo que se defina en Tribunales.

 

Hoy está claro que pronto habrá una nueva convocatoria en Acuerdos para avanzar en la dirección en la que inicialmente quería el gobernador: la destitución, pero sin los costos y las repercusiones que hubieran dejado en una situación difícil a los senadores de uno y otro lado, y a la Legislatura.

 

Antecedentes

 

El 22 de octubre de 2020 la Legislatura santafesina destituyó a Gustavo Ponce Asahad como fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y sancionó con 6 meses de suspensión al fiscal Mauro Blanco, sin goce de sueldo.

 

Las miradas estaban puestas en el primer caso, asociado a la causa del juego ilegal y las coimas en el MPA que habían llevado a la renuncia del fiscal regional de Rosario, Patricio Serjal, pero también ese día se tomó una decisión –de mínima- sobre el fiscal Blanco de Venado Tuerto, a partir de una causa iniciada en su contra por un juzgado federal de la provincia de Buenos Aires, a la que se sumaron luego otras imputaciones en la justicia santafesina.

 

Este viernes 16 de abril, Blanco fue en el marco de una investigación donde se lo liga a un sujeto involucrado en el narcotráfico.

 

El arresto se dio en el marco de 16 allanamientos que se realizaron de manera simultánea en las provincias de Santa Fe (12 en las ciudades de Venado Tuerto y de Rufino) y Córdoba (4 en Villa Dolores). 

 

Las diligencias fueron ordenadas por el fiscal Leandro Mai en el marco de una investigación por cohecho agravado que inició en enero de 2020, a partir de una denuncia radicada por la Fiscalía Federal de Venado Tuerto.

 

En la Legislatura, en cambio, el trámite contra Blanco fue iniciado por la Auditoría que señaló vinculaciones inaceptables del aún fiscal con un narcotraficante, y contó con imágenes de prueba aportadas por otra causa.

 

Una auditoría decisiva

 

Mauro Blanco, fue detenido en las últimas horas en el marco de una investigación donde se lo liga a un sujeto involucrado en el narcotráfico.  La investigación dio inicio en el año 2020, acusando a Blanco de Cohecho Agravado, producto de una denuncia radica por la Fiscalía del Juzgado Federal de nuestra ciudad. Aun no se conocen detalles sobre el día y hora de la audiencia imputativa.

 

La auditora del Ministerio Público de la Acusación (MPA) María Cecilia Vranicich, había elevado a la Legislatura el caso que lo implica y que comenzó cuando la Justicia federal venadense notificó al MPA que en la pesquisa abierta contra un vendedor de drogas aparecían contactos de éste con el fiscal.

 

Para la auditora, Blanco habría utilizado información aportada por el dealer para avanzar con una medida de búsqueda de armas de fuego sin asentar esa información en ningún lado y sin pedir órdenes de allanamiento para luego concretar la requisa a un domicilio, lo que supone un acto inaceptable y de mal desempeño presumible.

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