La Casa Gris apuesta a tener la ley de Necesidad sancionada el jueves

El gobierno provincial aspira a tener el próximo jueves 27 de febrero sancionada la ley de necesidad pública. Por ello la semana que pasó los ministros Esteban Borgonovo y Rubén Michlig negociaron en sus despachos con senadores del justicialismo y de la oposición, Armando Traferri y Rubén Pirola estuvieron varios días en Casa de Gobierno, y estos a su vez con sus pares y diputados opositores para consensuar un texto único que pueda atravesar ambas cámaras el mismo día. La alternativa de mínima es la media sanción del Senado en la última sesión de febrero.

Según fuentes que participan de las negociaciones el acuerdo está muy avanzado y si bien no lo dan por cerrado creen que tienen muchas posibilidades de ser aprobado esta semana por ambas cámaras. La última versión era conocida este fin de semana por diputados y, según saben los participantes de la negociación, habría un principio de acuerdo para darle su aprobación aunque persisten en la oposición algunas posiciones contrarias al acuerdo.

“La oposición nos pidió sacar las contrataciones directas, a lo que accederíamos; cuestionó el tema de la renegociación de las contrataciones públicas, para lo que ya tenemos redactado un artículo mucho más acotado; y la atención de los municipios y comunas que esta contemplado en el proyecto. No debería haber ningún obstáculo para que la norma se apruebe”, explicó uno de los funcionarios al tanto de las negociaciones.

La traba principal está en las facultades para contratar directamente que pidió el gobierno de la provincia en el mensaje que envió a la Legislatura en varios artículos, que la oposición considera una delegación de facultades y que el Ejecutivo está dispuesto a sacar del proyecto.

En el caso de la revisión de las contrataciones públicas, facultad que el gobierno quiere mantener, ya hay una nueva redacción tentativa del artículo en donde la eventual rescisión de un contrato queda como última alternativa y debería ser dictado por un acto fundado, previo dictamen de los servicios jurídicos del área y de Fiscalía de Estado.

Lo que para el gobierno no es negociable es la declaración del estado de necesidad de la provincia contenido en el artículo primero del proyecto. Tampoco son negociables los dos fondos que están incorporados a la norma destinados a atender las emergencias alimentarias y de salud, ambos por 2.500 millones de pesos anuales.

En el caso del alimentario, explican desde el gobierno, es porque hay que atender a quienes no les llega la tarjeta Alimentaria, unos 150 mil santafesinos, ya que la tarjeta nacional solo alcanza a a 45 mil en toda la provincia. “Entre comedores, merenderos y la tarjeta de ciudadanía que está en 300 pesos y que hay que actualizar porque es una vergüenza, esos fondos son imprescindibles”, explicaron.
Respecto al de Salud, está destinado a garantizar el funcionamiento de los hospitales, el equipamiento, la provisión de medicamentos y los vehículos destinados a la emergencia ya que en la actualidad hay alrededor de 150 ambulancias fuera de servicio.

Financiamiento

También está avanzado el acuerdo por los montos y las herramientas para acceder al financiamiento que, se encargan de aclarar desde el Ejecutivo provincial, pasan por dos mecanismos distintos: uno es la autorización para concertar operaciones de crédito por alrededor de 8 mil millones de pesos para la provincia y otro de entre 3 y 4 mil millones para la Empresa Provincial de la Energía.

“Esto no significa ir a tomar dinero al mercado sino que se trata de cambiar la naturaleza de la operación. Son mecanismos destinados solo a pagar deuda contraída por el gobierno anterior. Por ejemplo si a un contratista de obra pública se le deben 500 millones de pesos no vamos a ir al banco a pedir esa plata para dársela al acreedor; sino que se le refinancia esa acreencia por medio de pagares, cheques diferido, etc. Este mecanismo también está extendido para municipios y comunas, para que puedan renegociar con sus acreedores. Acá no hay plata fresca”, explican.

El otro mecanismo es la la autorización al gobierno para tomar deuda en el mercado destinada a la recomposición del FUCO, el congelamiento de las tarifas de electricidad y agua, la puesta en marcha del boleto educativo gratuito, el financiamiento de los fondos de emergencia en salud y alimentaria, y para generar un régimen de anticipos extraordinarios para atender las necesidades de municipios y comunas, en este ultimo caso por entre 3 y 4 mil millones de pesos.

En este ultimo mecanismo aún no hay acuerdo en la cifra final, ahora está rondando los 16 mil millones en total, la idea es que una vez acordado el monto total por el que se autorizará el endeudamiento, se establezca que esta toma de deuda se ejecute en dos tramos. Por ejemplo 10 mil millones apenas sancionada la ley y el resto una vez cumplida la primera parte del programa.