Juez obliga a hospital a desconectar a embarazada declarada con muerte cerebral

Un juez de Fort Worth (EE.UU.) ordenó en las últimas horas que el cuerpo de Marlise Muñoz, una mujer embarazada declarada en muerte cerebral, sea desconectada del respirador artificial el próximo lunes, al considerar que está muerta y el feto no es "viable".

El juez R.H. Wallace dio así la razón a los familiares de Muñoz, que pedían desconectarla, y se opuso a la directiva del hospital John Peter Smith de Fort Worth (Texas), que alegaba que la ley de ese estado no lo permite en el caso de mujeres embarazadas.

Marlise Muñoz, oriunda de Texas, de 33 años de edad y embarazada, sufrió una embolia pulmonar a finales de noviembre y fue declarada entonces en muerte cerebral.

El hecho de que Muñoz ya había sido declarada muerta y las pruebas de que el feto sufrió graves consecuencias fueron dos elementos cruciales para la decisión del juez, según los periodistas locales presentes en la audiencia.

"Respeto los argumentos del hospital tratando de seguir la ley, pero sus secciones no son aplicables para alguien que esté muerto", declaró el juez, según recoge "The Dallas Morning News".

Durante el litigio, que generó un gran debate social en EE.UU. sobre lo que implica ser declarado en muerte cerebral, los juristas que respaldan la postura de la familia explicaron que la ley tejana -como la de unos 20 estados- se refiere a mujeres embarazadas en estado vegetativo o de coma, no en muerte cerebral.

El otro elemento decisivo fue el estado del feto, de unas 22 semanas, que no era "viable", un punto que los abogados de la familia defendieron en un comunicado esta semana.

"Las extremidades inferiores se deforman de manera que el género del feto no puede determinarse", argumentaron en el escrito.

Desde el principio, la familia consideró inhumano que el feto siguiera creciendo bajo esas circunstancias, en un cuerpo clínicamente muerto y sin un funcionamiento correcto, y además argumentó que el embrión sufrió durante la embolia la misma falta de oxígeno y las mismas sacudidas eléctricas que la madre.

En este punto ambas partes coincidieron en afirmar que la "viabilidad" del feto no existía y por la tarde, antes de la resolución del juez, los abogados de la familia y el hospital presentaron un documento consensuado que así lo reconoce.

El juez subrayó que, de estar viva, la madre tendría que haber abortado vista los daños que presenta el feto.

La resolución del juez responde a una demanda que el marido, Erick Muñoz, en nombre también de los padres de la paciente, presentó el pasado 14 de enero para que la justicia apoyara su voluntad de desconectarla del respirador.

La familia lo defendió desde el primero momento, tanto por su opinión favorable como por la que Marlise, profesional de la sanidad, hizo explícita en conversaciones sobre el tema en vida.

El próximo lunes, a las 5 de la tarde hora local (23 GMT), los médicos deberán desconectar el cuerpo de Muñoz, dos meses después de que sufriera la embolia que le provocó la muerte cerebral.

La ley a la que se remitió durante todo el proceso el hospital fue aprobada por el Congreso tejano en 1989 y modificada en 1999, y establece que nadie puede acabar con un tratamiento para mantener la vida artificialmente de una paciente embarazada.

En su argumentación, los dos abogados de la familia justificaron que el hospital "interpreta erróneamente" la ley tejana: si la paciente está muerta, ni puede estar embarazada ni se le pueden aplicar medidas para sustentar la vida, ya que no dispone de vida.