¿Fuera de control?

La semana terminó llevando a su punto máximo de tensión un formidable conflicto entre los poderes públicos del Estado santafesino, como correlato de una problemática largamente arrastrada y nunca resuelta y preludio de la prosecusión de una escalada que no puede terminar sin daños severos. Y, a la vez, fotografía del estado de precariedad que aqueja a las instituciones en la provincia, sometidas a embates personalistas o sectoriales.

Expuesto en términos esquemáticos: un sector mayoritario legislativo quiere investigar y sancionar (y eventualmente expulsar) a un funcionario judicial, por su desempeño durante su estancia en el Poder Ejecutivo. A instancias del perjudicado (el ex ministro de Seguridad y actual titular del organismo de investigaciones del Ministerio Público de la Acusación, Marcelo Sain), una jueza laboral ordena a la Legislatura que se abstenga de hacerlo, invocando que el Poder Ejecutivo se había allanado al amparo presentado por el afectado. En la Legislatura evalúan (y posponen) seguir adelante a pesar del fallo, anuncian que lo van a apelar, y embaten contra el fiscal de Estado.

Así formulada, la descripción puede resultar algo confusa en cuanto a los pormenores técnicos de la disputa, pero es elocuente en cuanto al nivel de implicancias institucionales y sus eventuales derivaciones.

Y no menos puede decirse del otro punto de inflexión, producido escasas horas antes, estrechamente emparentado con éste y también como instancia culminante (al menos de momento) de otra pulseada de larga data. No en vano la cuestión que atañe a Sain es traida a colación en alguno de los votos emitidos por la Corte Suprema de Justicia de la Provincia a la hora de expedirse sobre la constitucionalidad de la ley que pone en manos de la Legislatura la potestad de controlar el desempeño de fiscales y defensores del sistema penal, y llegado el caso sancionarlos. Todo mientras la propia Legislatura (y específicamente el Senado) practica una cinchada con integrantes del MPA por la pretensión de éstos de imputar a un senador en una causa que investigan, rechazada por el cuerpo. Una puja que también cuestiona la constitucionalidad de un artículo del Código Procesal que impide a los fiscales avanzar si la Cámara no lo autoriza, y que eventualmente también desembocará en la Corte.

Mientras tanto, el Alto Cuerpo resolvió la cuestión con un fallo dividido, a propósito del planteo de un fiscal (Spelta). El voto mayoritario (Falistocco, Gastaldi, Gutiérrez y Spuler) avala el control legislativo, al sostener que no afecta la autonomía funcional del MPA, que si se acepta para principales cargos (fiscales y defensores generales y adjuntos) por qué no hacerlo para los demás y que desconocer ésto sería vulnerar los "contrapesos" entre poderes. Por la minoría (Netri y Erbetta) entienden, como lo hizo el procurador Barraguirre, que este control viola la automía, ya que los fiscales "de base" (a diferencia del general y los adjuntos) sí tienen un superior a cargo y su puesto no es político; que cuando la Corte resignó su competencia de control (al votarse las leyes del nuevo sistema penal) no lo hizo para delegarla en otro poder del Estado, y que en ninguna provincia (o país) en que exista un sistema penal acusatorio como el santafesino la potestad sancionatoria sobre actores judiciales está en cabeza del poder político.

Los votos en un sentido y otro no ahorran fuertes cuestionamientos a fallos anteriores, al proceso de gestación de las normas atacadas, al rol de altísimos funcionarios (la propia vicegobernadora) y derivaron en un nuevo pronunciamiento crítico de los fiscales que integran la conducción del MPA.

En lo único en que coincidieron todos es en la necesidad de fortalecer a la dependencia originalmente designada para el control disciplinario: la Auditoría General, ahora circunscripta a transgresiones leves. Quizá sería una apropiada (aunque tardía) salida al laberinto en que quedaron encerradas las instituciones, mientras la ciudadanía, algo atónita, reclama que esa sea la suerte reservada a la criminalidad.