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Lunes 19.04.2021 - Última actualización - 7:28
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Ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe

Daniel Erbetta: "El sistema penal está en medio de una puja de poder"

Defendió el "enorme" avance que supuso el sistema acusatorio en la provincia y resaltó que los fiscales deben estar controlados. Pero puso en duda que esa función pueda ser cumplida por un órgano político como la Legislatura. Subraya la necesidad de resolver el conflicto de manera fundada y transparente, para no dar mensajes equívocos a la sociedad.

 "El binomio independencia judicial-legalidad hace a la esencia del funcionamiento democrático del Estado de Derecho. Si yo rompo ese esquema, tenemos un problema".
Crédito: Archivo El Litoral

"El binomio independencia judicial-legalidad hace a la esencia del funcionamiento democrático del Estado de Derecho. Si yo rompo ese esquema, tenemos un problema". Crédito: Archivo El Litoral

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Ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe Daniel Erbetta: "El sistema penal está en medio de una puja de poder" Defendió el "enorme" avance que supuso el sistema acusatorio en la provincia y resaltó que los fiscales deben estar controlados. Pero puso en duda que esa función pueda ser cumplida por un órgano político como la Legislatura. Subraya la necesidad de resolver el conflicto de manera fundada y transparente, para no dar mensajes equívocos a la sociedad. Defendió el "enorme" avance que supuso el sistema acusatorio en la provincia y resaltó que los fiscales deben estar controlados. Pero puso en duda que esa función pueda ser cumplida por un órgano político como la Legislatura. Subraya la necesidad de resolver el conflicto de manera fundada y transparente, para no dar mensajes equívocos a la sociedad.

- ¿Cómo ve actualmente el desenvolvimiento del sistema acusatorio penal, en el marco de las polémicas y cruces por  investigaciones que atañen a legisladores, pronunciamientos de distinto tipo y la discusión sobre quién controla a los fiscales; incluso con algunos acusados y removidos?.

 

- Ahí tenemos un problema. Que es un problema de la política, de gobernabilidad y se está proyectando en las instituciones. Dicho esto con la mayor prudencia, creo que detrás de ésto hay una puja de poder, y obviamente toda puja de poder conlleva el riesgo de que pueda afectar seriamente a las instituciones. Por tanto, todos los actores políticos e institucionales tenemos la obligación de recomponer esta situación, de reencauzarla, de dirimir las diferencias que haya por los canales institucionales que corresponda.

 

En ese sentido, creo que (incluso a nivel mundial), estamos pasando por un momento muy especial, para colmo atravesado por una pandemia que excede lo sanitario y ha sido catalogada como un hecho social total. Pero al margen de ésto, hay una tendencia bastante instalada culturalmente, y que responde a determinados esquemas de poder, de generar cierta desconfianza hacia las instituciones públicas, hacia la democracia, debilitamiento de los partidos políticos y descrédito de la política, por lo cual debemos ser muy cuidadosos de no generar mensajes que contribuyan a profundizar ese problema.

 

- ¿A qué se refiere puntualmente?

 

- Creo que hay una situación puntual que se ha salido de línea y ha comprometido e involucrado a distintos poderes del Estado, con actitudes que no son las más prudentes. Originariamente se sancionó una ley, luego modificada, referida al sistema de investigación y enjuiciamiento, el régimen disciplinario del Ministerio Público de la Acusación, y luego también del de la Defensa. Pero esa ley se aprobó sin discusión, prácticamente sin debate. No me parece que eso sea bueno. Los poderes del Estado son poderes políticos, porque gobiernan, y los actos del gobierno y el Estado son actos políticos. Por lo tanto, como tales, deben estar motivados y fundamentados. Deben ser lo más transparentes y racionales posibles. 

 

Luego, con motivo de la declaración de inconstitucionalidad de una de estas leyes, la Legislatura convocó a una sesión especial para someter a crítica una decisión de otro poder del Estado. El Poder Judicial integra la estructura de gobierno. Es un poder contramayoritario, probablemente más débil. Pero tiene una función muy importante, como es limitar algunas veces a los otros poderes del Estado, cuando pueda estar comprometida la normativa constitucional o los derechos fundamentales.

 

- Se refiere al fallo de la Cámara de Apelaciones en el caso del ex fiscal Spelta, que está a estudio de la Corte.

 

- Claro. El fallo de la Cámara puede haber estado errado o equivocado, pero de ninguna manera puede aceptarse que la Legislatura, antes de que se pronuncie la Corte, se reúna en sesión especial para someter a crítica ese acto de gobierno del Poder Judicial. Y con nombre y apellido a los jueces.

