Control a fiscales y caso Sain: Somaglia pidió respetar "la legalidad"

El secretario de Justicia, Gabriel Somaglia, dijo que el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre el control legislativo sobre el accionar de los fiscales, así como el amparo concedido por una jueza laboral a Marcelo Sain para que no sea suspendido en sus funciones, son cuestiones que han tenido un alto impacto político e institucional, y que deben afrontarse en primer lugar en el marco del absoluto respeto a la legalidad, y luego mediante el diálogo entre los diversos actores del sistema.

Consultado por El Litoral en su condición de funcionario del área específica, pero también por su reconocido desempeño académico y su vasta trayectoria profesional, Somaglia comenzó estableciendo que estas cuestiones deben ser abordadas "como decisiones judiciales que merecen respeto, más allá de las valoraciones que cada uno pueda tener sobre la figura o el desempeño de las personas involucradas".

"El fallo de la Corte es respetuoso de las garantías constitucionales y de la petición de la provincia. Ha recibido críticas, entre ellas de los fiscales que encabezan el Ministerio Público de la Acusación, pero lo cierto es que trae tranquilidad y seguridad jurídica", valoró Somaglia.

El secretario de Justicia puso de resalto también que en dos de los votos del fallo de la Corte (que fue dividido a la hora de evaluar la constitucionalidad de la facultad legislativa de control y sanción sobre fiscales y defensores) indican que se debe avanzar hacia la conformación de un tribunal mixto, compuesto por representantes de los tres poderes del Estado. "La postura del Poder Ejecutivo en este tema es que se deber respetar la legalidad de la facultad legislativa, porque éso es lo que dispone la ley actual, y así lo consagró el fallo de la Corte, pero que a futuro se debe ir hacia un tribunal mixto, equiparable al de los procesos de enjuiciamiento de magistrados, que tan buenos resultados ha dado en nuestra provincia".

Caso Sain

Por otra parte, y con respeto a la posición del gobierno provincial en el amparo otorgado a Sain por la jueza Paula Calace Vigo (apelado por la Legislatura), recordó que la presentación del ex ministro de Seguridad y actual titular del Organismo de Investigaciones del MPA se apoyaba en tres puntos: a) cuestionar la ley de control legislativo sobre fiscales y defensores (ahora avalada por la Corte), b) cuestionar la ampliación y aplicación retroactiva de ese control a otros funcionarios del MPA y la Defensa (como es el caso del titular del Organismo de Investigaciones) y c) cuestionar que los hechos que motivan el pedido de sanción pertenecen a su desempeño al frente del Ministerio de Seguridad, se encuentran en la órbita de una función política y formaron parte de un pedido de juicio político en la Legislatura que ya fue archivado.

"El gobernador evaluó que el tercer punto podría entrar en colisión con normas internacionales de protección de derechos, e incluso dar lugar a demandas pecuniarias, como sucedió en su momento con el caso Fraticcelli. Por eso, el allanamiento de la provincia al amparo refiere específicamente a ese punto, y el escrito del fiscal de Estado, por instrucción del gobernador, fue muy cuidadoso en precisar eso. Y lo hizo en ejercicio de una facultad constitucional, y en prevención de que podría llegar a violentarse el principio de non bis in idem , en la medida en que hubiese un doble juzgamiento por una misma causa", expuso Somaglia.

Para el funcionario, la actuación del gobierno en este punto no merece cuestionamiento legal, y que incluso tampoco se incurrió en la pretendida contradicción de que en un caso (Spelta) no se haya aceptado la competencia de la Justicia laboral, y en este caso sí se lo haya hecho. "La instrucción fue de un allanamiento sustantivo a la cuestión de fondo, la competencia es una cuestión accesoria. Además, la Corte, en su fallo del martes, había admitido la competencia laboral en el caso Spelta, por lo cual el mismo criterio se aplicaría en este caso".

El jurista puso en cuestión también que el Poder Legislativo esté facultado para presentarse como tal ante un tribunal (como en este caso, a apelar el amparo concedido a Sain): "La Provincia es la única que tiene rango de persona jurídica para ésto, y la administración, por disposición constitucional, la tiene el Poder Ejecutivo. Por eso en los conflictos entre empleados judiciales o legislativos con las autoridades, la controversia se dirige hacia la Provincia (no hacia la Corte o la Legislatura), y es el fiscal de Estado quien asume la defensa", remarcó.

Por todo lo cual, y admitiendo las "emociones encontradas" que pueden suscitar figuras de corte polémico como el ex ministro de Seguridad, Somaglia llamó a "no incurrir en apasionamientos que nos alejen del estado de derecho, y asegurarnos de que todas las acciones se mantengan en ese marco, para no cometer dislates jurídicos".

E hizo notar que la apelación presentada por la Legislatura necesariamente seguirá el tránsito de todo trámite judicial y acabará en la Corte Suprema de Justicia, llevando a la indebida "judicialización de la política".

Competencias

"La vigencia y aplicación de la legislación es un tema institucional, más allá de posicionamientos filosóficos y políticos en los que podamos no estar de acuerdo", insistió, y bregó para que esos encontronazos se diriman por la vía que corresponde, y no afecten el correcto funcionamiento de los poderes del Estado.

"Hay otras cuestiones que demandan nuestra atención y trabajo conjunto, como el tratamiento de la ley de conectividad (postergado la semana pasada en el marco de este conflicto), o de los pliegos para nuevos cargos judiciales que vamos a estar mandando a la Legislatura para su consideración. Más allá de las diferencias de opinión, ésto es lo que tenemos que hacer para que la sociedad reciba las soluciones que espera", concluyó.