Ley de Glaciares: el oficialismo buscará un dictamen y la oposición, la consulta popular

La Cámara de Diputados incluyó en su agenda para la próxima semana un plenario de comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, y de Asuntos Constitucionales para avanzar en la reforma de la ley 26.639 de Presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial.

La reunión está anunciada para el martes a las 14 con presencia de “invitados especiales en calidad de expositores”, según establece la citación oficial. Al cabo de la reunión se espera lograr el dictamen y, al día siguiente, llevar el tema al recinto de la Cámara baja para su tratamiento y sanción.

Eso es por el lado del oficialismo: la Libertad Avanza preside las dos comisiones que convocan a la reunión del 7 de abril (José Peluc, de San Juan, y Nicolás Mayoraz por Santa Fe, respectivamente) y lideraron las dos jornadas de audiencia pública celebradas el 26 y 27 de marzo.

Por parte de la oposición, se prevé avanzar en una propuesta de consulta popular vinculante para que la población defina por “si” o por “no” si acuerda con los cambios que se impulsan a la ley que ya tienen media sanción del Senado nacional.

Uno de los argumentos para impulsar esta herramienta, prevista en la Constitución Nacional reformada en 1994 en su artículo 40, es que aquella audiencia pública habilitó un mínimo porcentaje de las personas y organizaciones inscriptas: fueron más de 100 mil y, en dos jornadas, por modalidad presencial y virtual, se escucharon las voces de alrededor de 400.

“La audiencia no tuvo casi nada de pública”, explicó el diputado nacional Diego Giuliano (UxP-Santa Fe), uno de los impulsores de la consulta popular, junto con su par Caren Tepp, que se funda en la Ley N° 25432 y se llevará a la reunión de comisiones.

Para el legislador, no se puede decidir “entre cuatro paredes” sobre un tema de tanta relevancia”. Cabe recordar que el balance de las dos jornadas de audiencia arrojó un resultado mayoritariamente crítico a la reforma que impulsa el gobierno nacional. Una de las expositoras fue Marta Maffei, autora de la ley que fue sancionada en 2010 y ahora se quiere modificar quien advirtió, entre otros argumentos, sobre el carácter regresivo del proyecto en materia ambiental.

También participaron referentes del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciiencias Ambientales, que fue el encargado del inventario de glaciares y estableció que en el país hay 16.968 cuerpos de hielo cuya superficie es cercana a los 8.484 kilómetros cuadrados, lo que equivale a 41 veces a la Ciudad de Buenos Aires.

La inmensa mayoría se encuentra en la Cordillera de los Andes y solo 890 en las Islas del Atlántico Sur.

Qué cambia

La reforma de la Ley de Glaciares obtuvo media sanción del Senado Nacional en los últimos días de febrero. Es uno de los proyectos que envió el Poder Ejecutivo para que sea debatido en extraordinarias aunque en ese período logó solo el aval de la Cámara alta.

El eje del proyecto apunta a redefinir el alcance de las áreas protegidas. La legislación actual prohíbe actividades extractivas, como minería o explotación hidrocarburífera, tanto sobre glaciares como en amplias zonas periglaciares, consideradas reservas estratégicas de agua.

El proyecto del oficialismo acota esta tutela a aquellos cuerpos de hielo que cumplan una “función hídrica efectiva” y relevante para la recarga de cuencas hidrográficas.

Además, propone que cada provincia determine qué glaciares protege y en cuáles se pueden habilitar actividades extractivas, como la minería.

Esta última cuestión quedó planteada en la reunión constitutiva de la Comisión de Minería que desde el martes pasado preside Fernanda Ávila (Catamarca).

Allí, Unión por la Patria planteó que la modificación a la ley de Glaciares debería ser girada a esa comisión, teniendo en cuenta que la minería es una de las actividades sobre las que se funda el proyecto.

Los argumentos de la oposición

“Cuando una iniciativa legislativa convoca a decenas de miles de ciudadanos a participar activamente del proceso deliberativo, se configura una situación excepcional que justifica la utilización de mecanismos de democracia semidirecta”, argumentan quienes promueven la consulta popular vinculante.

Se trata de una herramienta que no se utilizó aún en la Argentina y permitiría “que el conjunto del pueblo se pronuncie directamente sobre una decisión que compromete recursos naturales estratégicos y el futuro ambiental del país”.

De las exposiciones que se escucharon durante las dos jornadas de fines de marzo surge claramente que el tema glaciares resulta relevante para las provincias donde se encuentran estas formaciones de hielo. Pero que también inciden en la economía, el ambiente y la población de territorios más alejados.

“Desde el punto de vista jurídico y ambiental, son reservorios naturales de agua dulce que funcionan como reservas estratégicas de recursos hídricos, indispensables para el abastecimiento de agua para el consumo humano, la agricultura, la generación de energía y la preservación de la biodiversidad”, señalan quienes impulsan la figura de la consulta popular.

Además, son “proveedores esenciales de agua para la recarga de cuencas hidrográficas”.

En cuanto al ambiente periglacial, “comprende el conjunto de geoformas y procesos geomorfológicos asociados a las zonas frías de alta montaña que, sin constituir glaciares propiamente dichos, se encuentran influenciados por la presencia de hielo permanente o estacional en el suelo, cumpliendo una función hidrológica esencial, ya que actúan como reservorio y regulador del agua de montaña, reteniendo humedad y liberándola gradualmente hacia las nacientes de ríos y arroyos”.

“El ambiente periglacial se define en las fuentes como el principal regulador hídrico en el actual contexto de cambio climático y escasez de agua. Su preservación es fundamental para evitar el compromiso del acceso al agua en zonas áridas durante las próximas décadas, ya que estas geoformas aseguran el caudal en las nacientes de ríos ubicados en una o más provincias y que luego alimentan a múltiples provincias aguas abajo”.

Esta función fue expuesta de manera concreta por referentes de varias provincias en el marco de las jornadas de audiencia.

“Las decisiones adoptadas en las nacientes de las cuencas pueden tener impactos directos sobre regiones ubicadas aguas abajo. En este sentido, la preservación de los glaciares posee una dimensión federal que trasciende los intereses particulares de cada jurisdicción”, agregan los fundamentos.

La voz de las provincias

La lista de invitados para el plenario de comisiones programada para el martes es un dato clave: en un principio trascendió que serían convocados gobernadores de las provincias donde se desarrolla o hay proyectos vinculados con la minería.

Con el argumento de que una modificación a la ley puede afectar a distritos cuyas cuencas hídricas pueden ser afectadas por un cambio de criterio, un sector de la oposición encabezado por Maximiliano Ferraro (CC) pidió que se escuchen las voces de todas las provincias.

Habrá que ver cuál es el criterio que prima antes de llevar el tema al recinto de sesiones.