Ley de humedales: ¡El momento es ahora!

Por Florencia González

Concejal UCR de la ciudad de Santo Tomé

Hay debates que no se agotan nunca y que viven en la esperanza de quienes ven en el presente la oportunidad de construir un futuro mejor. Un futuro mejor en aquellos ámbitos que han sido relegados históricamente y que, como dice el dicho popular, "por hache o por b", aún queda muchísimo por concretar. Hay debates que nos deben encontrar tirando a todos del mismo lado y entendiendo de una vez por todas que no se pueden procastinar aún más. El cuidado del ambiente es uno de esos debates. Es por ello que, en el día mundial de los humedales reflexionamos y reactivamos una discusión medioambiental que hace tiempo es una necesidad urgente para nuestra región en particular y para la república en general: una ley de humedales para contribuir a la conservación de todos los humedales de nuestro país.

Es importante mencionar que hacia finales del año 1975, entró en vigencia la Convención Internacional relativa a humedales, conocida comúnmente con el nombre de Ramsar (firmada oportunamente el 2 de febrero de 1971), la cual fue ratificada por nuestro país en el año 1991, veinte años después, por la Ley 23.919 y su complementaria 25.335. Dicha convención tiene por principales objetivos la conservación y el uso racional de los humedales mediante acciones locales y nacionales que se llevan adelante gracias a la cooperación internacional, como contribución a un desarrollo sostenible mundial.

¿Por qué son los humedales ecosistemas de suma importancia? Rápidamente podemos asegurar que no sólo son importantes desde el punto de vista ambiental, sino que también realizan una contribución enorme e indispensable en la esfera social, cultural y económica. Al mismo tiempo, también se menciona que son zonas vitales para la supervivencia humana. Poseen una función esencial en el ciclo del agua debido a que reciben, acumulan y liberan el agua, almacenan grandes cantidades de carbono, constituyéndose en grandes aliados para la mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático.

La Convención de Ramsar, estima que en los últimos 300 años ha desaparecido el 87% de los humedales a nivel global, con pérdidas del 35% desde 1970. En Argentina, por su lado, ocupan cerca del 21% de su superficie. Es por ello que creemos oportuno reafirmar que nuestros humedales requieren de instrumentos normativos claros, que en sus diferentes niveles institucionales, breguen por asegurar su conservación y uso ambientalmente sostenible.

Si hacemos un análisis desde el punto de vista jurídico, las provincias argentinas son dueñas de los recursos naturales existentes en sus territorios conforme el artículo 124 de nuestra Carta Magna. Ahora bien, a los fines de unificar políticas públicas en favor de dichas zonas en particular y del ambiente en general, a lo largo y ancho del país, las provincias le delegaron a la Nación, en el artículo 41 de la Constitución Nacional, la facultad de sancionar leyes de presupuestos mínimos ambientales.

Llevamos más de 7 años desde la primera iniciativa legislativa en la materia pero tuvimos que padecer el año pasado uno de los mayores ecocidios en el país para que la problemática vuelva a estar en la agenda política. Ese contexto acompañado de un incansable trabajo de organizaciones de la la sociedad civil hacen que este sea el año en que el Congreso Nacional efectivamente sancione una Ley de Humedales que nos proponga cumplir con presupuestos mínimos. Esa ley que a finales del 2020 contó con el aval de la comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano. No obstante ello, hacerla realidad también depende del esfuerzo de todos los actores que estamos involucrados y comprometidos con el ambiente en los diferentes niveles de gobierno.

Ahora bien, en ese esfuerzo, un interrogante que no debemos descuidar es ¿qué rol debe asumir la provincia de Santa Fe en la protección, conservación y uso racional de nuestros humedales? Y ese rol es fundamental, desde la armonización de las actividades productivas para evitar la degradación de esos ecosistemas a ser la autoridad local y con dominio sobre sus recursos y por ende la responsable directa de proteger los humedales y las funciones que estos cumplen.

