Hace décadas que en la Argentina hablamos a diario de los problemas que nos abruman. Pero no solucionamos ninguno; por el contrario, los agravamos. Hay dos, por acotar el vastísimo alcance del tema, que representan las dos caras de una misma moneda, que se retroalimentan de continuo y ponen en riesgo la estructura institucional plasmada en la Ley Fundamental de la Nación: el sustancial vaciamiento real y conceptual del Estado federal y la forma republicana de gobierno, y el crecimiento anómalo de la provincia de Buenos Aires, con el peso desequilibrante del conurbano bonaerense, que no deja de crecer en población y en pobreza.
La concentración poblacional en los sucesivos anillos que rodean (y estrangulan) a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), no deja de aumentar mientras las provincias más pobres decrecen. Esta disparidad de evoluciones y pesos poblacionales, económicos, electorales y, por consiguiente, políticos, convierte en letra de moribunda formalidad a las normas e instituciones federales y republicanas nacidas al calor de los acuerdos de 1853 y 1860, consolidados y perfeccionados en sucesivas reformas. Y, para colmo de males, la continua emergencia social, y la constante acechanza de un caos a duras penas administrado por quienes hacen de la postergación y las carencias de muchos su capital político, rubrica con parches de corto plazo la tendencia desintegradora de la ley general. Vamos de mal en peor, sin un plan que mire al futuro y con respuestas improvisadas y abstrusas que acentúan la demolición de nuestra institucionalidad.
Lo que manda, con toda crudeza, es el mercado electoral del conurbano bonaerense, el que, sabedor de su peso político, del valor psicológico del número de personas movilizadas, marcha a diario sobre la ciudad de Buenos Aires para golpear las puertas de ministerios nacionales que sólo tienen -como limitado recurso- la máquina de imprimir billetes con valor nominal. Pero, como ocurre con los pases de magia de los prestidigitadores, la simulación sólo distrae un momento, por eso las marchas se repiten sin solución de continuidad. Es que el dinero concedido, carente del valor que el papel moneda acredita en su anverso y su reverso, en su constante aumento sólo sirve para irrigar la persistente inflación que devora con rapidez lo que se consigue con horas-calle de chantaje social.
Alguno podrá recordar aquello de que "el que le roba a un ladrón tiene cien años de perdón", pero el Estado no es una institución marciana que obtiene sus recursos de los asteroides, sino una construcción política que se nutre de los impuestos que pagan los ciudadanos, y, en general, los habitantes del suelo argentino. En consecuencia, en este juego de toma y daca nos mordemos la cola. Y en la circularidad viciosa de esta trampa, pierden los que marchan por las calles, que, a su vez, le hacen perder horas productivas a quienes movilizan los segmentos genuinos de la economía y se ven obstruidos o entorpecidos en sus actividades por estas manifestaciones. Traducidas a pesos, esas horas laborales perdidas repercuten en menores ingresos fiscales para atender los reclamos de los desposeídos. Por eso cada día hay más pobres.
Y también perdemos los ideales federales constitutivos del originario contrato político expresado en las normas de la Constitución Nacional. ¿Por qué? Porque las urgidas respuestas para contener la situación potencialmente explosiva del conurbano, representan nuevos estímulos para quienes viven en provincias del interior profundo y escasamente poblado. La discrecional entrega de recursos extraordinarios al gobierno de la provincia de Buenos Aires, no hace más que acicatear nuevas migraciones internas en busca de alguna oportunidad, inexistente en los lugares de origen de los migrantes. De modo que, en vez de controlarse y contraerse, el problema crece, y con el crecimiento de la población, aumenta el mercado electoral, y con el incremento del electorado, se expanden las medidas de contención social y captación política. Y así se infla sin descanso el globo de la pobreza y, con él, el riesgo cierto de que un día estalle de verdad.
En medio del desierto de ideas proyectivas por el que Alberto Fernández nos hace caminar sin esperanza, hay algunas isletas de trabajo inteligente. Es el caso del que lleva a cabo en silencio el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, en el Consejo Económico y Social de la Nación, a través de un programa de título un tanto presuntuoso, "Convocatoria de proyectos para el Desarrollo Armónico con Equilibrio Territorial", coordinado por las universidades de Córdoba y Tres de Febrero, e interesante por la perspectiva que abre si se lo aborda en serio.
La idea, según la comunicación oficial ofrecida en su momento, es "fortalecer el desarrollo en localidades pequeñas y medianas y promover la diversificación productiva y la integración territorial… Esta iniciativa busca identificar y poner en ejecución ideas innovadoras que surjan de la sociedad, que tengan alto impacto y contribuyan a la concreción de proyectos sostenibles, escalables, que demuestren la madurez necesaria para atraer población económicamente activa y fortalezcan el arraigo". Para más datos, los proyectos deben encuadrarse en uno de los siguientes ejes estratégicos: agricultura familiar, agroecología y bioeconomía; cadenas de valor en microrregiones y regiones; actividades relacionadas al cuidado y bienestar; industria del conocimiento, teletrabajo y conectividad. Como dato adicional, el jurado que estudiará los trabajos, está integrado por personalidades reconocidas en distintos saberes. Y los montos asignados para los proyectos que resulten seleccionados, son verdaderamente significativos.
El inventario de modernos desafíos incluye cuestiones inevitables, pero deberá pasar por el cedazo burocrático que suele entorpecer y ralentizar las decisiones oficiales. No obstante, supongamos que la iniciativa se pueda abrir camino en la maraña política y que algunos de sus ítems se conviertan en políticas públicas. Se daría un paso adelante. Entre los funcionarios del gobierno, este programa, que comenzaría con una experiencia piloto, tiene el respaldo del silencioso Béliz y, en las antípodas, del locuaz "Chino" Navarro, uno de los más lúcidos esgrimistas dialécticos de un gabinete signado por su grisura.
Como novedad, dentro de la franja piquetera incluida en el gobierno, Navarro ha sido el primero en plantear que los planes de trabajo deben convertirse paulatinamente en puestos de trabajo genuino. El dirigente del Movimiento Evita es uno de los más firmes impulsores de la economía popular mediante la activación de brazos caídos, en muchos casos por generaciones. Habla de cosas sencillas de instrumentar, de planes de vivienda desarrollados por los vecinos de barrios postergados, de obras de pico y pala, de trabajos de limpieza en ambientes degradados; en suma, de convertir a marginados en actores de su propia solución, mientras se cambia progresivamente su condición de planeros por la de ciudadanos incluidos y autovalorados.
Pero tan importante como reintegrar gente al trabajo es federalizar el programa, ya que, si todo es pensado para el Gran Buenos Aires, cada solución puntual que se alcance será un nuevo imán para atraer gente que subsiste olvidada en el interior. Si así ocurriera, el remedio sería, al cabo, peor que la enfermedad, porque aumentaría la macrocefalia en el esmirriado cuerpo de la Nación, y se diluiría aún más la fuerza organizadora del contrato político que nos diera origen.
La discrecional entrega de recursos extraordinarios al gobierno de la provincia de Buenos Aires, no hace más que acicatear nuevas migraciones internas en busca de alguna oportunidad, inexistente en los lugares de origen de los migrantes.
Es importante convertir a los marginados en actores de su propia solución, mientras se cambia progresivamente su condición de planeros por la de ciudadanos incluidos y autovalorados. Tan importante como reintegrar gente al trabajo es federalizar el programa.