En la Argentina, entre tantas inequidades, hay una que sobresale por el daño moral que causa a todos los ciudadanos de bien. En la actualidad subsisten once (11) de las llamadas jubilaciones de privilegio que corresponden a presidentes y vicepresidentes según la Ley Nº 24018 de 1991 y de las que también son beneficiarios sus viudas e hijos.
No es un premio al mérito sino por el hecho de ocupar un cargo en el Poder Ejecutivo, sin importar la duración enel mismo. De acuerdo al último dato disponible en mayo de 2025, se pagaron por ellas $ 134.468.824: es decir el equivalente a 367 jubilaciones mínimas, bono incluido.
Cobraron ese mes Mauricio Macri, Alberto Fernández, María Estela Martínez de Perón y los vicepresidentes María Michetti, Julio Cobos y Daniel Scioli. A ellos se suman:
Alberto Rodríguez Saa, presidente por siete días -del 23 al 30 de diciembre de 2001- que cobró la suma de $15.832.176; Amalia Carmen Guido, $8.352.457, hija de José María Guido, quien gobernó diecinueve meses entre marzo de 1962 y octubre de 1963; Inés Pertiné, $11.585.562, viuda de Fernando de la Rúa, presidente por dos años, entre 1999 y 2001.
También Bety Nelly Andrés ($10.696.502) viuda del general Marcelo Levingston, presidente de facto por nueve meses -de junio de 1970 a marzo de 1971- y Zulema Yoma, viuda del presidente Carlos Saúl Menem.
Por supuesto que todos legitiman lo que reciben por una ley vigente. Pero si no queremos insultar nuestra inteligencia... ¿Cómo puede ser que por pocos días, meses o años se confiera semejante retribución? ¿Cómo se admite que cobre la viuda de un presidente de la dictadura?
Estamos ante una ley absurda que debe derogarse. Los beneficiarios miran para otro lado, la política hace lo mismo. Yo no. Y espero que muchos coincidan que debe terminar tamaña injusticia.