El acuerdo por la regulación legal del cannabis está integrado por organizaciones no gubernamentales provenientes del campo de los derechos humanos, las ciencias sociales, la seguridad, la educación y la salud mental; también por asociaciones civiles dedicadas a difundir información sobre reducción de riesgos y daños y sobre el cannabis y sus distintos usos.
Más de 20 organizaciones
Presentaron un Acuerdo por la Regulación Legal del Cannabis
Desde este conjunto de organizaciones señalan que "nos une la lucha por una reforma profunda de las políticas de drogas, que ponga al sujeto en el centro de las acciones tendientes a mejorar la salud y la seguridad entendidas como derechos".
El evento de presentación del Acuerdo se hizo en la Sede de la Asociación Civil Cogollos del Oeste. Ahí se suscribió al acuerdo que acordaron 28 organizaciones no gubernamentales, entre ellas Mamá Cultiva, CELS, Centro de Estudios de la Cultura Cannábica (CECCa) Intercambios Asociación Civil, , Cogollos del Oeste, Fundación Miradas, la multisectorial de Rosario, Arda, Ilsed (Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia), Asociación Civil Enclaves, Universidad Nacional de José Clemente Paz, Red Argentina por los Derechos de los/las usuarios de drogas (Radau) y Centro de Estudios Avanzados sobre Drogadependencias de la Universidad de Rosario.
Teniendo en cuenta los distintos datos sobre las cantidades que se consumen en nuestro país, y partiendo de estimaciones del Sedronar, el Ministerio de Seguridad y las Naciones Unidas, el monto que genera el narcotráfico oscila entre los 135 y los 200 millones de dólares por año.
Los cinco puntos del acuerdo
La regulación legal del cannabis en la Argentina para personas mayores de 18 años es una medida necesaria y urgente, que debe basarse en el respeto por las libertades individuales y las prácticas culturales. Esta regulación busca minimizar las secuelas del narcotráfico y proteger la salud pública, no promover el consumo.
Tanto el consumo responsable del cannabis y sus derivados como su acceso en condiciones que impliquen la máxima reducción de riesgos, daños y vulnerabilidades constituyen el principal objetivo de las políticas públicas en la materia. Restricciones similares a las vigentes para el tabaco podrían aplicarse al cannabis.
El cannabis es la sustancia psicoactiva más utilizada en el país después del alcohol y del tabaco. Las características del mercado ameritan un sistema de producción, distribución y comercialización a gran escala que cubra la demanda existente y sea lo suficientemente estricto para resguardar los fines sanitarios de la regulación.
El autocultivo y los clubes sociales o las formas cooperativas para producir cannabis deben ser protegidos por la regulación, al igual que la disponibilidad de semillas. Son prácticas amparadas constitucionalmente que además posibilitan el acceso democrático y equilibran el precio de mercado.
La regulación legal del cannabis presupone no criminalizar conductas asociadas al consumo. Esto también aplica al resto de las sustancias psicoactivas, como sostiene el fallo Arriola de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. De lo contrario, se seguirán coartando derechos humanos de los usuarios de estas sustancias.
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