El pasado jueves, la Sala II de la Cámara Federal porteña desestimó el pedido de la defensa de Alberto Fernández para destruir las pruebas obtenidas del peritaje a su celular y tablet, secuestrados durante un allanamiento en su departamento de Puerto Madero el 9 de agosto de 2024.
Justicia Federal
Alberto Fernández sufre un doble revés judicial en la causa por violencia de género
La Cámara Federal porteña rechazó dos pedidos clave del expresidente en la causa por presunta violencia de género contra su expareja, Fabiola Yáñez: mantener al juez Julián Ercolini al frente del caso y conservar las pruebas digitales extraídas de sus dispositivos electrónicos.
El tribunal consideró que la preservación de esta evidencia es esencial para garantizar la "trazabilidad" en un eventual juicio oral.
Estos dispositivos contienen mensajes intercambiados entre Fernández, Yáñez y la madre de esta última, que podrían ser relevantes para la investigación. Además, el material será utilizado en la causa "Seguros", donde se investiga al expresidente por presuntas irregularidades en contrataciones estatales.
Rechazo a la recusación del juez Ercolini
En paralelo, el camarista Eduardo Farah rechazó la recusación presentada por Fernández contra el juez federal Julián Ercolini, quien instruye la causa por violencia de género.
El expresidente alegó "enemistad manifiesta" debido a una investigación previa sobre un viaje de Ercolini a la estancia de Joe Lewis en Lago Escondido. Sin embargo, Farah consideró que el planteo fue "tardío e intempestivo", y ratificó la continuidad de Ercolini al frente del expediente.
Contexto de la causa
La investigación se inició tras la denuncia de Fabiola Yáñez en agosto de 2024, basada en mensajes y fotografías que evidenciarían episodios de violencia física y psicológica durante su relación con Fernández, incluyendo un incidente en la residencia presidencial en junio de 2021.
El fiscal Ramiro González imputó al expresidente por lesiones graves y amenazas coactivas en un contexto de violencia de género, delitos que podrían conllevar penas de hasta 18 años de prisión. Con el procesamiento confirmado, Fernández está en condiciones de ser elevado a juicio oral.
Estos fallos representan un avance significativo en la causa que involucra al expresidente Alberto Fernández. La ratificación de las pruebas digitales y la continuidad del juez Ercolini al frente del caso allanan el camino hacia un juicio oral, donde se evaluarán las evidencias y testimonios presentados.
Implicancias políticas y repercusión pública
El caso ha generado un fuerte impacto en el ámbito político y mediático, no solo por tratarse de un expresidente en ejercicio durante los hechos denunciados, sino también por el contexto en el que se desarrollan las investigaciones.
Diversos sectores de la oposición han pedido que se garantice celeridad y transparencia en el proceso, mientras que desde el entorno cercano a Fernández insisten en que se trata de una maniobra judicial con motivaciones políticas. La causa se ha convertido en un punto clave en el debate sobre la responsabilidad institucional y la violencia de género en los altos niveles del poder.
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