Línea directa y llegan cartas

Respetar los protocolos

VECINA DE B° CANDIOTI NORTE

"El viernes vísperas del feriado del 1/5, era impresionante la cantidad de personas en el interior de un conocido supermercado del barrio, más la larga cola que había afuera. Deben poner orden, una persona por familia; no todo el matrimonio, con el bebé, etc., para hacer las compras. Una persona en el caso de los jóvenes; no 4 ó 5 jóvenes, que manosean todo y se ríen si uno les pide que guarden la distancia, porque está marcada en el piso. Se burlan de uno. Hay personal de seguridad pero da vueltas sin hacer absolutamente nada. Después no sabemos por qué se producen los contagios. Mejor dicho: no porque sean pocas las medidas, sino porque no se cumplen. Directamente, no se cumplen las medidas de protección. Ese día no ingresé al supermercado: me volví de miedo por los contagios y decidí arreglarme con lo que tuviera en mi casa. No podemos seguir con este descontrol. Gracias al diario por publicar estos comentarios, así se dan por enterados los dueños y encargados de los supermercados".

****

Irresponsabilidad social

UN LECTOR

"Observando lo que ocurre a diario con respecto al tema Covid, sobre la ocurrencia de fiestas clandestinas, uno se convence de la falta de responsabilidad social de la mayoría de los argentinos reflejada, por ejemplo, el domingo 2, en la concentración de hinchas de Rosario Central, de Newells, en Rosario. Centenares de personas, sin distancia ni barbijos. Nada. La irresponsabilidad social de millones de personas es real y es una de las causas de que la enfermedad se siga propagando. Pero también la absoluta irresponsabilidad del gobierno sea provincial, nacional, municipal. Manifestado esto en la falta de controles, de penalidades a los infractores... Por ejemplo, hay dos provincias que están haciendo publicidad turística, convocando a los argentinos que vayan de turismo a Santiago del Estero, a Catamarca, con el apoyo del Banco Nación, que le da importantes descuentos a los turistas. Entonces uno se plantea si, por ejemplo, Lammens no tiene la culpa de que sigamos con la industria del fútbol y si los intereses económicos que andan alrededor han impedido cortar el fútbol. ¿Alguien tiene dudas de que hay que cortar el fútbol?, ¿de que hay que pararlo? ¿Cuál es el sufrimiento, a quién afecta económicamente?, a la gran industria del fútbol. Pero es una actividad peligrosa, que debiera estar prohibida, suspendida. Entonces, digo, las medidas de los gobiernos son incoherentes en el mejor de los casos y además son insuficientes; y asimismo, los gobiernos no quieren ser los verdugos que controlen la ejecución de las medidas que ellos mismos promulgan. El gobierno provincial de Perotti es una clara muestra de lo que estoy diciendo; el de Jatón, otro tanto. No quieren poner la cara, ni tomar medidas antipáticas.

****

Llegan cartas

La corrupción y la alianza judicial

DR. MARIO PILO

Como lo señala Carlos Santiago Nino en su libro 'Argentina, un país al margen de la ley' o el país de la anomia boba, entiéndase viveza criolla, de picardía a delito grave, la Corrupción (con mayúsculas), pues su crecimiento, importancia y consecuencias ya tienen vida propia. Ha matado la institucionalidad republicana y cuenta con un gran aliado: el poco digno Poder Judicial, o en Santa Fe el inconstitucional Ministerio Público de la Acusación. Desde los jueces de la servilleta de Corach, la Corte mayoritaria automática de Menem, a los más sofisticados mecanismos de corrupción de las actuales magistraturas corporativas, sean nacionales o provinciales, todo ello va en el mismo camino. Por eso asusta al punto de pensarse en una resistencia civil frente a la opresión, el que se pretenda, so pretexto de democratizar lo que el mismo Poder Ejecutivo creó como antidemocrático, reformar el Poder Judicial, seleccionando sus jueces. Si el Martín Fierro aconseja: hacete amigo del juez, no le des de qué quejarse, hoy el kirchnerismo ha mejorado su opción: mejor que hacerse amigo es colocar un juez amigo.

Es incuestionable que existen y han existido innumerables procesos relacionados con graves hechos de corrupción cometidos por funcionarios públicos de elevada jerarquía. De los cuales, desde el primer caso, el 95 % ha finalizado por prescripción, caducidad de expedientes o muerte de los imputados, lo que ha ocasionado el desprestigio del Poder Judicial de la Nación, como primer encargado de afianzar la Justicia, mandato constitucional que ingresó en los mandatos operativos que fija el Preámbulo de la Constitución Nacional. Los que han delinquido en la función pública pueden seguir haciéndolo, porque la Justicia argentina le garantiza, en la práctica, la impunidad.

Es necesario que un Poder Judicial republicano establezca los claros límites que no pueden traspasarse en democracia. Es vergonzoso para el ciudadano argentino conocer que las investigaciones del Cipse, Centro de Investigación y Prevención sobre la Criminalidad Económica, han determinado un promedio de 14 años de duración de los juicios sobre hechos de corrupción.

Recordemos que la Argentina ha suscripto convenciones internacionales, cuyo incumplimiento genera responsabilidad internacional, tales como la Convención Interamericana contra la Corrupción, ratificada en fecha 8/4/97 y aprobada por ley 24.759, comprometiéndose nuestro Estado a adoptar medidas preventivas para combatir la corrupción, según surge del artículo 3° de la misma. A su vez, en el año 2000 se designó como autoridad de aplicación central al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 18 de la Convención que he precitado.

El 28/8/2006, Argentina ratificó a la vez la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, celebrada el 31/10/2003 y luego hubo una ratificación expresada por la Ley 26.097. Debemos tener en cuenta que la Carta Democrática Interamericana basada en la Carta de Organización de los Estados Americanos OEA, considera al artículo 3° como elemento esencial de la democracia representativa, entre otros, la separación e independencia de los poderes públicos. Indudablemente, cada poder público debe generar hechos propios, para el cumplimiento de tales objetivos. Y tampoco podemos seguir ignorando la contundencia del apartado final del artículo 36 de la Constitución Nacional, que prevé: atentará asimismo contra el sistema democrático quien incurriere en graves delitos dolosos contra el Estado, que conlleven enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar empleos o cargos públicos. En la reforma del Código Penal, artículo 268 Bis, el doctor Illia, que envió el mensaje, introdujo un párrafo sumamente interesante: quienes como funcionarios delinquen y se enriquecen violan el Pacto Social Democrático y merecen el mote de infames traidores a la democracia.