El costo del proyecto está definido y el rechazo del gobierno también: la balanza sobre la ley de Emergencia en Discapacidad se terminará de inclinar este miércoles desde las 12 en Diputados con sesión especial y otra protesta en las calles.
Ante la barrera del déficit cero
Diputados: 0,42% del PBI costaría la Emergencia en Discapacidad que se debatirá este miércoles
Un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso estimó el impacto que tendrá el proyecto impulsado por la oposición. El gobierno anticipó que vetará la norma si es sancionada, al igual que con los aumentos a jubilados. Se espera otra fuerte movilización en las calles y la puesta en marcha del protocolo de seguridad
Bloques opositores buscarán aprobar en el recinto de la Cámara baja la norma que declara la emergencia en discapacidad hasta 2027 e introduce nuevos criterios de acceso a pensiones no contributivas, actualización de aranceles y compensación extraordinaria para prestadores, entre otras medidas con implicancia presupuestaria. El oficialismo ya ratificó su rechazo de plano.
El cálculo de la OPC
La Oficina de Presupuesto del Congreso calculó que la aprobación del proyecto podría implicar un incremento de entre 493.000 y 946.000 nuevos beneficiarios, lo que se traduciría en un impacto fiscal que oscila entre el 0,22% y el 0,42% del Producto Bruto Interno.
El informe evaluó el posible efecto de las medidas contenidas en el texto consensuado por la oposición. Según el organismo, el refuerzo en la cobertura social demandaría recursos por entre $1,8 billones y $3,6 billones, de acuerdo a los escenarios proyectados.
En el apartado metodológico, el informe explicó que las proyecciones se realizaron utilizando escenarios alternativos de demanda: uno base, con parámetros de crecimiento moderado, y otro ampliado, que prevé una respuesta más masiva en los primeros años de vigencia de la ley. Este segundo escenario es el que se asocia con el impacto más alto, equivalente al 0,42% del Producto Bruto.
En el desglose de ítems, uno de los más controvertidos es la actualización retroactiva de los aranceles del sistema de prestaciones básicas, que arrastran un congelamiento desde diciembre de 2023. Esto implicaría un 0,03% del PBI, sin contemplar la actualización de aranceles, también prevista en la ley, por falta de parámetros para medir el impacto en el Fondo Solidario de Redistribución que administra la Superintendencia de Salud con transferencias directas del Tesoro Nacional.
El documento también considera que entre 187.000 y 376.000 de los nuevos beneficiarios requerirían cobertura exclusiva del Programa Incluir Salud como cobertura médica exclusiva. Sin embargo, aclara que no realizó estimaciones monetarias completas debido a la variabilidad del patrón de uso de servicios y la superposición con las prestaciones del sistema público de salud.
Otro punto del proyecto es la restauración del estímulo económico para trabajadores con discapacidad en talleres protegidos de producción, equivalente al 40% del Salario Mínimo Vital y Móvil. La OPC calculó un costo marginal en términos fiscales: representaría un gasto anual de $7.160 millones, lo que equivale al 0,0008% del PBI.
Iniciativas de emergencia
La iniciativa con dictamen de mayoría es impulsada por Daniel Arroyo (Unión por la Patria) y plantea declarar la emergencia nacional en la materia hasta el 31 de diciembre de 2027. El proyecto en tres ejes centrales: la necesidad de actualizar prestaciones, ampliar el acceso a pensiones no contributivas y eliminar prácticas de maltrato institucional.
El exministro de Desarrollo Social reconoció que la situación es crítica desde hace tiempo, pero resaltó que "ha empeorado porque no hubo ningún aumento para las prestaciones".
Asimismo, se destacaron aportes de otros bloques como "la incompatibilidad entre jubilación y pensión por discapacidad, la sostenibilidad de la seguridad social y la incorporación de criterios de equidad para garantizar que quienes realmente lo necesitan puedan acceder a los beneficios del sistema”.
También hay tres dictámenes de minoría. Uno de ellos es impulsado por el PRO con la diferencia que plantea que la actualización del nomenclador y prestaciones sea en base al índice de precios al consumidor. Otro emite discrepancias en cuanto a la extensión de la emergencia.
Veto anticipado
Por su parte, el Gobierno ya dejó en claro su respuesta. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ratificó este lunes que tanto este proyecto como el de aumento a jubilaciones serán vetados si logran aprobarse. "No hay recursos", fue el argumento central del ministro coordinador.
La negativa abarca también a los recursos destinados al sistema previsional, en base a las iniciativas de aumento a jubilaciones y extensión de la moratoria que también buscarán tratarse este miércoles.
“No es prever incrementos de partidas solamente, sino de dónde salen los recursos. Por más que pretendan poner un aumento de partidas, si no están los recursos de ninguna manera va a poder aprobarse leyes con esas características; y si se lo hace, el Ejecutivo obviamente la va a vetar”, dijo el ministro coordinador en declaraciones radiales.
La postura fue reforzada por Martín Menem, presidente de la Cámara baja, quien acusó a la oposición de impulsar iniciativas con alto impacto fiscal. “Se esconden una vez más detrás de causas nobles con el solo fin de intentar romper el equilibrio fiscal que tanto nos costó conseguir”, señaló en sus redes sociales.
Como antecedente, cabe recordar que el presidente Javier Milei ya recurrió al veto en 2024 ante leyes similares. En septiembre, la oposición no logró los dos tercios necesarios para ratificar una reforma previsional vetada por el Ejecutivo. Con ese antecedente, el oficialismo confía en que podrá frenar cualquier avance parlamentario.
Protocolo en marcha
La sesión del miércoles tendrá una réplica en la calle. Jubilados, familiares y trabajadores de discapacidad, docentes y estudiantes universitarios, científicos y agrupaciones sociales anunciaron una nueva movilización al Congreso.
En lo que respecta a los reclamos por la ley de Discapacidad, durante la semana hubo grandes marchas en distintos puntos del país. La ciudad de Santa Fe tuvo una réplica del reclamo con una marcha desde el Molino Marconetti hasta el Puente Colgante.
Ante este escenario, el Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich activó el protocolo antipiquetes y anticipó un fuerte despliegue de fuerzas federales. El operativo es parte de la estrategia semanal con la que el gobierno nacional busca disuadir las protestas masivas que se concentran los miércoles frente al Congreso.
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