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Lunes 10.01.2022 - Última actualización - 12:04
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Cuestiones a definir

La agenda judicial calienta el verano parlamentario

La cobertura de la vacante de Highton en la Corte, la designación del Procurador General y la readecuación del Consejo de la Magistratura deben resolverse en plazos acotados y con dificultades para el consenso.

Procurador Eduardo Casal: su interinato sería más duradero que la gestión de su renunciada antecesora, Alejandra Gils Carbó. Crédito: Archivo El LitoralProcurador Eduardo Casal: su interinato sería más duradero que la gestión de su renunciada antecesora, Alejandra Gils Carbó.
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Procurador Eduardo Casal: su interinato sería más duradero que la gestión de su renunciada antecesora, Alejandra Gils Carbó. Crédito: Archivo El Litoral

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Cuestiones a definir La agenda judicial calienta el verano parlamentario La cobertura de la vacante de Highton en la Corte, la designación del Procurador General y la readecuación del Consejo de la Magistratura deben resolverse en plazos acotados y con dificultades para el consenso. La cobertura de la vacante de Highton en la Corte, la designación del Procurador General y la readecuación del Consejo de la Magistratura deben resolverse en plazos acotados y con dificultades para el consenso.

A cuatro años de la renuncia de Alejandra Gils Carbó, la Procuración General sigue a cargo de un interinato: el de Eduardo Casal, cuestionado por el kirchnerismo y sostenido por la oposición, al tiempo que ni Mauricio Macri ni Alberto Fernández pudieron impulsar a sus candidatos para regularizar la situación institucional.

 

La semana pasada se cumplió un nuevo aniversario de la dimisión de la abogada al frente del Ministerio Público, aunque se había tomado licencia a partir de noviembre de 2017 y en su lugar había quedado Casal.

 

Tras la salida de Gils Carbó, el entonces presidente, Mauricio Macri, envió al Senado el pliego de Inés Weinberg de Roca, la jueza del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad. Sin embargo, su postulación nunca fue aceptada por el bloque peronista en la Cámara alta y naufragó la iniciativa oficial.

 

Con el cambio de Gobierno, el actual mandatario, Alberto Fernández, propuso al juez Daniel Rafecas para hacerse cargo del Ministerio Público Fiscal. Sin embargo, la intención del kirchnerismo duro de modificar la forma en que se elige al procurador hizo que el propio magistrado avisara que no estaba de acuerdo y que en caso de que avanzara esa iniciativa, iba a declinar el ofrecimiento hecho por el jefe de Estado. Con el recambio legislativo del pasado 10 de diciembre el proyecto impulsado por diputados cercanos a la vicepresidenta, Cristina Kirchner, dio un paso atrás.

 

Luego de que el peronismo perdiera la mayoría en el Senado, la misión de designar al nuevo procurador general necesitará más que nunca el consenso de Juntos por el Cambio: el Poder Ejecutivo debe obtener el respaldo de los dos tercios de la Cámara alta para poder avanzar con la designación de su candidato.

 

"El Ministerio Público es un órgano independiente con autonomía funcional y autarquía financiera que tiene por función promover la actuación de la Justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad en coordinación con las demás autoridades de la República", establece el artículo 120 de la Constitución Nacional.

 

Si se mantiene esta situación -la falta de consenso para designar al nuevo procurador- hasta fin de año, habrá durado más el interinato de Casal que el mandato de Gils Carbó.

 

Agenda candente

 

En tanto, a un año de su presentación, los proyectos de ley impulsados desde el oficialismo para reformar el sistema judicial no registraron avances. Aparte de la reforma del Ministerio Público Fiscal, se trata de la denominada reforma judicial, cuyo objetivo es modificar la organización y competencia de la Justicia Federal.

 

Además, el Poder Ejecutivo envió al Senado un proyecto para modificar la composición del Consejo de la Magistratura. Días después la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el organigrama actual y exhortó al Congreso a sancionar una nueva ley antes de abril. Sin embargo, por el momento, el asunto no registró avances en el Congreso, aunque podría ser uno de los temas centrales del 2022.

 

También quedó pendiente la designación de un juez supremo, tras la renuncia de Elena Highton de Nolasco a la Corte Suprema. No obstante, se necesitan dos tercios de los votos del Senado para avanzar con el nombramiento de un ministro de la Corte y, por el momento, el oficialismo no dio con un candidato que reúna el consenso político suficiente para alcanzar tal número.

 

Consejo de la Magistratura

 

El fallo de la Corte Suprema sobre la inconstitucionalidad de la composición del Consejo de la Magistratura expuso al gobierno nacional a dos opciones: conseguir una nueva ley que reemplace la del 2006 (impulsada por Cristina Fernández cuando era senadora) antes de que se cumplan los 120 días del dictado de la sentencia o retrotraer la composición del Consejo a sus originales 20 integrantes.

 

A tal efecto, el organismo se apresta a poner en marcha los mecanismos para designar a un juez y dos abogados que deberán sumarse a la composición actual a partir del 15 de abril, según fijó el máximo tribunal. Los otros tres miembros que tienen que elegirse para la Magistratura son un académico, un representante del Senado y otro de Diputados. El restante es nada menos que el presidente de la Corte Suprema, que controlará el Consejo también, en este caso, Horacio Rosatti.

 

Por otra parte, y previendo el fallo de la Corte, el Poder Ejecutivo presentó un proyecto que aumenta de 13 a 17 les integrantes que componen el organismo encargado de elegir y sancionar jueces, sumando a un magistrado, dos abogados y algún representante del mundo académico. El objetivo de Alberto Fernández es incluir el tema en la convocatoria de sesiones extraordinarias, en línea con el pedido formal que hizo el Consejo de la Magistratura la semana pasada, con la expectativa de poder arribar a ciertos consensos mínimos con la oposición.

 

Al respecto, el diputado Pablo Tonelli, consejero por la oposición, confirmó que desde el organismo "le hemos pedido al presidente que efectivamente incluya el tema en sesiones extraordinarias, porque no tenemos duda de que la mejor alternativa y solución a los cambios que hay que hacer en el Consejo de la Magistratura por decisión de la Corte Suprema sería una nueva ley que establezca una nueva integración equilibrada y que resuelva las objeciones que el máximo tribunal encontró en la ley vigente".

 

No obstante, el legislador admitió que "el plazo es exiguo, ya sea para que el Congreso sancione una ley o para que se incorporen los consejeros que deberían incorporarse. Deberíamos hacer lo posible por cumplir porque la sanción está escrita y es que el Consejo no podría tomar decisiones a partir del 15 de abril porque serían declaradas nulas".

 

Acerca de las chances de consenso, con la relación de fuerzas actualmente planteada en el Congreso y la tensión entre oficialismo y oposición, hizo notar que "la ley Orgánica del Consejo requiere de una mayoría agravada, es decir, 129 votos favorables en Diputados y 37 en el Senado. No se puede llegar a ese numero si no nos podemos de acuerdo entre las dos fuerzas mayoritarias. Tenemos que ponernos de acuerdo. Sería lo ideal y lo correcto. Si lo vamos a lograr o no, no lo sé".

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