El decreto que establece que todo buque que se proponga transitar entre puertos argentinos y las islas del Atlántico Sur, como así también navegar aguas jurisdiccionales argentinas, deberá solicitar una autorización al gobierno, fue oficializado hoy a partir de la publicación en el Boletín Oficial.
A través del decreto 256/2010, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner estableció que los buques deberán ‘solicitar una autorización previa expedida por la autoridad nacional competente‘.
Dicha autorización deberá pedirla ‘todo buque o artefacto naval que se proponga transitar entre puertos ubicados en el territorio continental argentino‘ y las islas del Atlántico Sur, ‘o atravesar aguas jurisdiccionales argentinas en dirección a estos últimos, y/o cargar mercaderías a ser transportadas en forma directa o indirecta entre esos puertos‘, según se indica en el artículo 1.
También se establece que los ministerios de Planificación Federal; Economía; Justicia; e Industria y Turismo deberán dictar normas reglamentarias al respecto en el ámbito de su competencia, en consulta con el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Además, bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, se establece la creación de la Comisión Permanente de Evaluación de Regulaciones; que integrarán varios ministerios.
La decisión del gobierno surge en momentos en que empresas petroleras británicas anunciaron el inicio de las actividades de exploración de hidrocarburos en la zona en disputa.
El decreto lleva la firma de la presidenta; el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández; y los ministros de Defensa, Nilda Garré; de Economía; Amado Boudou; de Industria y Turismo, Débora Giorgi; de Planificación, Julio De Vido; y de Justicia, Julio Alak.
El vicecanciller Victorio Taccetti afirmó esta mañana que para las empresas británicas se hará ‘más difícil y más costosa‘ la exploración de hidrocarburos en la zona de las Islas Malvinas".
Télam
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Se establece que todo buque que se proponga transitar entre puertos argentinos y las islas del Atlántico Sur, como así también navegar aguas jurisdiccionales argentinas, deberá solicitar una autorización al gobierno nacional.
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