Dictamen para remover a un fiscal de Venado Tuerto

Mediante un dictamen que no tuvo oposición, la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa recomendará por unanimidad a la Legislatura la remoción del fiscal Mauro Blanco, de Venado Tuerto, que ya había sido suspendido, por seis meses, el 22 de octubre del año pasado.

Ahora ese plazo se extingue y es necesario que se expida nuevamente el Poder Legislativo. Además, los avances del caso en Tribunales dejaron –aún a los legisladores que tenían algunas dudas el año pasado- en una posición en la que resulta difícil consentir el comportamiento de ese integrante del Ministerio Público de la Acusación.

El dictamen de Acuerdos dice sucintamente que recomienda a los diputados y senadores remover al fiscal Blanco, pero –durante la reunión de Acuerdos de este miércoles 21 de abril- hubo distintas argumentaciones (que llevaron un debate de más de tres horas) frente al caso que, según la información disponible al cierre de esta edición, no parecían suficientes para que hubiera un dictamen de minoría que contemple alguna sanción menos dura. Por ejemplo, extender la suspensión pero por tiempo indeterminado hasta que haya un fallo judicial.

Cabe recordar que tanto hace medio año, como ahora, el senador Joaquín Gramajo, que actual como miembro acusador, recomendó la medida más dura para el fiscal. Y que en octubre pasado, sin embargo, hubo unanimidad para dejar que la justicia avance ante la posibilidad de que una votación dividida deje al Legislativo ante el abismo de no imponer ninguna sanción (la sesión conjunta obliga a tomar cualquier decisión con una mayoría especial en cada una de las dos Cámaras).

Ahora el panorama es distinto, ya que con los delitos que el juez autorizó a profundizar la investigación hay suficientes elementos como para pensar en una sanción como la que generaba dudas especialmente en el radicalismo.

Antecedentes

Enriquecimiento ilícito, cohecho pasivo agravado en un caso de estafas, incumplimiento de los deberes de funcionario público y revelación de información secreta, son los graves delitos que el juez de Primera Instancia, Adrián Godoy, aceptó para continuar la investigación a cargo del fiscal Leandro Mai, de la ciudad de Reconquista.

El magistrado encontró elementos suficientes en solo esos cuatro presuntos delitos sobre los nueve de los que lo acusó Mai.

El juez también estuvo de acuerdo con el fiscal del norte en que se trabarle una inhibición sobre algunos de los bienes de su par del sur.

La Fiscalía había solicitado prisión preventiva ordinaria entendiendo que las acusaciones permiten proyectar una pena superior a los ocho años en caso de existir condena y que hay riesgo de entorpecimiento en la causa y riesgo de fuga por contar con dinero suficiente para irse del país. Además pidió una inhibición general de sus bienes.

El juez decidió la prisión domiciliaria porque entendió que no peligra la causa y porque contempló la situación familiar del fiscal bajo proceso, ya que recientemente Blanco ha enviudado y tiene cuatro hijos, dos de ellos muy chicos.

Los defensores de Blanco, en tanto, habían solicitado la libertad de Blanco (que aceptó defenderse en el estrado), y que no se le inhiban esos bienes. Los abogados Rafaela Florid y Gustavo Feldman plantearon la nulidad del allanamiento en el que se detuvo al fiscal de Venado Tuerto el viernes, porque según su versión parte del material secuestrado no estaba relacionado con la acusación.

Es interesante advertir que este último aspecto, desde el punto de vista de los legisladores se torna irrelevante. En efecto, puede que pruebas obtenidas en un allanamiento que tenía otras justificaciones no puedan usarse en los tribunales judiciales, pero indudablemente tendrán otro peso para los senadores y los diputados, que llevan a cabo un juicio de características políticas. Dicen si debe o no seguir siendo fiscal alguien que está salpicado por esas investigaciones en curso, así como respecto de los vínculos confusos que ha tenido con un narcotraficante de esa ciudad del sur.