Tal vez pase inadvertida para la mayoría de las personas que transitan por pleno centro de la ciudad de Santa Fe, pero en Mendoza al 2500 está la sede administrativa de Justicia Penal Juvenil. En la "foto" del miércoles que es cuando El Litoral dialogó con el director del área Federico Lombardi, había 240 jóvenes de entre 16 y 18 años en programas de libertad asistida, en establecimientos de puertas abiertas o con privación de libertad.
En esa foto se advierte que la mayoría, más del 90 %, son varones, y que casi ninguno estaba institucionalizado al momento de ingresar al sistema penal. La pobreza, y más aún la desigualdad, es otro denominador común junto con el consumo como motor para cometer un delito.
¿Qué tipo de consumo? "El que los acerque a un territorio que a priori resulta inalcanzable, como una moto, zapatillas de calidad, ropa, un celular". Y, claro, el de sustancias.
La dirección a cargo de Lombardi depende del Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos y, en forma directa, de la Secretaría de Justicia. Desde marzo hasta casi fin de año se están realizando instancias de capacitación para las 300 personas que dependen de la repartición con el objetivo de mejorar el abordaje de los y las adolescentes y la comprensión de sus problemáticas.
Uno de los ejes de esas capacitaciones es salud mental y consumos problemáticos, otro es la prevención de suicidios y autolesiones. Cuidados de niñez y adolescencia figura también en la lista de ítems. Son algunos de los temas "requeridos por los propios trabajadores y trabajadoras", afirma Lombardi.
Mientras tanto, son varias las alternativas que se abren para derivar a un joven en conflicto con la ley penal. "Una de ellas es el programa de libertad asistida que tiene sedes en Santa Fe, Rosario, Reconquista, Rafaela, San Jorge, San Lorenzo, Villa Constitución, Villa Gobernador Gálvez, Rufino, Casilda, Firmat y Venado Tuerto".
"Otra la constituyen los establecimientos de puertas abiertas donde los jóvenes habitan durante las 24 horas, como ocurre en Rafaela, Coronda, Venado Tuerto y Alvear". A todo esto se suman dos institutos de privación de la libertad llamados "centros especializados de responsabilidad penal juvenil: uno en la ciudad de Santa Fe y otro en Rosario", y dos centros de día donde los jóvenes realizan una actividad educativa o recreativa en Rosario y Reconquista".
La ley que regula el régimen penal de Minoridad es la 22.278, sancionada en 1980 durante la última dictadura militar, "y establece que para poder condenar a un adolescente debe tener 18 años de edad, tiene que cumplir una medida tutelar de un año y que se haya declarado la responsabilidad".
"En Justicia Penal Juvenil el trabajo es en la investigación del proceso con ese adolescente". El contacto ocurre a través de personal con distintas especialidades y es para ellos que está dirigida la capacitación que se inició en marzo. "Vivimos en una sociedad muy dinámica que va cambiando en forma permanente y en base a eso queremos cumplir con ese principio".
El curso fue diseñado en conjunto con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) que depende del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación: "Lo pensamos para que toquen esos temas que más preocupan a nuestro equipo por lo que observan en la práctica diaria", explicó Lombardi. ¿Y qué es lo que observan? "Que la mayoría de los jóvenes consume desde una edad de 12 años. Y que otro problema es el suicidio y las autolesiones". Por eso el plan de capacitación está segmentado para las diferentes disciplinas que intervienen en la atención: abogacía, psicología, trabajo social y acompañantes juveniles.
- ¿Hay manera de establecer un denominador común entre los 240 chicos y chicas que están en este sistema?
- Algo que se observa es que cuando llegaron al sistema penal ninguno estaba institucionalizado, es decir, que no iba a la escuela ni a un club ni tenía un control social de alguna de las instituciones tradicionales.
Los jóvenes terminan encontrando contención en el delito y no en otros ámbitos. Claro que hay excepciones, pero ocurre en un gran porcentaje que fallan las intervenciones primarias del Estado antes de que lleguen al sistema penal.
- La desigualdad también es un denominador común.
- Hay muchos estudios de criminología que intentan explicar esto. La teoría explica que en la diferencia entre las expectativas que genera el sistema y las posibilidades de acceder es donde se produce el delito. Hay muchas formas de pensarlo y entenderlo pero la desigualdad es lo que termina provocando que esos jóvenes ingresen al mundo del delito.
Hay una relación muy grande entre delito y consumo. Si se observa, la mayoría de los delitos son contra la propiedad. Los pibes quieren acceder, quieren tener algo porque hoy los valores que están impregnados en este sistema es que para ser tenés que tener.
En la ciudad de Rosario ocurre, a diferencia de otras localidades, que los adultos utilizan a los adolescentes para cometer delitos. Y allí también está el consumo porque hasta en el sicariato, el joven lo hace por dinero, es decir para poder consumir, y con ello ser parte de la sociedad.
Creo que muchas instituciones son expulsivas y no contienen. Si ese joven no tiene las condiciones para practicar un deporte se va a sentir discriminado, si no tiene el dinero para comprarse unos botines, no va a ir a entrenar.
- ¿Cómo se trabaja para abordar estas desigualdades?
- Impulsamos la creación de la Mesa de las Infancias y convocamos a todos los actores que trabajan en ese tema. Creemos que hay que revisar todas las estructuras del Estado para pensarlas de nuevo, de forma articulada. Eso es lo que hace falta ahora para poder diseñar un abordaje que sea funcional. Porque a lo mejor la estructura que heredamos no nos sirve para abordar al sujeto actual que se va modificando y se presenta con diferencia en distintas localidades, como en Rosario donde hay adultos detrás de esos adolescentes en conflicto con la ley.
- ¿Qué puede ocurrir con las y los jóvenes cuando cumplen 18 años?
- Pueden ocurrir varias cosas porque con adolescentes el sistema penal está pensado en forma diferente del adulto. El juez debe valorar el tránsito que se le ordena, que vaya a un oficio, que practique una actividad deportiva o asista a la escuela. El juez valora cada caso para otorgar la libertad o disponer que cumpla el resto de la pena en prisión bajo el régimen de adultos o que termine de cumplir la sentencia fuera de prisión.
- ¿Qué opinás cuando se reclama una baja en la edad de imputabilidad?
- No coincido con ese pedido porque los datos revelan que no son muchos los casos de menores de 16 años que cometen delitos y eso está demostrado estadísticamente. Las últimas estadísticas de Nación del año 2020 revelaron que en todo el país había 5.500 jóvenes entre 16 y 18 adolescentes sometidos a proceso penal y 1000 estaban privados de libertad. A menor edad ese número es aún más bajo.
En esa franja etaria, el Estado tiene que ser más "social" que "penal", sobre todo porque es un joven que está vulnerable, en una etapa de desarrollo de su personalidad.
Las infancias y la adolescencia son los sujetos más protegidos por la legislación internacional, nacional y regional pero en la práctica son a quienes más se violan sus derechos.
Entonces, bajar la edad de imputabilidad no cambiaría nada; la experiencia de otros países donde han aumentado las penas no generó una disminución del delito sino todo lo contrario. Utilizaría el gasto que genera a un Estado ir contra ese menor a tan poca edad en prevenir.