Fue en 2014 cuando Alberto Fernández habló de las “mentiras” de Amado Boudou en el caso Ciccone, por el intento corrupto de éste para quedarse con “la máquina de hacer billetes”. Ahora son -entre muchos otros- el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero y el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, los que atacan a la Corte por fallar en contra del ex vicepresidente de Cristina Fernández.
Poder Judicial o lawfare
Boudou culpable, ¿es una mentira?
Lo hacen como funcionarios de Alberto, que consiente así una relatividad moral que relega al más elemental criterio de justicia. ¿Cómo era aquello de que la política no debía entrar a los tribunales? Tal afirmación implica la cobardía funcional de jueces y magistrados.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación -en fallo unánime- dejó firme el pasado jueves la condena a cinco años y diez meses de prisión de Boudou, quien intentó apropiarse del 75% de las acciones de la ex Ciccone Calcográfica. El protegido de Cristina había negado su relación con The Old Fund o con Alejandro Vandenbroele.
Boudou ejerció su derecho a defensa. Pruebas e indagatorias mediante, fue condenado en juicio oral y público; Casación ratificó su condena. El máximo tribunal del país dejó firme la sentencia. Sólo en la pretensión tardía del encubrimiento político, y en el relato voluntarista del poder de turno, se sostiene algún alegato inconducente.
Como vicepresidente, Boudou llamó a una conferencia de prensa en la semana santa de 2012, en la que fulminó al por entonces procurador Esteban Righi, un histórico del peronismo. La memoria del fallecido “mentor de Alberto” confronta hoy con la decisión del presidente Fernández. La inversión ética e histórica evidencia la obsesión del kirchnerismo por poner un nuevo jefe de fiscales, para manejar quién acusa a quién en la Argentina.
Las imputaciones judiciales contra Boudou se produjeron con Cristina presidente; el fallo confirmatorio de la Corte llega con Alberto al frente del Poder Ejecutivo, al menos desde lo formal. Queda claro que no hubo lawfare de la mesa judicial macrista o del periodismo hegemónico. El máximo tribunal tiene “mayoría peronista”.
Condenado por corrupción, el ex vicepresidente de la Nación cumple un acomodado arresto domiciliario y gana 420 mil pesos como “jubilado” político. Aun con esos privilegios, su condena no es una mentira injusta contra la política, sino una evidencia de lo que puede hacer la justicia republicana, cuando sus funcionarios no huyen por la ventana.
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