El 11 de marzo de 2026, a las 9:30 de la mañana, el Tribunal Constitucional de Italia celebrará una audiencia pública que podría marcar un antes y un después para miles de descendientes de italianos en el mundo. La cuestión: si mantiene o deroga el Decreto Tajani, la norma aprobada en 2025 que restringió drásticamente el acceso a la ciudadanía italiana por descendencia (ius sanguinis).
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Italia decide en marzo de 2026 el futuro de la ciudadanía por descendencia: “Es una puerta que podría volver a abrirse”
El Tribunal Constitucional debatirá si revierte los efectos del polémico “Decreto Tajani”, la norma que en 2025 endureció las reglas para realizar el trámite. En diálogo con El Litoral, el Dr. Emiliano Rosalia subrayó el impacto simbólico y concreto que tendría una decisión favorable para descendientes en Argentina, ya que muchos podrían retomar trámites paralizados y abrirse una nueva corriente de solicitudes.
Para muchos argentinos —entre ellos numerosos santafesinos— el fallo podría significar recuperar un derecho que consideraban perdido. “Hay fundamentos sólidos para que el Tribunal declare la inconstitucionalidad del decreto”, afirma el abogado italiano, Dr. Emiliano Rosalia.
Cuándo y cómo se "cerraron las puertas"
Hasta marzo de 2025, la ciudadanía italiana por derecho de sangre contemplaba un acceso prácticamente ilimitado: hijos, nietos, bisnietos e incluso generaciones más lejanas podían obtener el reconocimiento sin mayores obstáculos. Sin embargo, con la sanción del Decreto Tajani, esa tradición cambió de raíz.
La norma limitó el derecho automático solo a quienes pudieran acreditar que su ascendiente había nacido en Italia y conservado su ciudadanía, dejando fuera a miles de descendientes de emigrantes.
A ello se sumó otro golpe: desde enero de 2025 comenzó a regir una tasa de 600 euros para iniciar cualquier trámite —judicial o administrativo— que, sumada a traducciones, apostillas y certificaciones, encareció el acceso de forma considerable. “Mucha gente ya había invertido tiempo y dinero en sus carpetas y, de un día para el otro, se encontró ante un cierre total”, recuerda el Dr. Rosalia.
Por qué se planteó una demanda constitucional
Un grupo de ocho solicitantes venezolanos de ascendencia italiana presentó ante el Tribunal Constitucional de Italia un recurso contra la nueva norma. Argumentan que la ley vulnera un principio consagrado en generaciones de jurisprudencia: la ciudadanía por descendencia no puede retrotraerse ni condicionarse con carácter discriminatorio o retroactivo.
La demanda recibió el respaldo de asociaciones de defensa de derechos de la diáspora y contó con asesoramiento de destacados abogados especializados. Ese planteo no se limita a estos ocho casos: refleja una expectativa compartida entre comunidades de descendientes en América Latina, entre ellos la numerosa colectividad italo-argentina.
“Podría volver a abrirse la puerta”
Desde su estudio legal con base en Roma —y con conexiones en Santa Fe— el Dr. Emiliano Rosalia analiza con esperanza la próxima audiencia. “Hay fundamentos sólidos para que el Tribunal declare la inconstitucionalidad del decreto, sobre todo por su aplicación retroactiva a quienes nacieron antes del 27 de marzo de 2025”, sostiene.
Para Rosalia, la esencia del ius sanguinis está en juego: “La ciudadanía italiana siempre fue considerada un derecho adquirido por nacimiento. Nadie puede perderlo salvo por decisión personal de renunciar. Cuando una norma pretende alterar eso de forma retroactiva, se vuelve incompatible con la Constitución”.
Además, el abogado subrayó el impacto simbólico y concreto que tendría una decisión favorable para descendientes en Argentina: muchos podrían retomar trámites paralizados, y abrirse una nueva corriente de solicitudes, en un contexto donde Italia necesita rejuvenecer su estructura demográfica.
También, Rosalia reconoció el costado emocional de esos meses: “Lo más difícil fue explicarle a la gente que veía cómo su esfuerzo se desmoronaba. Algunos habían ahorrado durante años para pagar traducciones, apostillas o búsqueda de partidas. Fue devastador”, admitió.
Lo que está en juego para la diáspora latinoamericana
Si el fallo resulta favorable, no solo se revertirá una medida administrativa: podría restaurarse un vínculo legal, simbólico y cultural entre Italia y su extensa diáspora. Descendientes hasta hoy excluidos —bisnietos, tataranietos— podrían recuperar su derecho a la ciudadanía, lo que implica trámites, derechos, pero también identidad.
Para los consulados, tribunales y oficinas en Italia y en el exterior, implicará un probable incremento en solicitudes. Para quienes esperan con paciencia, una esperanza renovada.
Al calor de la inminente audiencia, las expectativas se mezclan con la ansiedad. Pero para muchos descendientes de italianos —argentinos, venezolanos, latinoamericanos— marzo de 2026 representa una posibilidad concreta de reconectar con sus raíces legales, de reabrir una puerta que se había creído cerrada para siempre.
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