"Quizá 2022 sea el año para discutir una reforma de la Constitución de la provincia", decía en marzo de 2021 el ex gobernador Miguel Lifschitz. Presidía, entonces, la Cámara de Diputados. En diálogo con El Litoral, confesaba que seguía interesado (allí, desde su banca) en trabajar para lograr una actualización de la carta magna. "Desde luego que me interesa – decía-; lo hemos trabajado mucho (cuando fuimos gobierno), y no puede lograrse sin acuerdos políticos amplios. Pero si se diera esa oportunidad, estamos dispuestos a sumarnos, a colaborar y participar activamente". Lifschitz definía allí como "interesante" la propuesta que presentara por esos meses el diputado justicialista Luis Rubeo para que los convencionales fuesen elegidos en 2023, y arriesgaba: "me parece que el año para discutir (la reforma) puede ser el 2022". El líder socialista fallecía a menos de dos meses de esa declaración periodística, víctima de Covid. Había quedado trunco el intento reformista durante su gestión al frente del Ejecutivo por disidencias políticas, y volvía a quedar cercenada la posibilidad por el hecho luctuoso. ¿Perduró el vaticinio? Paradoja o capacidad visionaria. Llegó 2022, y con él, comenzaron a florecer en la misma cámara de Diputados proyectos para intentar reformar la Constitución.
Reforma de la Constitución: un vaticinio y nuevos impulsos
A principios de marzo, el primero en ingresar su iniciativa fue el demoprogresista, Gabriel Real. La semana pasada, lo hicieron Rubén Giustiniani y Agustina Donnet. Para allanar la discusión, los legisladores de Participación e Igualdad plantean dejar fuera de debate tres puntos que garantizan controversia: reelección del gobernador, sistema legislativo bicameral y capital de la provincia. El lunes, reingresará su proyecto – porque perdió estado parlamentario- Luis Rubeo, el mismo al que aludía Lifschitz. Y en la próxima sesión, también presentará el suyo, Nicolás Mayoraz (Vida y Familia).
Más allá de los diversos orígenes políticos, todos los proyectos coinciden en el intento de ampliar derechos a través de la eventual reforma, y de incorporar institutos como la autonomía municipal o el Consejo de la Magistratura, por citar sólo un par de ejemplos. Otros ítems como la reelección del gobernador y la limitación de esa chance en otros cargos electivos, genera más divergencia.
La pluralidad de proyectos presentados y a presentar por legisladores de la oposición o peronistas no perotistas, terminaría forzando una discusión política en la provincia que también exigirá un posicionamiento del oficialismo. Hasta aquí, no ha habido una estrategia clara ni definida de la Casa Gris respecto del tema. Públicamente, Omar Perotti admitió que la Constitución "ha quedado vieja", pero evitó mostrarse como el promotor del proceso. En todo caso, que lo milite el PJ. Pero desde la conducción partidaria se advierte que poco podría avanzarse, si no existiese una convocatoria formal al diálogo desde el propio gobierno. Así las cosas, la reforma no será impulsada directamente desde el Ejecutivo; pero si la discusión legislativa madura, tomará partido. Si lo hace honrando la posición histórica que ha tenido el peronismo, será a favor de la reforma. Aun cuando se aclare que no provendrá del gobierno la iniciativa para la discusión, se admite desde ese mismo ámbito que "la reforma está latente", que "se percibe voluntad para discutirla", y que el tema está nuevamente en la agenda de la dirigencia política.
