Luego de la aprobación en Diputados a principios de junio, el Senado aprobó hoy el proyecto que busca recomponer los haberes jubilatorios y aumentar el bono de $70.000, congelado desde su entrada en vigencia. Si bien el Gobierno adelantó que vetará la iniciativa que la cámara alta convirtió en ley, quedan instancias para que el incremento se haga efectivo.
Recomposición de haberes
Cuánto aumentarán las jubilaciones en base a la ley que aprobó el Senado este jueves
El Congreso transformó en ley el proyecto que sube los haberes jubilatorios y el bono de $70.000. Aunque el Gobierno planea vetar la norma, el incremento podría quedar firme.
Aspectos principales de la nueva legislación jubilatoria
En la actualidad, el haber mínimo para jubilados y pensionados alcanza los $309.294,79, mientras que el haber máximo es $2.081.261,17.
Estos valores reflejan los ajustes mensuales por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) dispuestos desde la entrada en vigencia de la nueva fórmula de movilidad en abril de 2024. En el caso de aquellos que cobran mínima, se suma el bono de $70.000, por lo que el monto total llega a $379.294,79.
El proyecto prevé una suba para todas las jubilaciones y pensiones del 7,2% y elevar el bono a $110.000. Es el porcentaje necesario para que el aumento extraordinario de 12,5% otorgado por decreto en abril del año pasado alcance 20,6%, nivel que corresponde a la inflación de enero de 2024.
De esta manera, los haberes mínimos, tomando como base los montos actuales, quedarían en $441.564. Se trata de una suba total de 16,4%. En el caso de los haberes máximos, estos quedarían en $2.231.111.
Aquellos que perciben la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), con aumento, empezarían a cobrar $317.436 frente a los $247.436 que reciben actualmente.
La postura del Ejecutivo frente a los cambios propuestos
El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró este martes que la jubilación promedio para quienes aportaron ronda los 900.000 pesos. Para ese haber la suba sería de $964.800.
En la Casa Rosada afirman que de aprobarse los aumentos, se vetará la ley y si el Congreso consigue los votos para rechazar el veto irán a la Justicia. El Ejecutivo busca mantener el equilibrio fiscal a como dé lugar.
“Esperemos que los senadores no apoyen esta demagogia populista pero de cualquier forma nuestro compromiso es vetar cualquier cosa que atente contra el DÉFICIT CERO”, desafió el presidente en sus redes sociales tras la votación.
El aumento del bono a $110.000, y su posterior actualización por inflación, tendría un costo fiscal de alrededor de 0,26% del PBI, ya que la Oficina del Presupuesto del Congreso había calculado que el impacto fiscal sería de 0.23% si se llevaba a $105 mil y de 0.30% si quedaba en $115 mil. Finalmente la oposición terminó consensuando una cifra intermedia.
Según un informe elaborado por el Palacio de Hacienda, el aumento del 7,2% para las jubilaciones y pensiones abonadas por la ANSES tendrá un costo de 0,20% del PBI para el 2025 y del 0,42% para 2026. En total acumulan un 0,7% del PBI.
También fue aprobada por Diputados la restitución por dos años de la moratoria previsional, el sistema que permitía que las personas sin los 30 años de aportes pudieran comprar los saldos faltantes para acceder a la jubilación mínima.
La moratoria previsional había quedado sin efecto en marzo cuando el Gobierno decidió no prorrogarla. La oposición asegura que sin este esquema 7 de cada 10 personas no van a poder jubilarse.
El documento aprobado por Diputados, a diferencia de intentos anteriores de aumentar las jubilaciones, incluye posibles formas de financiar el gasto extra del Estado. Esto responde también a los cuestionamiento previos del Ejecutivo. El presidente Javier Milei le había planteado a la oposición: “A quién quieren que le cobremos impuestos, que nos digan a quién le quieren arruinar la vida”.
Para garantizar los recursos, el Congreso propuso la eliminación de la exención al IVA para los directores de empresa, la eliminación de la exención del impuesto a las ganancias a las sociedades de garantía recíproca, que se destine el ahorro presupuestario logrado cuando el FMI quitó los recargos a los intereses, la nacionalización de los fondos de ACARA y de CSA de los entes recaudadores por los registros automotor y un redireccionamiento de todas las partidas que por DNU le fueron otorgadas a la SIDE.
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