 

¿En qué posición deja esto a un ministro de la Corte, frente a una descalificación legislativa por unanimidad de un fallo sobre el que ahora debe pronunciarse el Tribunal? Yo creo que a ésto hay que decirlo, porque son cosas que no se pueden naturalizar. El binomio independencia judicial-legalidad hace a la esencia del funcionamiento democrático del Estado de Derecho. Si yo rompo ese esquema, tenemos un problema. Y creo que aquí lo tenemos, y tenemos que salir de él fortaleciendo las instituciones, y no debilitándolas. No es la mejor manera de fortalecerlas, o de respetar la división de poderes, una acción como ésta. Como no lo es que el Senado indique a su presidenta que formalice una presentación en una causa judicial. ¿Cómo se para frente a eso el juez, cómo lo interpreta un ciudadano, o un analista político?

 

- ¿Cómo lo interpreta usted?

 

- Me da la impresión de que estos hechos, junto a otros que se han sumado, debemos tratar de que no se repitan, y deben llamarnos a todos a la reflexión. Porque el mensaje que se da a la sociedad es muy confuso. Pareciera como que la sociedad tendría más razones para descargar su desconfianza hacia los poderes públicos. Y es un momento en el mundo en que se pone muy en crisis a los poderes públicos, cosa que no se hace con los poderes privados, que tienen mucha mayor fortaleza y un lugar muy importante en el funcionamiento de los esquemas de poder. Y en alguna medida ese nuevo poder, si desde lo público uno alimenta este tipo de actitudes, está contribuyendo a debilitar el funcionamiento de las instituciones.

 

- Están estos actos de la Legislatura, la confrontación con el senador Traferri, el fiscal de Rafaela que se negaba a trabajar con el Organismo de Investigación si está Marcelo Sain (cuestión luego zanjada por el fiscal general Baclini). Todo esto lleva a pensar que el actual sistema procesal penal está en rumbo de colisión.

 

- Ése es el riesgo que estamos corriendo si no reaccionamos a tiempo. Un senador tiene el derecho a formular una denuncia, y rige como para todos la presunción de inocencia. Una condición de la democracia es también la transparencia, es importante que estas cuestiones se resuelvan fundadamente, pero con la mayor celeridad posible. Pero hay que ser muy cuidadoso. 

 

No se puede por una cuestión personal particular, o porque el titular de un organismo de investigación esté sometido a una denuncia que no ha sido esclarecida todavía, prescindir de la apoyatura de un organismo que por ley se ha insertado en la estructura del Ministerio Público fiscal. Y en una estructura que es totalmente verticalizada, que se rige por el principio de unidad de actuación, de objetividad y de legalidad. Que es algo que ha representado un avance enorme para la provincia. Antes de la reforma procesal penal, la capacidad investigativa de nuestro sistema era muy baja. La tasa de esclarecimiento de homicidios estaba en el 22 %, hoy estamos casi arriba del 60.

 

- Aparte, la cuestión de la investigación es central para el éxito del sistema.

 

- La mayoría de los sistemas procesales tienen problemas con respecto a su capacidad investigativa. Porque nunca se pensó que para investigar hay que producir investigación, conocimiento, con herramientas tecnológicas que lo permitan. Ésto comenzó a generarse en la provincia a partir de la reforma procesal penal. Y en ese esquema, tanto el actual procurador de la Corte, Jorge Barraguirre, como el anterior, Agustín Bassó, el fiscal general Baclini, antes el Dr. Julio de Olazábal, fueron claves para ésto, y la Corte también ha conseguido financiamiento para contar con esos equipos, para pericias tecnológicas, de ADN, procesamiento de datos. Falta mucho aún, pero con lo que se cuenta era algo impensable diez años atrás. Que en este contexto, un fiscal diga "ah, yo no quiero saber nada con el organismo de investigación" es como decir "renuncio a investigar delitos complejos". No me parece lo más adecuado, y mucho menos que se difunda en la sociedad, porque contribuye a restar legitimidad, que es lo que necesitamos fortalecer.

 

- Aún en medio de estas controversias, ¿cómo evalúa el desenvolvimiento del sistema acusatorio?

