En la semana previa al quincuagésimo aniversario del Golpe de Estado de 1976, la Legislatura de la provincia de Santa Fe modificó la Ley N° 13.528 que creó el Archivo Provincial de la Memoria dentro del Sistema Provincial y Archivos e incluyó la llamada Quinta de Funes entre los sitios a preservar y promover políticas públicas de memoria.
50° aniversario del golpe de 1976
Suman a la Quinta de Funes a los espacios de Memoria de Santa Fe
La Legislatura votó la inclusión del sitio que integró el circuito represivo en el sur santafesino. El miércoles próximo serán licitados los trabajos para poner en valor el predio. Distintas miradas en Diputados sobre el 24 de marzo de 1976.
El miércoles próximo, el gobierno provincial licitará las obras de la puesta en valor de ese sitio en el marco de las actividades oficiales por los 50 años del golpe.
La iniciativa de ley se originó en el socialista Joaquín Blanco y fue aprobada sobre tablas, primero en Diputados, y luego en Senado. En la Cámara Baja no hubo unanimidad debido a la abstención de ocho integrantes mientras que en la Cámara Alta el respaldo fue total.
El tema, en Diputados fue seguido por discursos de las diferentes bancadas sobre el significado del 24 de Marzo con marcadas diferencias especialmente en el ponencia de Silvia Malfesi (Somos Vida) quien insistió tener en "memoria integral, no selectiva", mencionando una serie de acciones de Montoneros y otros grupos extremistas que significaron también la muerte de ciudadanos.
Antes de la votación en Diputados, Blanco precisó los alcances de la iniciativa que suma a ese predio a la Comisaría 4ta de Santa Fe y a la ex sede del Servicio de Inteligencia en Rosario.
"El espacio de Memoria Quinta de Funes constituye uno de los lugares más significativos del circuito represivo desplegado en el sur provincial durante la última dictadura cívico-militar. Ubicado en la intersección de la Ruta Nacional N. 9 y la calle San José, en la ciudad de Funes, funcionó entre septiembre de 1977 y enero de 1978 como centro clandestino de detención, tortura y exterminio bajo la órbita del Destacamento de Inteligencia 121 del II Cuerpo de Ejército, dentro del esquema represivo de la subzona 21", recordó Blanco.
En el predio concebido como una residencia privada "fueron mantenidas en cautiverio personas perseguidas por su militancia política y social, en el marco del plan sistemático de represión ilegal implementado por el terrorismo de Estado. El lugar fue adaptado para el funcionamiento clandestino, constituyéndose en un engranaje central del aparato represivo regional. Los militares habían alquilado el predio a una familia. En el lugar estuvieron secuestradas 17 personas, todas militaban en Montoneros y solo hubo un sobreviviente: Jaime Dri, cuyo testimonio fue fundamental en los juicios de lesa humanidad", recordó.
El reconocimiento institucional del sitio tuvo hitos relevantes: en 2012 el Concejo Municipal de Funes lo declaró Sitio de Memoria Histórica Municipal; posteriormente, en 2016, la provincia sancionó la Ley N° 13.530, que dispuso la expropiación del inmueble y su destino como Espacio de Memoria Histórica y futuro establecimiento educativo "Ana María Gurmendi", procediéndose asimismo a su señalización como Sitio de Memoria del Terrorismo de Estado.
La expropiación se efectivizó en 2017, aunque el predio atravesó un proceso de deterioro y vandalización, situación que puso en riesgo tanto su integridad material; y en abril de 2024 se consolidó un proceso de recuperación comunitaria, a través de la acción sostenida de organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, ámbitos estatales y vecinos de la ciudad de Funes.
La Ley Nacional N° 26.691 y su decreto reglamentario establecen la preservación, señalización y difusión de los sitios donde funcionaron centros clandestinos de detención.
Blanco explicó que el Espacio de Memoria Quinta de Funes, pese a su relevancia histórica no cuenta aún con una Comisión permanente que garantice un funcionamiento ordenado, sistemático e institucionalizado en el marco de la Ley N° 13.528. "Esta situación genera una asimetría en relación con otros sitios provinciales y limita la consolidación de una política pública integral", acotó.
Con la incorporación a la ley, se institucionaliza la participación de actores gubernamentales, legisladores, universidades públicas, organizaciones sociales y organismos de derechos humanos, garantizando un funcionamiento ordenado, sistemático e institucionalizado.
En Diputados, fueron 38 votos positivos, y 8 abstenciones.
Sobre la importancia de la Memoria, en tanto, hubo exposiciones de Sergio Rojas (PS), Germán Scavuzzo (UCR), Carlos del Frade (FAS) y de las justicialistas Alejandra Rodenas y Celia Arena marcando en todos los discursos la importancia de la Memoria y la necesidad de evitar la repetición de golpes en la Argentina.
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