Un juez federal de Estados Unidos dio este lunes curso a una orden solicitada por el fiscal especial Jack Smith para prohibir al expresidente Donald Trump difundir información confidencial sobre el juicio por el caso de los documentos clasificados.
Estados Unidos
Le prohibieron a Trump difundir información sobre el juicio de los documentos clasificados
"Los materiales descubiertos, junto con cualquier información derivada de los mismos, no podrán ser divulgados ni al público ni a los medios de comunicación, ni en ninguna plataforma de redes sociales sin previo aviso y consentimiento del tribunal", señaló en su fallo el juez Bruce Reinhart.
En este sentido, los acusados, tanto Trump como su ayudante Walt Nauta -imputado en el mismo caso- solo tendrán acceso a las informaciones del proceso judicial bajo la supervisión directa de su equipo legal. "Los acusados no conservarán copias del material", agregó.
En caso de incumplir la orden solicitada por el fiscal especial Smith, alertó el juez Reinhart, los dos acusados podrán enfrentarse a cargos penales por desacato al tribunal, así como a otras sanciones civiles, informó la cadena ABC.
Los 37 cargos contra Trump van desde la retención deliberada de información de defensa nacional hasta la conspiración para obstruir a la justicia en el marco de la investigación en su contra por los numerosos documentos clasificados que se encontraron en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida.
El magnate almacenó cajas en varios lugares de su residencia, como su dormitorio o una de sus oficinas, aunque también se llegaron a encontrar en el baño y en la ducha.
Trump enseñó páginas marcadas como clasificadas en hasta dos ocasiones a varias personas, mientras que también ordenó a Nauta que moviera los papeles de un lado a otro para que no fueran encontrados.
En Estados Unidos, una ley obliga a los presidentes a enviar todos sus correos electrónicos, cartas y otros documentos de trabajo a los Archivos Nacionales y otra norma prohíbe guardar secretos de Estado en lugares no autorizados e inseguros.
En enero de 2021, cuando se fue de la Casa Blanca rumbo a su mansión de Mar-a-Lago, en Florida, Trump se llevó decenas de cajas llenas de archivos.
Según el acta de acusación, esas cajas -algunas con la leyenda "secreto defensa"- quedaron apiladas en el escenario de una sala de baile del complejo hotelero antes de ser transportadas hasta un lugar de guardado ubicado cerca de una piscina.
En enero de 2022, tras recibir varias solicitudes de las autoridades, Trump decidió devolver cajas con unos 200 documentos clasificados.
Convencidos de que no había entregado todos los documentos en su poder, varios agentes del FBI registraron Mar-a-Lago el 8 de agosto y se llevaron otra treintena de cajas con 11.000 documentos en su interior.
El líder republicano, que intenta volver a disputar la presidencia en las elecciones del próximo año, insistió en los últimos días, como hizo a lo largo de años de problemas legales, en que no hizo nada malo y que todo el caso constituye una persecución política para frustrar su retorno al poder.
El proceso es visto como el más comprometedor al que se enfrenta el expresidente. Según los fiscales, podría haber puesto en peligro la seguridad nacional en caso de exposición pública.
Las acusaciones no parecen haber hecho mella en el apoyo de las bases republicanas, y Trump sigue siendo el precandidato del partido que mejor mide en encuestas de cara a las primarias para las elecciones presidenciales de noviembre de 2024.
De todos modos, plantea profundas consecuencias legales dada la perspectiva de una sentencia de varios años de prisión, tanto por el volumen de pruebas que los fiscales dicen haber acumulado como por la gravedad de las acusaciones.
El caso reviste características históricas, porque es la primera vez que el Departamento de Justicia presenta cargos contra un expresidente.
En abril pasado, Trump fue imputado por fraude contable por la Justicia del estado de Nueva York por pagos secretos durante su campaña presidencial de 2016.
El exmandatario enfrenta otras investigaciones en Washington y en el estado de Georgia por presuntos esfuerzos ilegales para revertir los resultados de su derrota electoral contra el demócrata Joe Biden en los comicios de 2020.
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