Cuba puso en vigencia un reglamento de ciberseguridad, que tipifica como delitos la "subversión social", la difusión de noticias falsas en internet y el ciberterrorismo, un texto que parece llamado a abrir una polémica a poco más de un mes de las protestas en varias ciudades, llamadas en buena medida a través de las redes sociales. La nueva disposición, la primera de su tipo que aprueba el gobierno cubano en materia de telecomunicaciones, entró en vigor a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de tres decretos ley del Consejo de Ministros e igual número de resoluciones del Ministerio de Comunicaciones.
"Es la primera vez el país contará con una norma jurídica en la que se asocian incidentes de ciberseguridad y tipificaciones que superan los límites de lo tecnológico", señaló el director de Ciberseguridad de la cartera, Oablo Domínguez, citado por el portal oficial de noticias Cubadebate. El reglamento, que es de "obligatorio cumplimiento para personas naturales y jurídicas", establece 17 incidentes o delitos de ciberseguridad, que van de "niveles de peligrosidad" de "medio" a "muy alto".
Entre ellos, destaca la "subversión social" para "alterar el orden público" y "promover la indisciplina social", el ciberterrorismo y la ciberguerra, reportó la agencia de noticias AFP. También figuran, entre otros, la "divulgación de noticias falsas, mensajes ofensivos, difamación con impacto en el prestigio del país", el ciberacoso, el engaño pederasta, el servicio de TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) ilegal y el robo de información. La difusión de la nueva normativa generó algunas quejas en las redes de parte de quienes consideran que se ataca la libertad de disentir.
También el director de Human Rights Watch en América, José Miguel Vivanco, advirtió que el "régimen cubano restringe aún más" la red, al publicar "normas que permiten interrumpir Internet cuando se publique información que el gobierno considere falsa", según escribió en su cuenta de la red Twitter.
La culpa es de Estados Unidos
Vivanco, por otra parte, lamentó que Cuba trate a la divulgación de noticias que dañen, supuestamente, lo que el gobierno de la isla llama "el prestigio del país", como casos de ciberseguridad. Internet móvil, que llegó a Cuba recién en 2018, se convirtió en el gran aliado de las organizaciones ciudadanas y grupos opositores para expresar sus demandas y fue vital el 11 de julio pasado, cuando las manifestaciones se reprodujeron de manera masiva en las redes en toda la isla. En tal sentido, debe interpretarse que todo aquel que opine distinto es un posible "ciberatacante".
El último jueves, La Habana se quejó de la "agresión" del Senado de Estados Unidos porque habilitó al gobierno de Joe Biden a brindar acceso a Internet a los cubanos, para sortear un eventual apagón digital del Ejecutivo de la isla. Es que en las jornadas que siguieron a las manifestaciones del 11 de julio, durante cinco días no hubo aplicaciones ni conexiones. Ahí fue que Biden anunció que su administración analizaba cómo sortear esas interrupciones.
El Senado estadounidense aprobó el pasado martes una enmienda que crearía un fondo destinado a desarrollar y desplegar la tecnología ya existente con el objetivo de proveer de internet a los cubanos. En esa misma línea, los departamentos del Tesoro y el Comercio de Estados Unidos emitieron un día después una hoja informativa que detalla los pasos para las concesiones de licencias para los servicios de Internet y telecomunicaciones relacionados con Cuba.
Para sumar a la polémica sobre la cuestión, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, hizo público un informe que "refleja amplio acceso al TIC en Cuba, con más de 7 millones de usuarios en Internet y más de 6 millones de usuarios activos en redes sociales". "Cuba Informatiza a pesar de política de bloqueo de Estados Unidos", destacó el diplomático en su cuenta de Twitter.