El 29 de marzo pasado el Tribunal Oral Federal de Santa Fe condenó a Mario Daniel Bardina y a Héctor Rubén Huguenet por el delito de “evasión simple de tributos” a dos años de prisión de cumplimiento efectivo en una causa que se remonta a los ’90 cuando ambos lideraban una organización delictiva dedicada al comercio de cereales que tenía por fin embaucar al fisco.
En la edición del 28 de abril de 1999, y bajo el título “Defraudación fiscal millonaria”, El Litoral publicó una investigación iniciada en el Juzgado Federal Nº 2, y a cargo de la fiscal Cintia Gómez, en la que cinco personas figuraban como imputadas y se estimaba un perjuicio al fisco superior a los 5 millones de pesos-dólares.
La maniobra defraudatoria para con el Estado nacional -Afip- “era llevada a cabo a través de una empresa cerealera, que debiendo operar como agente de retención del pago del IVA percibía de sus compradores el 9 % del monto de la operación, destinado al pago de impuestos y luego, en lugar de pagarlos al Estado, los retenía ilegítimamente”, informaba el diario en esos días. “Como agravante, el Estado debía reintegrar a los exportadores el monto correspondiente a los referidos impuestos, por lo cual se duplica el perjuicio ocasionado a las arcas públicas”.
El plan consistía en utilizar distintos nombres para llevar a cabo la maniobra, ya que los controles fiscales se realizan por año vencido. De tal modo, cumplido el ciclo, la organización daba de baja a la empresa y comenzaba a funcionar con otro nombre diferente. La maniobra se realizó entre 1993 a 1998 y en abril del ’99 hubo 20 allanamientos que acabaron con la detención de la dupla Huguenet-Bardina. Dos años más tarde, los jueces José Escobar Cello, Rodolfo Hintermeister y Ramiro Puyol condenaron a Bardina y Huguenet a cinco años de cárcel por los delitos de “evasión simple y evasión agravada por la utilización de interpósitas personas”. La maniobra que se pudo comprobar alcanzaba los $ 4.300.000. Hubo tres “partícipes necesarios”, que merecieron penas de entre 2 años y 6 meses a 3 años de prisión.
A raíz de lo que surgiera del juicio oral se investigó una segunda etapa por las operaciones que se continuaron realizando en 1999, que derivó en la nueva condena mencionada al principio.