 

- Claramente representó un avance enorme en nuestra provincia. Hay dos formas de medir al nuevo sistema penal. La ortodoxa es tomar en cuenta cuáles se plantean los objetivos institucionales que se persiguen, trazar los indicadores para medir el grado. Pero también hay otra menos ortodoxa, y quizás un poco más efectista, que es comparar con el sistema anterior. Si hacemos esa comparación, el sistema nuevo gana 10 a 0. Porque hay logros que fueron inmediatos. El sistema anterior se apoyaba en la delegación de funciones. Los jueces de instrucción no sabían ni siquiera cuántas causas tenían en su juzgado, porque a las causas las manejaban empleados, que eran los sumariantes. Sólo ésto representa una lesión enorme a la independencia judicial como garantía del ciudadano. Yo tengo derecho a que me juzgue un juez, no un sumariante. 

 

Esto solo, lo de tener un juez presente que resuelva, ya es una mejora instantánea. Pero además, la publicidad de este acto de gobierno, que antes se desarrollaba en soledad y entre cuatro paredes. Hoy se hace en una audiencia pública. Si esto hubiera estado vigente en Comodoro Py nos hubiéramos ahorrado un montón de problemas.

 

- ¿Por qué?

 

- Porque se distribuyen los distintos actos procesales. Acá no hay jueces que sean dueños de una causa, que la puedan acelerar o planchar según sus intereses. En todo caso, sí hay que controlar más a los fiscales. Pero el control de los fiscales, que es imprescindible, no puede quedar a cargo de un órgano netamente político mayoritario como es la Legislatura. Porque la Legislatura tiene una lógica de negociación, y además porque no tiene gente capacitada para hacer un control de gestión.

 

Este tipo de reformas se consolidan con los años, pero necesitan una fuerte conducción política, vinculación entre los actores y un permanente monitoreo. Y a los fiscales hay que controlarlos, porque es un organismo grande, entonces hay que evitar que haya cuestiones de mala praxis, de negligencia e incluso de corrupción. Para eso hay una Auditoría, que tal como está prevista es muy raquítica, y es posible pensar en una comisión inter poderes, que necesariamente va a requerir del asesoramiento técnico de alguna organización no gubernamental, que tenga experticia en el tema. Porque además no creo que todos los legisladores, por el hecho de serlo, estén en condiciones de hacer un seguimiento como éste, que permita advertir los problemas y proponer soluciones para todo lo que es el sistema acusatorio. Alguno podrá haberse dedicado a estudiar estas cuestiones, pero se requiere siempre el asesoramiento de un experto de cómo gestionar y controlar este tipo de estructuras. 

 

Después hay otros objetivos: aumentar los niveles de respuesta institucional, reducir la impunidad, garantizar derechos, reducir las prisiones preventivas, la selectividad del sistema. Pero en términos cuanti y cualitativos, tenemos un sistema con mucha más respuesta que el anterior. Así que es una reforma que tenemos que cuidar y fortalecer.

 

Ética judicial, ética universitaria

 

- El Poder Judicial en el país se encuentra otra vez en el centro del debate. Usted firmó un pronunciamiento de académicos sobre este tema. ¿De qué se trata?

 

- Es una declaración de la Asociación Argentina de Profesores Derecho Penal. Tiene la particularidad de que han firmado, además de la actual presidenta, todos los ex presidentes. En alguna medida refleja un consenso muy amplio, a pesar de que entre ellos existen concepciones muy diversas sobre el derecho, que responden a escuelas y puntos de vista metodológicas diferentes.

 

- Es decir que aquí no corresponde una lectura en clave de grieta política.

 

- No, en absoluto. Porque cualquiera que pueda verificar la trayectoria, las obras y los trabajos de quienes firman (NdR: entre ellos el ex ministro de Justicia Juan Lewis y el actual fiscal general Jorge Baclini), puede advertir que existen distancias importantes. El comunicado se nuclea en la necesidad, desde una perspectiva de la ética universitaria, de no naturalizar situaciones que no son las mas adecuadas para la enseñanza del Derecho Penal, que es un desprendimiento del Derecho Constitucional. Y es por la situación particularmente de Comodoro Py (donde se nuclea la Justicia Federal porteña, algunos de cuyos miembros son señalados por reuniones o contactos con el Poder Ejecutivo en la gestión anterior), a raíz de distintas noticias y hechos que se han comprobado en algunos casos, que no han tenido respuesta, ni han sido rebatidos. Nos parecía que como muchos integrantes de la Justicia Federal, sobre todo de Capital Federal, son además profesores con cargos muy importantes en distintas universidades, los argentinos tenemos la obligación de asumir una postura crítica. Y el sometimiento no sólo a la ley, sino también a la ética judicial y a la vez con la ética universitaria, nos parecía que teníamos la obligación de por lo menos no callar. Porque a veces el silencio iguala. Y no todos son iguales. Y hay circunstancias que merecían una explicación.

 

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