El Parlamento israelí (Knesset) aprobó el lunes, con 93 votos a favor y ninguno en contra, una ley para establecer un tribunal militar especial para los palestinos sospechosos de participar en el ataque liderado por Hamás el 7 de octubre de 2023.
Israel aprobó una ley para establecer un tribunal especial para los sospechosos del atentado de Hamás
Esta legislación prevé la creación de un tribunal especial dentro del sistema de justicia militar para juzgar a los aproximadamente 300 atacantes capturados por las fuerzas de seguridad.

Esta legislación prevé la creación de un tribunal especial dentro del sistema de justicia militar para juzgar a los aproximadamente 300 atacantes capturados por las fuerzas de seguridad dentro de Israel durante la invasión y que permanecen detenidos desde entonces, reportaron los medios israelíes Times of Israel y Jerusalem Post.
El ministro de Justicia, Yariv Levin, calificó la aprobación de la ley como “uno de los momentos más importantes de la actual Knesset. Se percibe que estamos haciendo lo correcto al encontrar la manera de unirnos en este momento, incluso en vísperas de las elecciones y a pesar de todos los desacuerdos existentes”.
Según la legislación vigente, el tribunal podrá acusar a los agresores de todos los delitos pertinentes, incluido el genocidio en virtud de la Ley israelí de 1950 para la Prevención del Genocidio, el atentado contra la soberanía israelí, la instigación a la guerra, la ayuda a un enemigo en tiempos de guerra y los cargos de terrorismo en virtud de la ley israelí de 2016 para la lucha contra el terrorismo.
Quienes sean declarados culpables de cargos de genocidio podrán ser castigados con la pena de muerte.
La legislación también estipula que ninguna persona sospechosa, acusada o condenada por delitos cometidos el 7 de octubre podrá ser puesta en libertad mediante acuerdos de liberación de presos.
El tribunal está autorizado a imponer la pena de muerte, una sentencia que no se ha ejecutado en Israel desde 1962, con el criminal nazi Adolf Eichmann.
La ley ha suscitado críticas generalizadas por parte de organizaciones de derechos humanos. “El proyecto de ley niega a los sospechosos las garantías procesales básicas esenciales para un juicio justo”, declaró Adalah, una organización jurídica que defiende los derechos de la minoría árabe en Israel, en un comunicado citado por la agencia Xinhua.
Añadió que cualquier sentencia de muerte resultante constituiría “una privación arbitraria de la vida, absolutamente prohibida por el derecho internacional y potencialmente un crimen de guerra”.
El ataque
El ataque del 7 de octubre dejó alrededor de 1.200 muertos en Israel y condujo al secuestro de más de 250 personas, según cifras israelíes. Además, desencadenó la operación militar masiva israelí en toda Gaza que dejó en ruinas el enclave palestino y que ha cobrado al menos 72.737 vidas, indicaron las autoridades de salud en Gaza.








