El hecho ocurrió en plena madrugada en el recinto de Diputados, cuando el oficialismo decidió avanzar con la designación pese a que la cuestión no formaba parte de la convocatoria realizada por el Poder Ejecutivo. Terminó en enojo de bloques aliados y una ruptura con el PRO.
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La designación de auditores para la AGN provocó una ruptura entre el PRO y La Libertad Avanza
Por la madrugada, luego del maratónico debate por el Presupuesto, el oficialismo propuso el nombramiento de tres autoridades para la Auditoría General de la Nación. Fue acompañado por el peronismo y desató el enojo de bloques aliados.
Promediando las 3 de la mañana de este jueves, luego de más de doce hora de debate sobre el Presupuesto, el oficialismo propuso en el recinto que se vote la designación de tres auditores por la Cámara baja para la Auditoría General de la Nación.
Tras la propuesta del jefe del bloque oficialista, Gabriel Bornoroni, la moción para que se nombren a los auditores se aprobó por 186 votos a favor, 0 en contra y 3 abstenciones.
La terna está conformada por Rita Mónica Almada por La Libertad Avanza, Juan Ignacio Forlón por el peronismo y la ex diputada nacional salteña Pamela Calletti por Innovación Federal.
Los cargos quedaron repartidos para La Libertad Avanza, Unión por la Patria e Innovación Federal. Minutos después de la votación, los tres legisladores prestaron juramento para ocupar responsabilidades en el organismo de control.
El trámite estaba postergado desde abril de 2024, cuando vencieron los mandatos de los representantes. Desde La Libertad Avanza se argumentó que se esperó al recambio parlamentario para tener lugares dentro del organismo de control.
Los votos afirmativos correspondieron: 86 a La Libertad Avanza, 86 a Unión por la Patria, 7 de Innovación Federal (cuya exjefa de bloque, la salteña Pamela Calletti, fue una de las auditoras designadas), 3 de Elijo Catamarca, 2 tucumanos de Independencia, la neuquina Karina Maureira y el santacruceño José Luis Garrido (interbloque Fuerza del Cambio).
Hubo, además, 3 abstenciones de los sanjuaninos de Producción y Trabajo Nancy Picón Martínez y Carlos Jaime; y de un integrante de LLA, el último en sumarse al bloque, el entrerriano Francisco Morchio.
Enojo de los aliados
Bloques opositores como el PRO, Provincias Unidas y Frente de Izquierda denunciaron que el oficialismo buscó "devolver favores" y señalaron que lo actuado era ilegal porque no estaba incluido en el temario de sesiones extraordinarias que había enviado el presidente Javier Milei al Congreso.
Para no convalidar el procedimiento, estas fuerzas políticas se levantaron de sus bancas y dejaron que los espacios beneficiados por el acuerdo se votaran a sí mismos en soledad, dejando en evidencia el carácter de “casta” con el que se habían conducido.
Cristian Ritondo adelantó que el PRO apelará ante la Justicia y explicó que la designación de auditores generales “no es de competencia” del pleno reunido en extraordinarias porque no había sido incluido en el temario del Poder Ejecutivo. Además, trató de "sin códigos" al titular de la Cámara, Martín Menem.
Por su parte, Myriam Bregman (Frente de Izquierda) acusó al oficialismo de “estar apurado en devolver favores” y consideró que “por eso empiezan a repartir carguitos”. “Nunca vi algo más de casta que lo de recién. Nos parece bochornoso”, completó la jefa del bloque de izquierda".
Pablo Juliano (Provincias Unidas) dijo que “no hay un tema más por la ventana que nombrar a trres personas a las 3 de la mañana”. “Es más casta que la casta. Nosotros nos vamos a retirar. Se ve que no hay vocación de seguir con la orden del día”, protestó el radical bonaerense.
Comunicado del PRO
El bloque de diputados del PRO emitió este viernes un comunicado denunciando una “grave violación a la Constitución Nacional” y adelantó que iniciará acciones judiciales.
Remarcaron en ese sentido que la objeción fue advertida primero de manera informal, luego en el recinto y finalmente al momento de intentar consumar la designación, situación que quedó asentada en el Diario de Sesiones. Recordaron que el artículo 63 de la Constitución Nacional establece que durante las sesiones extraordinarias el Congreso solo puede tratar los asuntos incluidos en la convocatoria.
Los diputados del PRO rechazaron la designación y manifestaron que no la convalidan, al considerarla “nula de nulidad absoluta por incompetencia constitucional”, y anunciaron que promoverán acciones judiciales para restablecer la legalidad y el respeto institucional.
El bloque remarcó que la Auditoría General de la Nación es un órgano constitucional de control y que su integración no constituye una cuestión administrativa interna del Congreso. En ese sentido, afirmaron que avanzar en su designación fuera del temario “no fortalece el control del Estado, lo deslegitima”.
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