En Diputados, legisladores piden acceso a la información pública ambiental

Diputados y Diputadas del bloque UCR – Evolución, que preside Maximiliano Pullaro, interpusieron una solicitud de “Acceso a la Información Pública Ambiental” ante el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia de Santa Fe, que encabeza Erika Gonnet. El requerimiento, firmado por Silvana Di Stefano, Sergio “Checho” Basile, Georgina Orciani y Juan Cruz “Cacu” Cándido, fue consecuencia de la no respuesta a diversos pedidos de informe realizados, y al faltazo de la funcionaria a la audiencia convocada para el 10 de agosto pasado ante la Comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados y Diputadas. El fin de esta audiencia era que la funcionaria diera cuenta de distintos aspectos administrativos, técnicos y políticos en relación a los desgarradores incendios que atraviesa el Delta del Paraná hace más de dos años.

“Es inaceptable el faltazo de la Ministra Gonnet a la audiencia convocada, los funcionarios deben dar respuestas y explicarnos a los legisladores y a la sociedad toda que están haciendo para prevenir y frenar los incendios en el Delta pero también en el Oeste de la provincia, y cuales son las acciones que están realizando para preservar los humedales provinciales” señalaron los cinco diputados.

Asimismo recordaron que “todavía estamos esperando que el Gobernador reglamente la ley de humedales provinciales que impulsó Miguel Lifschitz en su momento y que tenia que reglamentar Perotti” y agregaron que “el silencio de los funcionarios, la falta de resultados y la ausencia de un plan son las constantes en cualquier área del Gobierno. A veces pareciera que la improvisación es la regla”.

Los diputados y diputadas coincidieron en que “es un momento de extrema sensibilidad social por la catástrofe ambiental que estamos viendo. Nadie se hace cargo y se van tirando la pelota. Además de que la ministra conteste este pedido, queremos que el gobernador declare la Emergencia Ambiental por Catástrofe Socio Ambiental para mitigar las llamas y asistir a los santafesinos y santafesinas que tienen graves problemas de salud”.

Información requerida por los Legisladores

Según la ley nacional de Información pública ambiental el gobierno provincial, a través de la máxima autoridad ambiental, tendrá 30 días para informar a los Diputados y Diputadas provinciales, los siguientes puntos:

• Los motivos por los cuales la Provincia, desde el 10 de diciembre de 2019 hasta el presente no ha reglamentado la Ley Provincial N° 19.392 que declara de interés provincial la preservación, conservación, defensa y mejoramiento de los humedales.

• En relación a la ampliación del Parque Nacional Islas de Santa Fe, se informe el procedimiento utilizado por la Provincia para censar a los pobladores históricos, familias isleñas y pescadores, así como las actividades que estos realizan.

• El Plan Director de Bajos Submeridionales que fuera anunciado por el Gobierno Provincial, actuaciones administrativas, obras ejecutadas y las previstas ejecutar, licitaciones en curso o adjudicadas, nómina de quienes hayan presentado pliegos de licitación, obras ejecutadas o en curso y si se realizaron audiencias públicas de Participación ciudadana.

• Si la Provincia de Santa Fe ha realizado un relevamiento del impacto social y ecológico ocasionado por los incendios ocurridos en los humedales, periodo 2020, 2021 y primer semestre del 2022. También, si se lleva adelante un plan de recomposición y/o restauración de los ecosistemas afectados.

• Las acciones judiciales y/o denuncias realizadas por la Provincia de Santa Fe en el marco de los incendios y las investigaciones y/o procedimientos administrativos contra presuntos responsables de los incendios señalados.

Los legisladores provinciales señalaron que además de la Ley Nacional se encuentra vigente el Acuerdo de Escazú que obliga al estado a informar de forma clara, temprana y oportuna, por lo que no aceptarán nuevamente un silencio o respuestas parcializadas por parte del gobierno provincial, y de reiterarse este escenario, requerirán a la justicia para obligar al gobierno a brindar la información solicitada.