Y acá nos detenemos a analizar otra cuestión que es ¿qué prioridad tiene en términos presupuestarios para el gobierno de la provincia de Santa Fe la cuestión de medioambiente? En ese esquema, analizando la Ley Provincial N°14.017 de Presupuesto General de Gastos y Recursos para el ejercicio económico 2021, el Ministerio con menor presupuesto asignado es el de Ambiente y Cambio Climático, con poco más del 1,5% del total de gastos presupuestados, apenas $ 719 millones. Situación que nos genera muchísima preocupación y tristeza. Pero el análisis no se agota en esos números, es aún más desalentador observar que para la totalidad de las áreas naturales protegidas, de dominio público y privado, el Gobierno Provincial sólo planea invertir tres (3) millones de pesos, apenas el 0.4% del presupuesto del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, que asciende a $ 719 millones de pesos. Si nos permitimos la última comparación, podemos afirmar que cada cien pesos ($ 100) que gasta el Ministerio, sólo cuarenta centavos ($ 0.40) irá destinado a las más de diez áreas naturales protegidas de la Provincia de Santa Fe.

Este análisis pone blanco sobre negro en relación a las prioridades. Prioridad que está muy lejos de lo que la sociedad reclama con justa razón. Muy lejos de las necesidades de una de las áreas naturales más ricas del país. Muy lejos de lo que se necesita para dar respuestas que transformen y no queden en slogan del momento. Lejos de las situaciones que atravesamos con más intensidad el año pasado y de las discusiones en el ámbito nacional e internacional en materia ambiental.

En la misma línea, los gobiernos locales no escapan a ser actores claves en este entramado y asumen la responsabilidad de pensar y ejecutar políticas y estrategias que apunten a consolidar la integración de la variable ambiental en la planificación y gestión local, a través de iniciativas de largo plazo teniendo como norte la preservación de los recursos y el desarrollo humano sustentable.

La ciudad de Santo Tome cuenta con un área natural protegida de 507 hectáreas. Se trata del Humedal Hídrico Natural Laguna Juan de Garay, establecido mediante Ley N°13.585 y el Decreto Provincial N°1685/2019.

Por las características naturales de nuestro humedal, se encuentra en permanente interacción con el vecino de Santo Tomé, lo que reafirma la necesidad de convivir y disfrutar del humedal como la necesidad de comprometernos con su cuidado y preservación.

Bajo estas premisas la necesidad de un Plan Ambiental para la ciudad producto del consenso de todos los actores involucrados de la sociedad civil es el camino a transitar durante este año, en sintonía con los cambios y las transformaciones que han experimentado diferentes ciudades frente a los nuevos paradigmas ambientales; debemos aspirar a una herramienta flexible que priorice la preservación de la calidad ambiental en la ciudad, orientando los procesos de gestión urbana hacia modelos más sustentables, con participación ciudadana y responsabilidad social.

Hay experiencias que deben enriquecerse y consolidarse en el tiempo. Una de ellas resulta la conformación de la Mesa Territorial para el cuidado del medioambiente que se llevó a cabo hace unos meses en la ciudad. Se trata de una experiencia en la que conviven agrupaciones, espacios políticos y sociales, particulares interesados, concejales, docentes y miembros de instituciones de la comunidad, sensibilizados y preocupados por la problemática de los residuos sólidos urbanos en particular, el cuidado de nuestros humedales y la problemática ambiental en general.

La complejidad y la variedad de los desafíos que debemos afrontar nos asegura que tenemos que transitar esta discusión juntos. En primer paso es convocando a todas las fuerzas vivas de la ciudad en pos de lograr los pilares fundamentales que identifiquen a Santo Tomé como una ciudad pujante y diseñar políticas públicas de largo plazo que contribuyan al desarrollo de una ciudad ambientalmente segura, económicamente sostenible y socialmente justa.

Me gusta afirmar que el cuidado del medio ambiente no es una cuestión generacional, sino un compromiso que nos corresponde como sociedad entera. La ley de humedales es un paso que se debe concretar y ojalá sea este año para permitirnos contar, como nos enorgullece decir a quienes tenemos origen en el reformismo universitario, con una libertad más. El momento es ahora.