La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró hoy la inconstitucionalidad de la modificación del Consejo de la Magistratura y el voto popular de sus miembros, que formaban parte de la reforma judicial impulsada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y aprobada por el Congreso.
En un duro revés para el gobierno, el máximo tribunal resolvió por seis votos a favor y uno en disidencia que la nueva composición del Consejo y la modificación del quórum necesario para designar y destituir magistrados son ‘inaplicables‘ y mantuvo la vigencia del régimen anterior.
El fallo dejó asimismo ‘sin efecto la convocatoria a elecciones para los cargos de consejeros de la Magistratura representantes de los jueces de todas las instancias, de los abogados de la matrícula federal y de otras personas del ámbito académico y científico‘.
Esta votación popular se iba a llevar a cabo de forma simultánea con las elecciones legislativas del próximo 27 de octubre, por lo que la Corte Suprema subrayó que lo resuelto ‘no implica afectación alguna del proceso electoral para los cargos de diputados y senadores nacionales‘.
‘Es inválido obligar a los jueces, abogados y académicos a someterse a elecciones populares‘, sostuvo el máximo tribunal en su fallo.
La oposición saludó el fallo y lo consideró ‘un triunfo de la democracia‘, mientras que el gobierno hizo un duro cuestionamiento, aunque aseguró que lo respetará, según aseveró el ministro de Justicia, Julio Alak.
‘No es una derrota‘, afirmó Alak, quien sin embargo advirtió que la resolución ‘desconoce la voluntad popular‘.
La decisión de la Corte Suprema en contra de la votación popular de los miembros del Consejo de la Magistratura ‘es una afrenta al pueblo argentino‘, afirmó en tanto el jefe del Gabinete, Juan Manuel Abal Medina.
‘Consideramos que los argumentos que se han esgrimido en contra de la democratización de la justicia son débiles, no sólo desde el punto de vista técnico sino que son absolutamente peligrosos desde el punto de vista político, porque lesionan los principios y valores fundamentales de la democracia‘, aseguró Abal Medina a la agencia estatal Télam.
‘Quienes así no lo entienden, indiscutiblemente, le tienen temor al voto de la gente, a la expresión del pueblo. Le temen, en definitiva, al ejercicio de la soberanía popular‘, subrayó.
En una resolución de 67 páginas, la Corte convalidó el fallo de la jueza federal María Servini de Cubría y declaró inconstitucionales los artículos 2, 4, 18 y 30 de la ley 26.855. El caso llegó al máximo tribunal a través del recurso del ‘per saltum‘, que permite acceder directamente a la Corte Suprema obviando instancias intermedias.
En estos artículos, la reforma judicial kirchnerista establecía la ampliación de 13 a 19 del número de integrantes del Consejo de la Magistratura, de los cuales 12 debían ser elegidos por voto popular mientras que antes jueces, abogados y académicos eran elegidos por sus respectivas entidades.
Por otra parte, modificaba la mayoría de votos necesaria para designar y destituir jueces, que pasaba de los originales dos tercios a la mayoría simple, la mitad más uno de los miembros.
Pocas horas antes de que se conociera hoy la decisión del supremo tribunal, Fernández de Kirchner volvió a cargar contra la Justicia, al criticar en la red social Twitter un fallo a favor de la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la empresa Ogden, que según la mandataria pertenece al empresario y diputado peronista disidente Francisco de Narvaez. “¿Se dan cuenta de qué hablamos, cuando hablamos de Democratización de la Justicia?‘, sostuvo la jefa de Estado.
El jefe de Gabinete advirtió por su parte que ‘las elites corporativas se esfuerzan por mantener su poder, aun a costa de lesionar las instituciones democráticas‘.
DPA
También dejó sin efecto la convocatoria a elecciones de consejeros
La Corte Suprema declaró inconstitucional la reforma del Consejo de la Magistratura
El máximo tribunal de justicia de la Nación declaró que las modificaciones en relación al quórum del Consejo y a la composición de las comisiones son “inaplicables” y mantuvo la vigencia del régimen anterior.
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