La decisión del gobierno santafesino de promover cambios de fondo en las leyes que regulan los servicios sanitarios, pretende dar por terminada la etapa normativa de los ’90.
Es verdad que la privatización que fracasó es hija de la ley Nº 11.220. Pero también lo es la regulación de los servicios y el marco regulatorio que se estableció a partir de controlar y regular a un tercero interesado en el agua potable como negocio.
Los cambios que ahora propone el gobierno para el Ente Regulador de los Servicios Sanitarios (Enress) parten de considerar que el prestador, la empresa Aguas Santafesinas (convertida en Sociedad del Estado, no Sociedad Anónima) será definitivamente pública.
Sin embargo, no hay razones para que el Enress pierda su autonomía: su separación económica y funciona del Poder Ejecutivo. Hoy, los directores del Enress tienen el mismo mecanismo de designación que los jueces, porque los propone el gobernador y la Legislatura aprueba o rechaza sus pliegos.
La idea del proyecto de ley en ciernes de producir esa selección mediante concursos puede -tal como ha ocurrido con los jueces- sumar ese mecanismo de selección, sin esquivar el Poder Legislativo.
Aun en los ’90, el pliego de un candidato a director del Enress (el primero, que iba a presidir el Ente) fracasó ante la Legislatura luego de que El Litoral revelara una inconducta del propuesto.
Otro ejemplo: no pocas veces -aun durante la privatización-, los directores que sólo podían ser removidos por la Legislatura (no por el gobernador) tuvieron diferencias sobre cómo se portaba la empresa controlada, que fueron públicas.
Se corre el riesgo de convertir al regulador y controlador es un simple auditor.
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Enress: menos autonomía es menos control
Por Luis Rodrigo
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