Las leyes a medias

La media sanción de un proyecto de ley no es igual a tener ya asegurada la mitad de una ley. Es cierto que a esos expedientes les falta solo la medio trámite legislativo pero, como se verá más adelante, la mitad de nada es igual a nada. Como en matemática, en el proceso de la sanción de las leyes cualquier operación que incluya el cero da ese número. Solo hay sanciones parciales hasta que se aprueba una ley, y mientras tanto nada, más allá de la ilusión de haber obtenido una media sanción.

Esta semana, la primera con actividad en el Poder Legislativo tras el receso de invierno, los diputados aprovecharon para avanzar con 29 proyectos de ley que irán al Senado. Y hubo otros 50 en la Cámara alta que, del mismo modo, fueron girados a la baja. A esas producciones en cada Cámara se suman las medias sanciones anteriores, que provienen del año pasado y de la primera mitad de 2022.

Al año no le quedan muchas sesiones con las que se pueda especular y los legisladores que no se hayan anotado a tiempo para una negociación ardua entre Cámaras, con un panorama de elecciones cercanas que dificulta los acuerdos, difícilmente vean que sus iniciativas se conviertan en ley.

Se viene el Mundial que cubrirá buena parte de noviembre y diciembre, y un cierre de año que se huele muy complicado en el país. Quedan tres meses para aprovechar en la Legislatura y en esa agenda hay urgencias que comienzan a tener los necesarios acuerdos para avanzar, sobre todo con designaciones de jueces y fiscales que necesita el Poder Judicial de Santa Fe. Ahora se busca lograr consenso dentro del oficialismo y con la oposición. Aunque acotado a temas puntuales, hay diálogo. Cuesta imaginarlo para febrero de 2023, cuando se piense en el cierre de listas.

Inseguridad e inseguridades

En ese marco de posibles consensos entre Cámaras y con la Casa Gris (tras consultas a expertos y actores de la justicia) figura una ley que Santa Fe se merece, en favor de las víctimas de los delitos. Se trata de atender por fin a quienes sufren a los delincuentes, a sus víctimas y a los familiares de sus tantos muertos.

Esta semana avanzó en la comisión de Seguridad del Senado, en acuerdo con diputados que tienen sus propios proyectos, una iniciativa que busca crear la figura del defensor de víctimas y cambiar el proceso penal para obligar a quienes lo llevan adelante a escuchar los testimonios directos del dolor.

El tema se impone mientras la muerte juega a las casualidades en Rosario, con personas que justo estaban donde las bandas arreglan sus asuntos a los tiros. Tal vez esas escandalosas pérdidas irreparables hayan tapado un caso que también lo es. El del ex funcionario del ministerio de Seguridad, Horacio Lucchini, acusado de procurar mejorar las condiciones de detención del líder de Los Monos, Ariel Cantero, a cambio de 150 mil dólares, según una denuncia que presentó Mariana Ortigala, una testigo de esas supuestas negociaciones que investiga el Ministerio Público de la Acusación desde hace más de un mes. Tal vez la oposición esté esperando la imputación para que se vuelva a hablar en Santa Fe de lo central que es "cortar los vínculos" con el delito, con el narcotráfico o con el juego ilegal pero tolerado.

De esto último se habló -y mucho- en una reunión a puertas cerradas, por momentos sin asesores ni testigos, entre los integrantes de la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa. Allí se reflotó una acusación contra un fiscal de Rafaela, por inacciones entre 2017 y 2020 frente a ruletas ilegales, y se le bajó el pulgar a las acusaciones del senador justicialista Armando Traferri contra los fiscales que sin éxito pidieron en 2020 quitarle los fueros para investigarlo.

Fueron dos decisiones políticas: en un caso al desempolvar un expediente de dos años atrás, y en el otro -fuera de agenda- se decidió pasar al archivo sin estudiar las graves observaciones formuladas porque las ha presentado un legislador que "no ha aceptado ser investigado por la justicia", según una definición que no figurará en el acta de esa sesión.