El debate sobre la legalidad de los aranceles recíprocos implementados por el expresidente Donald Trump sumó este jueves un nuevo capítulo. El Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal de Estados Unidos aceptó una solicitud del gobierno para suspender temporalmente el fallo del Tribunal de Comercio Internacional, que el miércoles había invalidado las medidas comerciales tomadas por la anterior administración.
Medidas en disputa
Un tribunal de apelaciones restableció los aranceles impuestos por Trump
Tras el revés del Tribunal de Comercio Internacional, una instancia superior suspendió el fallo y dio aire a la administración estadounidense. El caso podría escalar hasta la Corte Suprema.
En concreto, el tribunal de apelaciones resolvió que el fallo adverso del Tribunal de Comercio “queda temporalmente suspendido hasta nuevo aviso mientras se analizan los documentos de las mociones”. De esta forma, los aranceles impuestos bajo la administración Trump vuelven a estar vigentes al menos hasta que se tome una decisión definitiva sobre la apelación presentada.
La medida da un respiro a la administración actual, que enfrenta múltiples desafíos para sostener su política comercial. “Ciertamente, el presidente está actuando dentro de los límites de su autoridad”, sostuvo este jueves la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en una conferencia. “Todas las medidas que el presidente ha tomado se basan en facultades legales ya existentes”, subrayó.
El fallo original del Tribunal de Comercio Internacional había sido severo. Según esa instancia judicial, la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, invocada por Trump en su momento para aplicar aranceles de represalia, no otorga una “autoridad sin límites” al Ejecutivo.
Además, la sentencia del miércoles prohibía a la administración aplicar nuevas modificaciones a esos aranceles y bloqueaba la vigencia de todos los gravámenes que Trump había introducido a principios de abril.
Sin embargo, la Casa Blanca reaccionó con rapidez. Apenas conocido el fallo, sus abogados interpusieron un recurso ante el Tribunal de Comercio, solicitando que se suspenda la aplicación de la sentencia mientras se analizaba la apelación. Ante la falta de una respuesta favorable en ese ámbito, recurrieron al tribunal federal de apelaciones, que hoy les concedió medidas provisionales.
“No podemos permitir que un puñado de jueces socave la credibilidad de Estados Unidos en el escenario global”, expresó Leavitt. “El Tribunal Supremo tiene que poner fin a esto”, añadió, anticipando que la batalla judicial podría continuar en la más alta instancia del país.
En paralelo, el juez federal Rudolph Contreras, del distrito de Columbia, emitió una medida cautelar que impide momentáneamente al gobierno cobrar aranceles a dos empresas de juguetes educativos —Learning Resources Inc. y hand2mind Inc.—, que manufacturan sus productos en Asia.
Contreras también calificó los aranceles como “ilegales”, aunque suspendió su propia orden por 14 días para permitir que las partes involucradas puedan presentar un recurso de revisión ante el tribunal de apelaciones.
La puja legal recién comienza y tendrá implicancias no solo comerciales sino también institucionales, en medio de un año electoral clave para Estados Unidos.
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