La democracia había vuelto hacía menos de tres años y todavía estaba endeble, mientras que el poder militar continuaba teniendo peso en la vida política argentina. Hace 35 años, durante la Semana Santa de 1987, el Gobierno de Raúl Alfonsín debió atravesar un delicado momento institucional con la primera insurrección militar tras la dictadura.
Tras el juicio a las juntas militares, en 1985, la tensión entre la Casa Rosada y las Fuerzas Armadas no encontró calma, ni siquiera con la sanción de la Ley de Punto Final: los militares querían que se limitara el accionar judicial contra aquellos que habían cometido delitos de lesa humanidad.
En ese marco, el mayor de Inteligencia, Ernesto Barreiro, se negó a concurrir al Juzgado que lo investigaba por cargos de tortura y asesinato perpetrados durante la dictadura militar y se amotinó en el Comando de Infantería Aerotransportada de Córdoba: aquel 16 de abril lo acompañaron otros 130 militares, para resistir la orden de detención que libraría la Justicia por su rebeldía.
La rebeldía se contagió con epicentro en la Escuela de Infantería de Campo de Mayo: desde allí se alzó el entonces teniente coronel Aldo Rico como una de las figuras más destacadas del movimiento insurreccional. Algunos de los planteos de los carapintadas era la remoción de la cúpula del Ejército y el establecimiento de lo que luego sería conocido como "obediencia debida".
El Gobierno radical ordenó al resto de las Fuerzas que obligaran a los rebeldes a que depusiera su actitud, pero nadie acató la directiva; el general de brigada Ernesto Arturo Alais, que iba a llegar a Campo de Mayo con tanques de guerra y tropas "leales" del II Cuerpo de Ejército con sede en Rosario, nunca llegó.
Con respaldo en Plaza de Mayo pero sin posibilidad de reprimir, Alfonsín voló en helicóptero hasta la guarnición militar y se reunió con Aldo Rico y otros cabecillas; horas después, el líder radical regresó a Casa Rosada y pronunció un histórico discurso: "Para evitar derramamientos de sangre di instrucciones a los mandos del Ejército para que no se procediera a la represión. Y hoy podemos dar todos gracias a Dios. La casa está en orden y no hay sangre en la Argentina. Le pido al pueblo que ha ingresado a la Plaza de Mayo que vuelva a sus casas a besar a sus hijos y a celebrar las Pascuas en paz en la Argentina", señaló Alfonsín el 19 de abril.
Casi dos meses después, en el Congreso se aprobó la Ley de Obediencia Debida, por medio de la cual se absolvía de culpa a los militares de rango medio y bajo involucrados en delitos de lesa humanidad amparándose en haber cumplido órdenes de sus superiores: esa nueva norma había sido la llave para destrabar el levantamiento carapintada.