Estamos atrapados en un círculo vicioso. La sorda guerra de baja intensidad que enfrentaba al gobierno nacional con Horacio Rodríguez Larreta, jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, escaló a conflicto abierto. Por estas horas, en vez de lanzarle piedras a la sede de CABA (como ocurrió con el Congreso a fines de 2017), la artillería gubernamental dispara denuncias judiciales a repetición.
Los argumentos de superficie son la preocupación por la salud, coreada por la Nación, y la resistencia de CABA bajo la bandera de la educación. Pero el trasfondo es a todas luces político.
Reciclando los enfrentamientos de los dos últimos gobiernos, los tambores de guerra comenzaron a sonar en 2019, cuando dos días después de que el Frente de Todos asumiera el gobierno de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner emitió la primera señal en un discurso pronunciado en el conurbano. Allí comenzó su siembra de vientos que hoy se convierten en tempestades. Dijo que "en Capital hasta los helechos tienen luz y agua, mientras en el Conurbano chapotean en agua y barro". La figura, deficiente en su construcción, habida cuenta de que sin luz y agua los helechos se mueren, y que quienes chapotean en el agua y el barro son las personas, no los helechos, tuvo sin embargo indudable efecto. Su imperfección se ajustaba mejor a las audiencias de un país cada vez más imperfecto, que si hubiera elaborado una pulcra metáfora de indiscutible coherencia.
Seguramente, quienes recibieron el mensaje, muchos de los cuales suelen chapalear en el barro cada vez que llueve, hayan comparado de manera automática su triste realidad con los prolijos maceteros que verdecen las terrazas-balcones de los departamentos en altura de la capital federal. Los helechos, que por otra parte abundan en el conurbano, fueron la excusa para maximizar los efectos de la tóxica cizaña -astutamente regada- en una sociedad patológicamente dividida.
Por entonces, la motivación primera de Cristina, conductora real de un conglomerado político que ha gobernado durante 30 de los 38 años transcurridos desde el restablecimiento de la democracia, y, por lo tanto, responsable directo e insoslayable de que tantos pobres sigan chapoteando en el barro, era reforzar cuanto pudiera y dotar de recursos al nuevo gobernador, su protegido Axel Kicillof. Y vaya si lo ha hecho. La que lo ha sufrido en primer lugar es la ciudad de Buenos Aires, a la que se le recortaron de un plumazo 65.000 millones de pesos con destino a la provincia homónima.
Otro tanto puede decirse de la decisión del gobierno nacional de reactivar el megaproyecto de construcción y mantenimiento del Canal Magdalena, como nueva ruta navegable para acceder a la hidrovía Paraná- Paraguay, obra que ya cuenta con una asignación de 25.800 millones de pesos (consultoría y obras) incorporados al Presupuesto de la Nación como partida plurianual. Se trata de un proyecto con antecedentes, que beneficia al puerto de La Plata en detrimento del de la ciudad de Buenos Aires, ya que prevé el traslado de cargas de éste hacia aquel.
Sin juzgar el proyecto en sí, que merece un análisis profundo, no se puede menos que contrastar la rapidez de esta decisión en este momento de vacas flacas, con el interminable trámite para que la Nación reconozca el dragado de dos kilómetros en la zona exterior de nuestro Canal de Acceso, decisión que, con muy poco, mejoraría los costos operativos y la previsibilidad del servicio que ofrece nuestra estación portuaria.
Ahora todo gira en torno a la provincia de Buenos Aires, el principal mercado electoral del país, en el que Cristina juega a fondo para prenderle la cocarda de un logro significativo a uno de sus preferidos. Y también juega su futuro inmediato en las elecciones legislativas de este año.
Las cifras antes referidas indican los costos reales que, más allá de los fogonazos de las palabras, para CABA tiene esta ofensiva, maximizada por insólitas interpretaciones orientadas a mellar la autonomía de la ciudad, reconocida en el propio nombre que la Constitución le otorga.
La cuestión del alcance de la autonomía conferida a la ciudad en la Constitución Nacional, es el fondo del conflicto, y el asunto duro sobre el que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se tiene que expedir para confirmar o revisar fallos anteriores. Ese es el gran tema, porque la estabilidad de las instituciones requiere que el caso se cierre de una buena vez. La autonomía de CABA no puede quedar sujeta a libres interpretaciones, retaceos y manipulaciones de circunstancial uso político. Esa situación coloca a las instituciones en un tembladeral propio de un país que se deconstituye.
De ese fallo depende el curso de todo los demás. La Corte no puede fallar sobre la presencialidad o virtualidad de las clases en tiempo de pandemia, porque se trata de una cuestión temporaria que debe ser razonablemente administrada por las autoridades específicas de acuerdo con sus competencias. En este sentido, es muy probable que la Corte cree un ámbito de conciliación de las posiciones en conflicto. Y no mucho más. Lo importante, en cambio, es lo que decida sobre la extensión de la autonomía, porque ese fallo quitaría incertidumbres jurisdiccionales que potencian este desacuerdo y, además, clausuraría la discusión evitando futuras efervescencias.
La valoración de la vida en términos contemporáneos implica tanto el goce de la salud como el acceso a la educación. Es inconcebible que se conviertan en consignas de enfrentamientos que pueden llevar a la muerte. La absolutización de las consignas desnuda su crudo trasfondo político, así como el fracaso del diálogo y la negociación positiva.
Después de haber llegado a la presidencia de la Nación con la expresa intención de tender puentes para cerrar la grieta que separa a la sociedad argentina, Alberto Fernández se ha convertido en el principal fogonero de la artillería que dispara contra la oposición, y principalmente contra el Jefe de CABA, munición verbal de grueso calibre.
Después de un ciclo de convivencia entre el gobierno nacional, la provincia de Buenos Aires y la ciudad autónoma de Buenos Aires, que ilusionó a los argentinos y empujó hacia arriba las curvas de popularidad de Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta, desde el Instituto Patria llegó la orden tajante de terminar con la colaboración. ¿Los motivos? En su crecimiento, Alberto se despegaba peligrosamente de Cristina; y, a la par, también lo hacía Rodríguez Larreta. Kicillof, entre tanto, quedaba estancado, justo en el espacio electoral que definirá las elecciones de este año. Era demasiado. En ese juego perdían Cristina y Kicillof, de modo que había que terminarlo rápido, tanto, que todos notaron el brusco cambio de conductas.
A partir de ese momento, comenzaron las acciones sistemáticas contra CABA y Larreta. Para peor, en pleno desarrollo de la segunda ola pandémica, y con las arcas del Estado disminuidas como para paliar con recursos públicos el costo de un nuevo confinamiento. Estamos en medio de una tormenta perfecta que reclama niveles, aunque sea mínimos, de sensatez y colaboración. Después de haber roto los puentes, urge la instalación de un Bailey que restituya una comunicación básica.
La autonomía de CABA no puede quedar sujeta a libres interpretaciones, retaceos y manipulaciones de circunstancial uso político. Esa situación coloca a las instituciones en un tembladeral propio de un país que se deconstituye.
Después de un ciclo de convivencia entre el gobierno nacional, la provincia de Buenos Aires y la ciudad autónoma de Buenos Aires, que ilusionó a los argentinos, llegó la orden tajante de terminar con la colaboración. En ese juego perdían Cristina y Kicillof.