La Corte reforzó con tres secretarios letrados al Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) que debe juzgar a la vicepresidenta Cristina Kirchner como jefa de una asociación ilícita que cobró sobornos por más de 200 millones de dólares a contratistas del Estado en el juicio oral por la causa de los Cuadernos de las Coimas. Esta causa, abierta por el fallecido juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli, que en agosto cumplirá cuatro años de instrucción.
A tres años de la denuncia
Causa cuadernos: refuerzan el tribunal
Los jueces de la Corte Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, dispusieron ese refuerzo de personal mediante la resolución 662/2022 del 27 de abril pasado.
La orden administrativa fue interpretada en fuentes judiciales como una señal de apoyo a ese juicio que investiga el caso de corrupción más grande del gobierno de Néstor y Cristina Kirchner.
Tres años
El 1 de agosto de 2021 se cumplieron tres años desde que inició en la justicia federal el expediente conocido como los Cuadernos de las Coimas.
El Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) pidió en cinco ocasiones recursos a la Corte Suprema de Justicia para poder imprimir mayor celeridad al caso, pero no obtuvo respuesta.
Mientras, el mayor trabajo que se hace es la digitalización de documentación que se guarda en contenedores a la intemperie. La principal acusada en la causa es Cristina Kirchner junto a más de medio centenar de empresarios contratistas del Estado.
Oscar Centeno, el chofer de Roberto Baratta -mano derecha del ex ministro Julio De Vido- llevó durante años un detallado registro del recorrido de los bolsos con dinero, presuntamente proveniente de coimas millonarias que empresas de la construcción, entre otras, pagaban a los gobiernos kirchneristas desde 2003 y hasta 2015.
Esa "bitácora de la corrupción", como se la llamó más de una vez, permitió reconstruir día por día -literalmente- dónde y quiénes reunían y entregaban dinero a Baratta, adónde se llevaban esos tesoros ilegales y a cuánto ascendían sus montos.
Un amigo de Centeno que tuvo en su poder aquellos cuadernos se los cedió al periodista de La Nación Diego Cabot, quien comenzó a comprobar su contenido y pocas semanas después decidió llevarlo a la Justicia. Bajo estricta reserva, el fiscal Stornelli y el juez Bonadio trabajaron en ese mismo sentido, hasta que el 1 de agosto de 2018 decidieron detener al chofer y descubrir el juego.
Desde entonces, el expediente completó 220 cuerpos, que guardan las 231 medidas realizadas durante la instrucción: testimonios y confesiones de políticos, allegados y los más importantes empresarios del país; informes de la AFIP, la ANAC, el RENAR y de otros organismos del Estado, registros de cámaras de seguridad, extractos bancarios y todo tipo de papeles.
Trámite tortuoso
Los Cuadernos de las Coimas fue considerada por los instructores como la mayor investigación en materia de corrupción, pero a tres años del inicio del expediente, la causa no logra avanzar en el Tribunal que tendrá a cargo el debate oral.
Lo único que prosperó en los últimos meses respecto del caso que instruyeron el fallecido juez Bonadio y el fiscal Stornelli, fueron los planteos de Cristina Kirchner, principal imputada como supuesta jefa de la asociación ilícita que se dedicó a la recaudación de pagos ilegales. La vice logró reducir a la mitad las acusaciones en su contra y dejar sin efecto los pedidos de prisiones preventivas.
La acusación con la que se elevó a juicio oral la causa en septiembre de 2019 cuenta con otros seis expedientes vinculados, con los que se buscó analizar área por área todos los contratos concedidos por el Ministerio de Planificación Federal.
Así, se abrieron causas por las coimas en importación de gas licuado, en la concesión de peajes, el otorgamiento de los subsidios a las empresas de colectivos y trenes, la cartelización de obra pública y las operaciones de lavado de activos del ex secretario privado de los Kirchner, Daniel Muñoz.
Todas estas investigaciones están relacionadas con el expediente principal del caso, en el que la vicepresidenta está procesada como jefa de la asociación ilícita.
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