A un año del hallazgo del cuerpo de Facundo Astudillo: aún no se sabe si fue un crimen o una muerte accidental

Dos jueces de distintos fueros, cinco fiscales, cuatro policías bonaerenses sospechosos de un caso de “violencia institucional”, cientos de testigos e infinidad de dudas: a un año del hallazgo del cadáver de Facundo Astudillo Castro en una localidad cercana a Bahía Blanca, la investigación aún no logró determinar si el joven fue secuestrado y asesinado o si murió ahogado de manera accidental. Mientras, su madre, Cristina Castro, reclama justicia.

Para los actuales fiscales a cargo de la investigación y para la querella, las demoras de los primeros instructores del expediente para llevar a cabo peritajes claves fueron determinantes para que se perdieran pruebas fundamentales.

Facundo fue visto por última vez el 30 de abril del año pasado, en plena cuarentena estricta por la pandemia del coronavirus, y la Justicia comenzó a intervenir unos días después, tras la denuncia de su madre, por lo que se inició una causa por “averiguación de paradero” que estuvo a cargo del fiscal Rodolfo De Lucía, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°20 de Bahía Blanca, y de la jueza de Garantías 3 N° de esa ciudad, Susana Calcinelli.

En julio, casi tres meses después, el fiscal De Lucía declinó el expediente, a pedido de los abogados de Cristina Castro, hacia la Justicia federal, que comenzó a investigar el caso como una presunta “desaparición forzada” en la cual habrían participado policías bonaerenses.

El fiscal federal de Bahía Blanca, Santiago Ulpiano Martínez, ordenó las primeras medidas para intentar determinar cuál fue el recorrido que realizó Facundo desde que abandonó su casa en la localidad de Pedro Luro con intenciones de dirigirse a visitar en Bahía Blanca a su novia, con quien había discutido y esperaba reconciliarse.

Desde entonces, los investigadores determinaron que el joven había sido detenido a la altura del kilómetro 779 de la ruta nacional 3, en la localidad de Mayor Buratovich, por el oficial Mario Gabriel Sosa y su colega Jana Curuhinca, que lo advirtieron por violar el aislamiento obligatorio y le labraron una infracción. Allí, los efectivos le pidieron su DNI y lo fotografiaron de espaldas junto a la camioneta policial, tras lo cual le permitieron continuar su marcha, dijeron.

Luego, la oficial Siomara Flores, que es medio hermana de la oficial Curuhinca y era pareja de Sosa –lo que fue corroborado tras el análisis del teléfono celular del oficial– declaró que había trasladado a Facundo unos 25 kilómetros a bordo de su vehículo, desde Mayor Buratovich hasta Teniente Origone.

Según los investigadores, horas más tarde, en el kilómetro 750, Facundo Astudillo Castro fue nuevamente interceptado por la policía, esta vez, por el teniente 1° Alberto González, quien declaró que lo identificó con su carnet de conducir, ya que el joven no habría tenido en su poder el DNI.

.Desde fines de julio del año pasado, la querella representada por los abogados Luciano Peretto y Leandro Aparicio viene pidiendo la detención de estos cuatro policías (Sosa, Curuhinca, Flores y González) como sospechosos de haber participaron en la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo.

Es más, el fiscal Ulpiano Martínez pidió alguna vez y sin mucho convencimiento la detención de los policías, pero el pedido fue rechazado en agosto del año pasado -días antes del hallazgo del cadáver- por la jueza federal N°1 de Bahía Blanca, María Gabriela Marrón.

A partir de que el caso tomó estado público, con los cuatro policías como sospechosos de una eventual desaparición forzada seguida de muerte, los rastrillajes se multiplicaron. El cadáver de Facundo fue hallado el sábado 15 de agosto del año pasado en el canal “Cola de ballena”, un cangrejal situado en Villarino Viejo, contiguo a la localidad de la localidad de General Cerri.

A pesar de la insistencia de la querella en vincular a los cuatro policías en la desaparición y muerte de Facundo, la Justicia jamás los llamó a indagatoria. No solo eso, sino que además siguen en funciones en la Policía de la provincia, según confirmaron a Télam fuentes policiales y de la querella.

Los cuatro efectivos no recibieron ninguna sanción administrativa, sino que siguen cumpliendo funciones bajo la órbita de la Jefatura Departamental de Bahía Blanca.

”Fueron trasladados a otras dependencias, ya que no hubo ninguna prueba concluyente que hayan cometido alguna infracción de índole administrativa. Quedaron a disposición de la departamental”, dijo a esta agencia una alta fuente policial consultada.

Para la familia, existe “una red de encubrimiento” sobre los policías vinculados al caso.

La Procuración decidió entonces sumar a otros dos fiscales a la investigación: el fiscal general subrogante ante la Cámara Federal de Bahía Blanca y titular de la Unidad Fiscal de Ciberdelincuencia, Horacio Azzolin, y el fiscal a cargo de la Procuraduría de Violencia Institucional, Héctor Andrés Heim.

Ambos le dieron un nuevo impulso a la investigación con la solicitud de una batería de peritajes, pero todos fueron rechazados por la jueza Marrón.

Finalmente, en febrero último, Ulpiano Martínez decidió apartarse de la pesquisa tras alegar “violencia moral” y en su lugar fue nombrada la fiscal federal de Santa Rosa Iara Silvestre.

Los fiscales Azzolín, Heim y Silvestre impulsaron nuevamente decenas de medidas, allanamientos en dependencias policiales, peritajes tecnológicos sobre teléfonos secuestrados, peritajes sobre patrulleros y análisis químicos sobre prendas secuestradas, entre muchos otros, y esta vez sí, en febrero pasado, fueron avalados por la Cámara Federal de Bahía Blanca.

De todas formas, los resultados aún no fueron considerados suficientes como para pedir las indagatorias de los policías sospechosos.Cristina Castro consideró que “la culpable de que la causa nunca haya avanzado es la jueza Marrón, que siempre rechazó todos los planteos que se solicitaron”.

Su visión es compartida por sus abogados y también por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y por Amnistía Internacional Argentina, cuya directora adjunta Paola García Rey, quien consideró que “hay un universo de pruebas que refuerzan la hipótesis de la desaparición forzada y es necesario que la Justicia esté a la altura de la investigación”.