Por qué crear el Fondo Sojero de Inversiones Regionales

Por Gonzalo Saglione (*)

Las retenciones a las exportaciones son generalmente vistas como una disputa y un interminable tironeo entre los intereses del gobierno nacional -que procura sostener, cuando no elevar, los porcentajes que gravan esos derechos de exportación- y los de los productores, que se resisten a ceder.

Sin embargo, este enfoque anterior, acaso demasiado simplista, no incluye otros aspectos que, como veremos, podrían tener efectos de peso sobre las economías regionales, particularmente la de Santa Fe.

Las retenciones a las exportaciones, específicamente las que recaen sobre el complejo sojero, impactan fuertemente sobre la economía santafesina, extrayendo recursos que son producidos en Santa Fe y que luego se aplican para financiar políticas públicas cuyos beneficiarios están radicados en otras jurisdicciones provinciales. De manera que se trata de un tributo que no sólo supone una redistribución personal del ingreso, sino que también trae consigo una redistribución regional, siendo la economía santafesina la gran perjudicada.

Como consecuencia, la reducción de los ingresos percibidos por los productores agrícolas por las retenciones impacta no sólo sobre ellos en forma directa, sino también, de manera indirecta, sobre el resto de las actividades económicas provinciales.

El último informe presentado por la Fundación FADA muestra que Santa Fe es la provincia en la que los productores agrícolas tienen mayor presión tributaria nacional, a partir de un análisis por hectárea promedio. Un simple ejercicio matemático permite cuantificar el aporte promedio de los productores sojeros de nuestra provincia al Tesoro Nacional: suponiendo que en Santa Fe se hayan producido 10 millones de toneladas de soja en este 2021, ello significa una producción total de U$S 5.000 millones, para un precio de U$S 500 por tonelada. El 33% de retenciones supone un aporte de U$S 1.650 millones, lo que al tipo de cambio oficial implica aproximadamente $ 160.000 millones.

El análisis de algunas cifras permite comprender cabalmente la magnitud de este aporte que realiza un solo sector económico de la provincia por un solo impuesto nacional:

Según el último Censo Nacional Agropecuario realizado en 2018, en Santa Fe hay 20.095 explotaciones agropecuarias. Eso significa, entonces, que cada explotación agropecuaria santafesina aportará, en promedio, $ 7,9 millones en 2021 en virtud de la aplicación de retenciones a las exportaciones de soja.

La inversión pública nacional en territorio santafesino ascendió en el primer semestre del presente año a $ 8.381 millones.

Si suponemos que se sostiene ese ritmo de ejecución para el segundo semestre, el año finalizaría con una inversión de $ 16.762 millones. Es decir, los ingresos resignados por los productores agrícolas santafesinos por las retenciones a las exportaciones de soja en 2021 representan más de nueve años de inversión pública nacional en Santa Fe.

Y veamos algo más: según el presupuesto provincial aprobado para el presente año, el gobierno santafesino proyecta recaudar $ 142.578 millones de recursos propios en concepto de Impuesto sobre los Ingresos Brutos, Inmobiliario, Sellos y Patente. Como puede notarse, lo que tributan los productores sojeros por un solo impuesto al gobierno nacional supera el monto que recauda el gobierno provincial de todos los sectores económicos por todos los tributos propios.

Esto pone en evidencia la magnitud relativa que asumen las retenciones a las exportaciones de soja sobre la economía provincial. Si parte de ese dinero recaudado por el gobierno nacional quedara luego circulando en la economía provincial, es evidente que ello redundaría en beneficio de Santa Fe, no sólo del beneficiario directo (el productor agropecuario).

En este marco, es importante buscar un mecanismo que compatibilice las necesidades de financiamiento del gobierno nacional con los incentivos en favor de una mayor producción y desarrollo regional y la búsqueda de una distribución más equitativa de los beneficios que de ella se derivan.

Por eso impulsamos una ley que instrumente un esquema de reintegro parcial (30%) de las retenciones a las exportaciones de soja en favor de los productores primarios, con una vigencia mínima de cinco años. Tales fondos deberán aplicarse a realizar inversiones productivas en la región en la que el productor tiene radicada su explotación. En tanto un comité -con participación de actores públicos y privados de las provincias productoras de soja- tendría a su cargo la definición de los criterios de elegibilidad de los proyectos admisibles para este programa.

Los fondos que el Tesoro Nacional reintegre en favor de los productores de soja deberían desembolsarse en forma progresiva, contra el avance de las inversiones ejecutadas. Dentro de las inversiones elegibles podría incluirse el financiamiento de obras de infraestructura largamente esperadas por diversas regiones de nuestra provincia, como acueductos y gasoductos. En varias localidades de Santa Fe, sus productores agrícolas aportan cientos de millones de pesos en concepto de retenciones a las exportaciones de soja, pero los pobladores de esos lugares no cuentan con agua potable ni gas en red, por ejemplo.

Este esquema que proponemos vendría a dar una solución a esta problemática. Implementar el Fondo Sojero de Inversiones Regionales sería un criterio de estricta justicia y una medida de política activa en favor de los intereses de Santa Fe.

(*) Precandidato a diputado nacional por el Frente Amplio Progresista, ex ministro de Economía de la provincia de Santa Fe

Los ingresos resignados por los productores agrícolas santafesinos por las retenciones a las exportaciones de soja en 2021 representan más de nueve años de inversión pública nacional en Santa Fe.

Impulsamos una ley que instrumente un esquema de reintegro parcial (30%) de las retenciones a las exportaciones de soja en favor de los productores primarios, con una vigencia mínima de cinco años.