El alcohol en gel de la entrada de la Casa de Gobierno se hubiera terminado si las autoridades municipales y comunales que llegaron pasadas las 12 del 15 del febrero hubieran cumplido con el protocolo. Eran no menos de cien personas, casi todos con barbijo, para entregar un petitorio firmado por unos 70 intendentes y presidentes comunales que sostienen que sufren la "discriminación del gobierno provincial". Y a ellos se sumaron periodistas, reporteros gráficos y camarógrafos, además de curiosos que consideraron interesante lo que ocurría antes de fichar la salida.
Los radicales, socialistas y demoprogresistas que decidieron protagonizar una verdadera movilización a la Casa Gris (y luego a la Legislatura) entendieron que era hora de abandonar la comunicación virtual, los comunicados y los posteos en redes sociales y pasar por fin a la presencialidad para acompañar -incluso físicamente- un trámite formal que se convirtió en un acto que buscó llamar la atención de la opinión pública, con esperables repercusiones políticas.
Los administradores de pueblos y ciudades del interior que no forman parte del partido de gobierno llevaron sus quejas a la sede del gobierno provincial, donde fueron cordialmente atendidos por funcionarios de la Secretaría de Integración y Fortalecimiento Institucional y de la Secretaría de Comunas. del Ministerio de Gestión Pública. Antes de que los jefes comunales e intendentes convertidos casi en manifestantes atravesaran la plaza 25 de mayo y aceptaran el contacto con la prensa bajo el sol, los titulares de esas reparticiones los esperaron junto a la puerta de acceso, a metros de la ventanilla de seguridad.
No hubo tensiones ni roces, más bien los viejos reproches de quienes se conocen desde hace tiempo y se han cantado las cuarenta más de una vez. Los dirigentes opositores sostuvieron que la administración actual les adeuda recursos, que se demoran obras comprometidas por distintos planes y proyectos, y que ven que en los pueblos y urbanizaciones vecinas, sólo por ser del PJ, la realidad es "totalmente diferente".
Los funcionarios del gobierno, en tanto, respondieron que durante los años de los gobiernos del Frente Progresista, Cívico y Social hubo atrasos con los giros de la provincia a municipios y comunas del justicialismo, que se discriminaba a intendencias y comisiones comunales del PJ y que se inclinaba la balanza con los fondos que iban especialmente a las dos grandes ciudades: Santa Fe y Rosario, ambas gobernadas por frentistas. Por como José Luis Freyre y Carlos Kaufmann blandieron una y otra vez el argumento de que hoy están al día los envíos correspondientes al Fondo Educativo, ese parece ser un argumento fuerte a la hora de comparar a la gestión provincial actual con las anteriores. De hecho, los presidentes comunales y los intendentes no lo desmintieron. En cambio, expresaron con ejemplos concretos de cada localidad que los trámites tienen unos tiempos cuando se es gente del partido de gobierno o no.
El pedido público dirigido al gobernador se produce en medio de las diferencias que en la Legislatura mantienen opositores y oficialistas frente a la Ley de Presupuesto, que los bloques de la UCR en sus distintas vertientes y del PS han demorado en Diputados a la espera de que las administraciones que protestan "reciban lo que les corresponde". Los funcionarios que dialogaron con los intendentes y presidentes comunales sostuvieron que parte de las demoras tienen que ver -precisamente- con la ausencia de una ley de cálculo de gastos y recursos.
El momento en que los aproximadamente 70 intendentes y presidentes comunales de la oposición entraron al hall central del edificio, por calle calle 3 de Febrero, fue propicio para que unos y otros dijeran los suyo obviamente con los periodistas como testigos. Las cámaras fotográficas y los videos deben haber colaborado con la escena, que tuvo cierto nudo dramático cuando se les recordó a los colaboradores del ministro Marcos Corach que mientras se demoran años pedidos por obras de unos pocos millones en donde urgen soluciones el Club Sportivo Norte de Rafaela ya suma 203 millones de ayudas oficiales de la Provincia. En otro momento, alguien reclamó: "ya que no nos van a atender, sería bueno que a cada comuna y cada municipalidad se les diga con toda claridad qué van a hacer con nuestros pedidos, que directamente nos avisen que no nos van a cumplir con lo que habían comprometido y nosotros buscaremos cómo solucionarlo o decirle a nuestras poblaciones que no tendremos la infraestructura que necesitamos". Freyre y Kaufmann ofrecieron reunirse en un lugar más cómodo, formar una comisión que se encargue de entregar la nota con el petitorio formal dirigido al gobernador para dejarlo en la secretaría privada del gobernador o recibir ellos la nota. Tomar una decisión llevó un tiempo que hizo que la manifestación de autoridades se demore aún más ante la escalinata que tiene un busto del Brigadier López que mira con severidad a quien la suba. De ella bajaron dos jóvenes de la secretaría privada que, para facilitar las cosas, recibieron formalmente el petitorio, hicieron que se colocaran los sellos correspondientes y subieron.
Los demandantes de un trato equitativo para sus representados (siempre subrayaron que a quienes realmente se discrimina es los ciudadanos de sus localidades) dejaron lentamente la Casa Gris y caminaron hasta la Legislatura donde brindaron una conferencia de prensa.