El Congreso de los Diputados de España rechazó este viernes dos decretos-ley impulsados por el Gobierno para afrontar la crisis habitacional. Las iniciativas, aprobadas esta semana, incluían medidas destinadas a reforzar la protección de los inquilinos, ampliar la estabilidad de los contratos de alquiler y establecer mecanismos de protección para personas vulnerables.
El Congreso español frenó dos medidas del Gobierno para contener la crisis de vivienda
Las dos iniciativas incluían medidas sobre alquileres, contratos de vivienda y protección frente a determinados desahucios. El primer decreto fue rechazado por 178 votos contra 172 y el segundo por 184 contra 166.

El primer decreto, referido a la protección de la función social de la vivienda y la ampliación de la oferta de vivienda asequible, obtuvo 172 votos a favor y 178 en contra, por lo que no fue convalidado.

Entre otras disposiciones, el texto contemplaba la suspensión temporal de determinados desahucios de personas vulnerables sin una alternativa habitacional, medidas de protección para los inquilinos y cambios fiscales vinculados a la vivienda. También establecía limitaciones temporales para determinadas adquisiciones de viviendas.
Rechazo al decreto sobre los contratos de alquiler
El segundo decreto, destinado a reforzar la estabilidad de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual, fue rechazado por 166 votos a favor y 184 en contra.

La norma establecía una prórroga extraordinaria de determinados contratos de alquiler por hasta dos años y contemplaba límites para la actualización anual de las rentas en determinados casos. El decreto había entrado en vigor el mismo viernes, pero perdió sus efectos tras no conseguir la convalidación parlamentaria.
El texto también buscaba dar mayor estabilidad a los contratos de vivienda habitual cuya finalización estuviera prevista antes del 31 de diciembre de 2027. En determinados supuestos, los inquilinos podían solicitar una prórroga extraordinaria de hasta dos años adicionales.
Cruce de posiciones en el Congreso
Durante el debate, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, defendió las medidas y cuestionó a los grupos que votaron en contra. En particular, acusó a los sectores opositores de actuar en defensa de los intereses vinculados al mercado de alquiler.

Desde el Partido Popular, el diputado Sergio Sayas cuestionó el contenido de las iniciativas y sostuvo que las medidas afectaban la seguridad jurídica y generaban un conflicto entre los intereses de propietarios e inquilinos.
Los bloques parlamentarios mantuvieron así posiciones enfrentadas respecto de la forma de abordar el problema habitacional: mientras el Gobierno defendía una mayor protección y regulación de los alquileres, sus detractores planteaban objeciones vinculadas con la seguridad jurídica, el funcionamiento del mercado y los derechos de los propietarios.

Organizaciones como Amnistía Internacional y Oxfam Intermón lamentaron el rechazo de los decretos y consideraron que la decisión supone un retroceso en materia de acceso a la vivienda.








