Causa Sain: definieron las cautelares, pero sigue adelante la investigación

Tras una nueva audiencia de medidas cautelares en el marco de la causa por espionaje ilegal en la que es investigado el ex ministro de Seguridad, Marcelo Sain, se dispusieron una serie de medidas alternativas a la prisión preventiva para otros cinco imputados. Se trata de Débora Cotichini, ex jefa de Inteligencia Criminal Zona Sur del Organismo de Investigación (OI); Diego Rodríguez, ex responsable de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad; Nadia Schujman, ex directora de Control Policial; Pablo Alvarez, del área de Investigación Criminal de la cartera; y Milagros Bernard, ex asesora del OI. Todos son defendidos por el ex ministro de Justicia, Juan Lewis.

Prácticamente sin controversias, el juez Nicolás Falkenberg convalidó las medidas acordadas entre la Fiscalía y la defensa. Ello, previo a una decisión de la querella de retirar el pedido de prisión preventiva para Cotichini y Shujman, con el argumento de que si no había sido concedida para Sain, menos sentido tendría reclamarla para estos otros imputados.

De ese modo, el magistrado ordenó que los imputados fijen domicilio, eviten contacto y acercamiento a víctimas, testigos y a las oficinas del Ministerio de Seguridad; no porten armas, no salgan del país a menos que cuenten con autorización expresa de la Justicia, y establezcan una caución patrimonial.

Próximo paso

Cumplimentada la imputación y realizadas las audiencias de medidas cautelares, el próximo acto procesal de relevancia sería la acusación. Pero según pudo saber El Litoral, la Fiscalía no tiene previsto aún cerrar la investigación. Para los fiscales, es necesario seguir indagando, y reunir más elementos y evidencias para estar en condiciones de sostener la acusación.

La intención es tomar nuevas testimoniales y recibir informes que fueron solicitados a diferentes estamentos pero que aún no han sido contestados. Si bien consideran que se ha logrado un avance importante en las actuaciones, entienden que restan aún una serie de diligencias para terminar de probar fehacientemente tanto el delito de espionaje como de peculado. Por lo tanto, no está en los planes de los fiscales cerrar la investigación, que según estiman, demandará aún varios meses. Es más, aún debe ser resuelta la constitución de nuevos querellantes en la causa; más el camino recursivo asociado a la competencia.

Si la Fiscalía decidiese cerrar ya la investigación – cosa que no sucederá de acuerdo a lo que pudo confirmar este diario-, ello sería objetado por la querella, al menos, la referida a Maximiliano Pullaro. Para el ex ministro de Seguridad durante la gestión de Miguel Lifschitz, la investigación sólo se habrá agotado, cuando se haya explorado la responsabilidad de las líneas superiores de la gestión provincial, y que según mencionan, podrían alcanzar al propio gobernador. Para Pullaro y su abogado patrocinante, de la propia evidencia surgen elementos sobre la eventual participación de los estamentos superiores del gobierno en la impartición de las directivas que luego ejecutaba Sain en el Ministerio de Seguridad; y que para los fiscales, terminaron constituyendo el delito de asociación ilícita. En ese marco es que la misma querella ya había solicitado que tanto Roberto Mirabella como Gabriel Somaglia fuesen notificados como posibles imputados.