La Asamblea Legislativa de Río de Janeiro, a través de su Comisión de Derechos Humanos, reclamó explicaciones urgentes por la brutal “Operación Convención”, que dejó 64 muertos y más de 80 detenidos en distintos barrios humildes de la ciudad.

La Comisión de Derechos Humanos de Río de Janeiro repudió el megaoperativo contra el Comando Vermelho que dejó al menos 64 muertos y más de 80 detenidos. La diputada Dani Monteiro advirtió que “el Estado no puede actuar como si existiera pena de muerte”.

La Asamblea Legislativa de Río de Janeiro, a través de su Comisión de Derechos Humanos, reclamó explicaciones urgentes por la brutal “Operación Convención”, que dejó 64 muertos y más de 80 detenidos en distintos barrios humildes de la ciudad.
El despliegue fue ordenado por el gobernador Cláudio Castro y dirigido contra el Comando Vermelho, una de las principales organizaciones narco del país. Hubo enfrentamientos armados, cortes de transporte, cierre de comercios y miles de vecinos aterrados.

Dani Monteiro, diputada del PSOL y presidenta de la comisión, afirmó que las fuerzas de seguridad “actúan como si las favelas fueran territorio enemigo”. Aseguró que el operativo es “letal y sin precedentes” y exigió una investigación independiente de lo ocurrido.
La legisladora también apuntó contra el gobernador: “Insiste en actuar solo, mientras el Ministerio de Justicia afirma que respondió a todos los pedidos del estado. Río necesita cooperación, no disputas políticas”.

Entre los fallecidos figuran al menos cuatro policías civiles y más de 60 presuntos integrantes del Comando Vermelho, aunque organizaciones sociales denuncian que algunas víctimas serían civiles. “No hay claridad sobre las identidades, ni un protocolo transparente”, advirtieron.
El operativo elevó la tensión entre Cláudio Castro y el presidente Lula da Silva. Mientras el gobernador se quejó por la falta de apoyo nacional, desde Brasilia respondieron que nunca hubo un pedido formal de asistencia federal para este despliegue.

Surgido en los años '70 en las cárceles de Río, el Comando Vermelho creció hasta controlar el 90% de las favelas en los '90. Hoy, sus operaciones incluyen narcotráfico, extorsión y hasta aplicaciones ilegales de transporte. Se enfrenta al PCC y otras bandas en una guerra por el control del territorio.
Pese a la caída de varios jefes históricos como “Fernandinho Beira-Mar”, su estructura sigue activa en gran parte de Brasil. La policía sostiene que la banda se financia también con estaciones de servicio y operaciones transfronterizas.

Periodistas locales y referentes políticos acusaron al gobernador Castro de montar un “espectáculo represivo” con fines electorales. “Quiso posicionarse para ser senador. Pero lo único que logró fue sembrar más miedo y violencia”, denunció el corresponsal Lucas Rocha.
La Comisión de Derechos Humanos concluyó su pronunciamiento con un llamado a la transparencia: “El Estado debe rendir cuentas. No se construye seguridad desde la masacre. Exigimos respeto a la vida y a los derechos básicos”.
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