Causa espionaje: Pullaro pide profundizar la investigación

El diputado provincial del radicalismo, Maximiliano Pullaro, pidió por escrito al fiscal de Delitos Complejos del MPA de Santa Fe, Ezequiel Hernández que "se formalice la comunicación de derechos prevista en el artículo 101 del Código Procesal Penal, en relación a las personas que aparecerían como autores o partícipes de hechos con apariencia delictual a la luz de la evidencia obrante en el legajo", en una petición vinculada a la llamada causa espionaje.

Luego, en los fundamentos del texto, con el patrocinio del abogado Pablo Cococcioni, Pullaro dice que: "Del análisis de la evidencia digital obrante en el legajo, surgen distintos elementos que sugieren la posible perpetración de hechos con apariencia delictiva por parte de personas que hasta ahora no son parte en esta causa penal. Ello torna necesario que la Fiscalía proceda a cumplimentar con la comunicación de derechos impuesta por el artículo 101 del Código Procesal Penal, por varias razones. Primero, justamente para que estas personas puedan comparecer y dar eventualmente si así lo desean las explicaciones pertinentes, en ejercicio de su derecho de defensa material. En segundo lugar, también resulta importante la comunicación de derechos para evitar su convocatoria en calidad de testigos, lo cual podría acarrear cuestionamientos de índole constitucional a la luz de la garantía contra la autoincriminación forzada, involuntaria o inadvertida (ya que se podría llegar a hacer declarar bajo juramento a personas que podrían luego resultar imputadas). Y, en tercer lugar, también la comunicación de derechos resulta trascendente ante la eventualidad de que alguna de estas personas pretendiera constituirse como querellante, debiendo en este caso evitarse la desprolijidad de un doble rol procesal en cabeza de la misma persona".

En su presentación, Pullaro involucra al diputado nacional por Santa Fe Roberto Mirabella (PJ-FDT) y al secretario de Justicia, Héctor Somaglia ya que entiende "de la evidencia" aportada "surgen indicios serios acerca de la posible participación en distintas actividades con apariencia delictiva, tales como el perfilamiento ilegal de personas, y el posterior encubrimiento de esta actividad mediante la obtención de autorizaciones judiciales posdatadas".

La acusación se apoya en un conocido audio en el que Sain le confía a sus colaboradores que tiene un "mandato político" del diputado nacional para tener información que vincule a Pullaro con el ex comisario Alejandro Druetta, ex jefe de Drogas Peligrosas, condenado en 2021 a diez años de prisión.

Del mismo modo, Pullaro reclama una investigación sobre el audio (ya divulgado con anterioridad) en que el funcionario habla con Sain de su trabajo para "limar" con jueces que conviertan en legales escuchas que aparentemente no habían sido inicialmente autorizadas por la justicia.

El diputado sostiene que una campaña en medios de comunicación lo vincula con el ex comisario Druetta "a pesar del hecho bastante evidente de tratarse de uno de los cientos policías designados en funciones durante mi gestión, y cuya designación precisamente no correspondía a la esfera ministerial sino policial".