La diputada provincial, Betina Florito, representante de Miguel Pichetto en Santa Fe, consideró que el acuerdo por la deuda entre Nación y Provincia debe contemplar como prioridad el pago a municipios y comunas y que ese dinero debe ser de libre disponibilidad atento a la situación de fragilidad financiera que atraviesan. Además estimó que “(el acuerdo) debió haber sido consensuado entre todos los poderes del Estado y los distintos niveles de Gobierno”.
Betina Florito
Deuda Nación -Provincia: “los fondos deben ser de libre disponibilidad para municipios y comunas”
La presidenta del bloque Encuentro Republicano Federal aseguró que “eso era indispensable a fin de lograr el apoyo necesario para la resolución de ese tema de enorme trascendencia en la vida institucional de nuestra Provincia”. Florito participó de una reunión en la ciudad de Rosario junto a otros legisladores provinciales y nacionales, Foros de Intendentes y Presidentes Comunales, autoridades partidarias y representantes parlamentarios de distintas fuerzas de la oposición al gobierno de Omar Perotti. Estuvieron presentes representantes de la UCR, PS, PRO, PDP, GEN, CREO y UNO.
“Desde Encuentro Republicano Federal estamos convencidos que esta convocatoria, esta unión de la oposición, era necesaria para que los ciudadanos entiendan que lo que estamos haciendo es defender justamente sus intereses y sobre todo los recursos de los municipios y comunas”.
El corolario del encuentro fue un documento firmado por todos los presentes adonde fijaron clara posición: “Rechazamos en forma contundente la decisión unilateral del Gobierno Provincial de acordar la detracción del 1.9% de la Coparticipación Federal en favor de la AFIP, a pesar de un fallo que determina que no debe realizarse dicho aporte, lo cual genera una pérdida de ingresos a la Provincia de $ 8.000 millones por año (que irán aumentando año a año), de los cuales $ 1.080 millones corresponden a los Gobiernos Locales.
De los acuerdos firmados por el Gobernador Perotti queda claro que ha sido la condición que impuso el Gobierno Nacional para poder acordar el pago de su deuda por las sentencias de la Corte Suprema”.
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